AQUI, ENTRE NOS

Zapatero a tus zapatos, le dijeron al Estado en más de 80 países en la década pasada. Aburridos con el ineficiente desempeño del aparato estatal, convencidos de que el mercado es más racional que la burocracia y cansados de lidiar con sus déficit fiscales, empezaron a devolverle al sector privado la mayor parte de las actividades productivas que se habían oficializado en los años del auge del "Estado benefactor".
En 1988 se vendieron empresas estatales en todo el mundo, por un valor superior a los 92 mil millones de dólares. Y se espera que dicha cifra se multiplique durante los próximos años, cuando se concreten muchos procesos que se encuentran actualmente en etapa de planificación.
Es un fenómeno que tiene cobertura mundial y que supera las diferencias de regímenes políticos. Países con un capitalismo conservador como Inglaterra y Estados Unidos, fueron pioneros en ese tipo de transacciones. Pero no menos dinámicos en la venta de empresas estatales han sido países como España o Francia, manejados desde hace muchos años por gobiernos de corte socialista. Procesos similares, además, se han vivido en Italia, Suecia, Austria, Holanda y Finlandia.
En los últimos años, el péndulo de las privatizaciones se ha desplazado hacia los países subdesarrollados. Si bien Chile y Turquía llevan ya varios años tratando de colocar en manos privadas sus empresas estatales (y en países como Argentina y Brasil existían ya legislaciones al respecto) es sólo a los finales de los ochenta que la privatización aparece como una opción de crecimiento para una generalidad de países del Tercer Mundo, en particular para los de América Latina.
Incapaces de pagar su deuda externa y con un problema fiscal de magnitudes inmanejables,los grandes prestamistas latinoamericanos fueron engrosando lentamente la fila de los países decididos a reducir el tamaño de sus estados.
En el caso de Chile la decisión no fue ninguna sorpresa. Desde que asumió el poder se conocía la posición de Augusto Pinochet en materia de intervención estatal. Y su decisión inquebrantable de privatizarlo todo, desde las minas de cobre hasta la más pequeña industria manufacturera.
En otros países, en cambio, el asunto no era tan claro. Movimientos políticos como el PRI, en México, y el justicialismo peronista, en Argentina, que habían sido los principales abanderados de la estatización en la época de los gobiernos populistas, se convirtieron de un momento a otro en los más fanáticos partidarios de la privatización.
En México, el presidente Salinas de Gortari, con un fuerte respaldo de los organismos internacionales, ha pisado el acelerador de las ventas estatales, tratando de alcanzar la meta planteada por su antecesor, Miguel de La Madrid, de colocar en manos privadas cerca de 250 entidades oficiales.
En Argentina, Carlos Menem ha prometido privatizar todas aquellas empresas que representan pérdidas para el Estado, que son la mayoría. Las 115 entidades estatales, que emplean aproximadamente 2.5 millones de personas, equivalentes al 22 % de la fuerza de trabajo, han perdido, desde 1983, cerca de 13.000 millones de dólares.
En Brasil el enfoque ha sido selectivo. El gobierno ha sacado al mercado unas cuantas empresas estatales (entre ellas las más grandes, como Petrobrás y Valle Rio Doce). Pero el proceso ha sido lento. Con la elección a la Presidencia del conservador Fernando Collor de Mello, es de esperar, sin embargo, que este se acentúe.
En Venezuela se han dado también algunos pasos, con la privatización de entidades como Corpomercadeo, agencia encargada de administrar la política de alimentos, y la Corporación Venezolana de Fomento, un enorme conglomerado que reúne gran variedad de industrias.
Cada país ha utilizado una estrategia diferente, dependiendo de sus condiciones y posibilidades. En unos las ventas han sido directas a inversionistas nacionales o extranjeros. Otros han utilizado el mercado de valores. Otros, finalmente, han experimentado nuevas modalidades, como la conversión de deuda en capital (mediante los llamados Swaps).
Países como Inglaterra y Chile (sobre todo en los últimos años) han aprovechado las privatizaciones para democratizar la propiedad de las empresas, bajo el esquema del llamado "capitalismo popular". Otros no han hecho más que trasladar el monopolio del Estado a grupos particulares.
En general, los resultados están por verse. En algunos casos los programas están bastante avanzados. En otros apenas están comenzando. Lo cierto es que la mayoría de los países del área parecen estar convencidos de las bondades de la privatización. Y que su desarrollo en los noventa será incontenible.

APENAS ARRANCANDO
A grandes males, grandes remedios, han dicho la mayoría de los países latinoamericanos asfixiadoS por el monto de su deuda externa.Y han tenido que tragarse píldoras amargas, para tratar de salir de sus problemas.
Como en Colombia la enfermedad no parece tan grave, o al menos es menor la fiebre del paciente, muchos de sus males se siguen tratando con una simple aspirina, y de manera bastante temerosa.Tal es el caso de la privatización. El consenso sobre su conveniencia es cada vez mayor, pero pocos se atreven a impulsarla abiertamente.
El descontento con el desempeño de muchas empresas estatales ha sido total, sin embargo, que organismos como el Instituto de Fomento Industria] han tenido que dar los primeros pasos en esa dirección. Con la anuencia del Consejo Nacional de Politica Económica y Social, otorgada en julio de 1988, el IFI decidió poner en venta varias de sus empresas.
Los casos mas sonados fueron los de Sofasa y Papelcol. La primera, vendida a la parte francesa, y la segunda subastada sin éxito en el mercado internacional y entregada finalmente a otra firma papelera nacional.
Pero el objetivo del IFI es desprenderse de su participación en un grupo de 24 empresas. Además de las mencionadas, en la actualidad el Instituto gestiona la venta de por lo menos otra docena de entidades, con la colaboración de la banca internacional y de las llamadas " boutiques" financieras que han ido apareciendo en el país en los últimos años.
Desafortunadamente, la privatización de las empresas del IFI no ha ido acompañada de su democratización. En casi todos los casos lo que se ha hecho es fortalecer monopolios privados, tanto o más ineficientes que el Estado en la prestación del correspondiente servicio.
A finales del año pasado, por otra parte, se aprobó un proyecto de ley que estimula la inversión extranjera en el sistema financiero nacional y facilita la reprivatización de los bancos nacionalizados con anterioridad. En este caso, sin embargo, tampoco existe un esquema claro que justifique la conveniencia del retorno de los bancos al sector privado.
En Bogotá, finalmente, se privatizó en forma parcial el servicio de recolección de basuras, en un experimento que, de arrojar buenos resultados, puede sentar un precedente importante para el resto de ciudades del país.
El proceso; sin embargo, ha sido excesivamente lento. Pero como la moda no incomoda y Colombia suele llegar un poquito tarde a las corrientes económicas que sacuden al continente, es muy posible que la década del noventa sea la del despegue definitivo de las privatizaciones.