Al tablero

El mundo entero tiene los ojos puestos en la educación superior. El BID en 1997 y el Banco Mundial en 2000 publicaron informes sobre el tema. Los gobiernos, el mundo empresarial y la sociedad en su conjunto perciben hoy que la formación de recursos humanos de alto nivel y la producción de conocimiento relevante para el desarrollo, ambas funciones tradicionales de la educación superior, deben convertirse en prioridad de la agenda pública.

Simultáneamente, la universidad experimenta profundos cambios. Un intenso proceso de expansión y masificación, la incorporación de nuevas tecnologías, la necesaria internacionalización de sus tareas, los dilemas financieros, los procesos de modernización curricular y la aparición de nuevos sistemas de evaluación y acreditación parecen ser los temas más comunes.

Colombia no ha sido ajena a este panorama. Sin embargo, luego de distintas comisiones conformadas por los últimos gobiernos para fortalecer la educación superior y orientar sus posibles reformas, el resultado no ha sido del todo alentador. El Icfes se dispone a publicar el documento final de la llamada Movilización Social por la Educación Superior, desarrollada desde 1999, en cuya inauguración el presidente Pastrana señaló que se trataba de hacer una “cirugía a la educación superior”. Cirugía que deberá ser altamente especializada y compleja, teniendo en cuenta la magnitud de los actuales dilemas. Veamos algunos de ellos:

Cobertura: la cobertura en Colombia es relativamente baja en comparación con otros países de la región. Según el Icfes hay en total 878.428 estudiantes matriculados en el sistema. Esto significa que sólo el 16,1 por ciento de los colombianos en edad de ingresar a la educación superior efectivamente acceden a ella. Uruguay y Chile se acercan hoy al 30 por ciento, Argentina al 35 por ciento y México está en el 18 por ciento.

Sin embargo una gran explosión de programas se ha hecho evidente. Hoy se ofrecen más de 8.000 programas académicos de pregrado y posgrado. Dicha proliferación, resultado de la mala interpretación de la autonomía universitaria reconocida por la ley, refleja desafortunadamente un fenómeno mercantil de puja entre las instituciones para apropiarse del mercado. El proceso de creación de nuevos programas académicos no ha estado conectado con las necesidades sociales y no parece responder a las urgencias del desarrollo. Aunque la prioridad del sistema es la calidad, no es menos cierto que la baja cobertura es el caldo de cultivo para la aparición de programas y universidades “de garaje”, para usar la expresión que ha hecho carrera en el medio.

Autonomía, calidad y acreditación: la universidad, como institución comprometida con el conocimiento, requiere la autonomía para cumplir con su misión. Sin embargo la autonomía con responsabilidad necesita rendición social de cuentas. Se hace necesaria entonces la evaluación de los recursos, procesos y productos de la universidad. El Sistema Nacional de Acreditación, cuyo propósito central es el fomento y el reconocimiento de altos niveles de calidad en la educación superior, está trabajando en esta dirección. Desde la creación del Consejo Nacional de Acreditación, en 1995, se produjo un modelo para la evaluación, se estableció la metodología y se han acreditado voluntariamente cerca de 70 programas de 20 instituciones en todo el país.

De todo esto quedará algo bueno: la sociedad se está ilustrando sobre los niveles de calidad de la educación superior. Esto dará credibilidad al sistema y permitirá al público tener suficientes herramientas para su ingreso y participación en el mundo universitario.

Inspección y vigilancia: en estos momentos el Icfes ejerce inspección sobre los aspectos documentales del registro de programas pero no parece tener herramientas para la vigilancia de lo sustantivo. La principal razón de esta situación es la carencia de requisitos básicos para la creación y funcionamiento de programas. El Ministerio de Educación Nacional ha anunciado la pronta promulgación de dichos requisitos para las áreas de salud e ingenierías, siguiendo la experiencia que se tuvo con los programas de educación.

Investigación: la inversión del gobierno central colombiano en ciencia y tecnología ha venido disminuyendo dramáticamente. Hoy dicha inversión es sólo del 0,14 por ciento del PIB, muy por debajo de otros países de la región como México (0,31 por ciento) y de los países desarrollados (por encima del 2 por ciento). Está situación afecta directamente a los grupos de investigación de las universidades para financiar proyectos y procesos de innovación tecnológica. A esto se agrega que solamente el 3 por ciento de los docentes en el país tienen título de doctor o PhD, requisito para la investigación de alto nivel.

Financiamiento: es nefasta la ausencia de un sólido sistema de crédito educativo para la educación superior. Los esfuerzos del Icetex son francamente insuficientes frente al gran número de colombianos talentosos que se quedan por fuera de las aulas por razones económicas. Por otro lado, el modelo de financiación de la universidad pública ha persistido en subsidiar la oferta sin evaluación de resultados. Se requiere encontrar un sistema que promueva la eficiencia en la gestión de universidades públicas y privadas e introduzca criterios de equidad, estimulando el mejoramiento de la calidad.

Por último, es importante anotar el papel de una universidad fortalecida en la formación integral de personas capacitadas para enfrentar los conflictos sociales. Tal vez debemos recordar que los primeros en inventar algo parecido a lo que hoy llamamos educación superior fueron los sofistas, quienes hace 25 siglos educaban para formar ciudadanos que supieran argumentar. El cumplimiento de este propósito hoy, en medio del terrible conflicto que nos agobia, debería ser suficiente para que el país se decida a invertir y fortalecer la universidad colombiana. Si no es así nuestro futuro seguirá embolatado.



* CNA, Consejo Nacional de Acreditación