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¿Otro ‘volteo’?

Un municipio de Cundinamarca sufre racionamiento de agua y al parecer dejó de recibir más de 11 mil millones de pesos a causa del llamado “volteo de tierras”. Un año después de varias denuncias relacionadas al tema, el problema no se soluciona.

22 de septiembre de 2018

Las denuncias de corrupción a raíz de cambios en el uso del suelo en Cundinamarca, hechas por el exsenador Carlos Fernando Galán, volvieron a cobrar vida. Álvaro Moscoso, concejal verde de Tabio, denunció anomalías en un predio en el que además del cambio irregular, hubo cobros mínimos del impuesto de la plusvalía.

Hace un año Galán había advertido que el exalcalde de Tabio, Óscar Eduardo Rodríguez Lozano, amparado por la ley 1537 de 2012, radicó en 2013 en el Concejo Municipal un Proyecto de Acuerdo para incorporar al perímetro urbano un lote rural de 81 hectáreas, con el propósito de construir vivienda de interés social y prioritario.

Surtido el debate, el Concejo de Tabio decidió no aprobar el cambio de uso de ese lote de rural a urbano, argumentando ausencia de estudios técnicos; que el predio colindaba con áreas de protección ambiental; que carencia disponibilidad inmediata de acueducto y alcantarillado; que había dudas  en el Certificado de Tradición y Libertad; y que , en últimas, la incorporación del terreno carencia de una justificación técnica.

Debido a que el proyecto no fue aprobado por el cabildo, el ex alcalde expidió la modificación del POT por Decreto, obligando al privado a donar el 20 por ciento del predio para construir vivienda de interés social. Según él la justificación para expedir el decreto fue un estudio posterior al debate en el Concejo, realizado por Cideter - firma consultora contratada por el municipio-  que avalaba el cambio del uso del suelo.

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Si bien la ley 1537 en la que se basó el entonces alcalde permite hacer modificaciones “expres” a los POT , esas modificaciones están condicionadas, entre otras cosas, a que el terreno tenga disponibilidad inmediata de servicios públicos. En el caso del predio ‘San Judas de Tilauta’, el acueducto había sido explícito en que la viabilidad del servicio no iba a ser inmediata

Sin embargo, en este momento el predio sí cuenta con el servicio de acueducto pues cuarenta días después de negada la licencia de construcción por falta de viabilidad en el servicio de forma inmediata se emitió una resolución donde aseguraban que el servicio de agua iba a estar disponible inmediatamente.

Sin embargo, habitantes del municipio aseguran que ese crecimiento demográfico, no contemplado en el POT inicial de Tabio, le ha quitado agua al resto del pueblo. El ex alcalde niega estas afirmaciones argumentando que las personas que viven en ‘Villa Olga’, la parte del predio que está habitada, se mudaron de otro sector de Tabio, por lo cual “no se aumenta la demanda de agua, simplemente se traslada”.

Pero lo más grave de todo es lo que encontró el concejal Álvaro Moscoso recientemente. Se trata de la inconsistencia en los avalúos de ese predio que terminaron afectando el cobro de la plusvalía (o impuesto que se paga por cambio de uso del suelo) y cuyos ingresos van al municipio.

La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa (EIC) hizo el primero en marzo de 2014, sobre la propiedad como zona rural, que dio como resultado la suma de 94.935 pesos el metro cuadrado. Pero cuando pasó a zona urbana quedó en 113.998 pesos. Es decir, el cambio de rural a urbano solo aumentó 19.053 pesos el valor del predio por metro cuadrado. La Alcaldía tuvo en cuenta este avalúo para cobrar una plusvalía de 381.159.075 pesos.

Nueve meses después, la Alcaldía ordenó otro avalúo con otra empresa. Este estudio arrojó que el metro cuadrado, al pasar a zona urbana, costaba 700.000 pesos; es decir, 586.012 pesos más que el primer avalúo. Esto significa que si hubieran calculado la plusvalía con base en este estudio, probablemente el impuesto por el cambio de uso del suelo habría sido de más de 11 mil millones de pesos. 600 veces más de lo cobrado.

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Por último, el nuevo alcalde de Tabio, Rubén Darío Acero, le dijo a SEMANA que no se ha ocupado del tema porque su política de gobierno no es la de “revisar lo de la administración anterior si no la de hacer lo que se necesita en el momento ” . Desconociendo así que once mil millones de pesos representarían una ayuda inmensa para el mejoramiento del municipio. Varios miembros del Concejo aseguran que Acero se está haciendo el de la “vista gorda” por cuenta de que su antecesor, Óscar Rodríguez, trabaja en la gobernación y es muy cercano a Jorge Rey.