La última legislatura para la paz

El tiempo se acaba y el gobierno de Juan Manuel Santos tiene tan solo un año para finalizar la implementación del acuerdo de paz. Todavía faltan puntos considerados ejes del mismo, como la Jurisdicción Especial para la Paz, la cuestión agraria y la participación política. Por eso el ministro del Interior, Guillermo Rivera, anunció el 20 de julio que la prioridad del Ejecutivo es sacar adelante estos proyectos.

A las iniciativas de ley en curso, como el acto legislativo que crea las 16 circunscripciones de paz y el sistema de adecuación de tierras, el gobierno sumará por lo menos siete proyectos más. Los más importantes son la Jurisdicción Especial para la Paz, que radicará la próxima semana, y la reforma política. Después de ellos presentarán los que buscan establecer las garantías de participación ciudadana, la ley de tierras, la reforma del catastro rural y el régimen penal diferenciado para cultivadores con pequeñas extensiones de cultivos ilícitos.

En otros temas, el gobierno presentará tres iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Una buscará mejorar la identificación de los contratistas del Estado; otra, duplicar el término de la prescripción por delitos de corrupción de servidores públicos; y una tercera, dotar de funciones de Policía Judicial a las superintendencias.

El gobierno no la tiene fácil. A las fisuras de la Unidad Nacional representadas en las divisiones del Partido de la U y en la incertidumbre del apoyo de Cambio Radical al gobierno, se suma la arremetida que hará el Centro Democrático para reversar las leyes aprobadas en la legislatura pasada en relación con el acuerdo de paz. De las nueve iniciativas que radicó la derecha el pasado 20 de julio, cinco buscan minar los pactos con las Farc. Entre ellas están la que busca derogar el decreto de ley de tierras y las que pretenden acabar con la Unidad Delegada para el Posconflicto de la Contraloría y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para el Desmantelamiento de las Organizaciones y Conductas Criminales.