"No somos una sociedad decente"

JORGE OTÁLORA: El país siempre ha estado acostumbrado a ver hacinamiento. Pero en 2010, con la Ley de Seguridad Ciudadana, el problema se agravó. Hasta hoy los jueces han clausurado 14 cárceles y desde entonces miles de reclusos están en lugares de paso. Así se violan los derechos humanos. Cuando a una persona se le priva de la libertad, única y exclusivamente se le priva de su derecho de locomoción.

J. O.: En la mala planeación legislativa y el fracaso del Estado. Se suele señalar al Inpec, pero la responsabilidad está en la forma improvisada y desarticulada con que el Estado se enfrenta al tema. Aquí se crean nuevos tipos penales y se incrementan penas, pero nadie se informa sobre la realidad carcelaria.

J. O.: Sí. La Constitución le da al presidente la posibilidad de tomar medidas extremas. Y eso es lo que necesitamos. Una sociedad justa y decente  debe medirse desde las cárceles y desde el respeto del Estado hacia esos ciudadanos. Nosotros no somos una sociedad decente.

J. O.: Una reforma al sistema penitenciario, como la plantea la ministra de Justicia, no soluciona nada. Tenemos 42.000 personas hacinadas. Una reforma solo reduciría el número a 35.000. Una emergencia social, en cambio, permitiría adoptar decretos y leyes y nombrar jueces de ejecución de penas para descongestionar y construir nuevas cárceles.

J. O.: También hay que excarcelar a quienes están procesados o condenados por delitos de bajo impacto como el tráfico de moneda falsa, el abuso de confianza calificado y los hurtos pequeños. Y se debe crear una figura de castigo que no sea necesariamente la cárcel.  Yo me pregunto: ¿Cuánto tiempo más deben esperar los reclusos?

J. O.: Ellos tienen disciplina y paciencia, y eso contribuye a que el problema no se empeore aún más. Están tan organizados que incluso tienen su propio líder de derechos humanos.