Venezuela amordazada

El gobierno de Hugo Chávez dio un paso más en su campaña contra la libertad de prensa en Venezuela. En una decisión que causó estupor, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, presentó el jueves un proyecto de ley que permitirá castigar con penas de entre seis meses y cuatro años a quienes divulguen por los medios de comunicación “noticias falsas”, que alteren “la tranquilidad pública”, o informaciones que “generen sensación de impunidad o de inseguridad, o que puedan amenazar “la estabilidad de las instituciones del Estado”, o “la paz social, la seguridad e independencia de la nación, la salud mental o moral pública”. Para los numerosos críticos que surgieron de inmediato dentro y fuera de las fronteras del país, una norma de esa naturaleza sería el puntillazo final para los medios independientes, que vienen siendo objeto de un cerco político y legal enfocado, sobre todo, contra 285 emisoras de radio y televisión. Y no sólo se trata de silenciar a los periodistas, puesto que la norma podría ser aplicada a “cualquier persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza”, como dice el artículo séptimo del proyecto. Venezuela estaría en camino de convertirse en una sociedad amordazada en la que la democracia quedará reducida a ser el recuerdo de mejores días.