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| 9/5/1994 12:00:00 AM

BOGOTA

BOGOTA, Edición 640, Sección Especiales, 23421 BOGOTA


EL ESTATUTO ORGANICO
Por fin el Distrito Capital cuenta con un decreto ley que le devolvió la gobernabilidad que había perdido.

EL ESTATUTO ORgánico de Bogotá rescató a la ciudad del limbo jurídico en el que estuvo extraviada durante varias décadas y le devolvió a la pujunte y casi desmesurada capital de la República la gobernabilidad que había perdido. Ahora su administración puede ser más eficiente y ágil. También ha ganado mucho el proceso de descentralizacion en curso.

Así se ha comprobado a lo largo del primer año de vigencia del Estatuto, que fue expedido por el gobierno nacional el 21 de julio de 1993, mediante el decreto-ley 1421. Lo expidió el gobierno porque el Congreso de la República no lo tramitó dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que era el plazo que ella misma le había fijado en el artículo transitorio número 41.

En realidad el Congreso prácticamente no ha dictado norma alguna en relación con Bogotá en los últimos 50 años. Por eso la ciudad vivía en un extraño limbo institucional y se manejaba con normas anacrónicas que nada tenían que ver con su realidad política, económica y social.

Y aunque el Estatuto Orgànico de Bogotá no es perfecto ni aporta soluciones mágicas ni inmediatas a los múltiples problemas del Distrito Capital, sin duda le ha permitido a la ciudad atender de mejor manera sus necesidades actuales y le ha dado bases ciertas para el futuro.

En concepto del alcalde mayor de Santafé de Bogotá, Jaime Castro, quien fue el promotor del Estatuto, ese cuerpo normativo tiene cinco caracterìsticas fundamentales: redefinió las relaciones entre el Concejo y la administración, le confirió a las autoridades herramientas que les permiten luchar eficazmente contra la corrupción, aceleró el proceso de descentralización al interior de la ciudad, modernizó y agilizó la gestión administrativa y, además, le otorgó al Distrito la autonomía fiscal que requerìa para sanear sus finanzas.

¿QUE CAMBIO?

Gracias al Estatuto, ahora está perfectamente claro, por ejemplo, que la función del Concejo es legislar y la del alcalde administrar, acabando así con la nociva coadministración que se practicó durante muchos años. Por ello el Concejo ganó en independencia y en autonomía y puede ejercer a cabalidad sus funciones de fiscalizar y vigilar al gobierno distrital.

En cuanto hace a la lucha contra la corrupción, el Estatuto aportó varios instrumentos valiosos para reforzar y complementar los mecanismos oficiales de vigilancia y control. Creó, por ejemplo, la Veeduría Distrital, estableció un severo régimen disciplinario para los servidores públicos y eliminó el período fijo para los alcaldes locales. Para acabar con las corruptelas que siempre se dijo existían en la determinación del avalúo catastral de los bienes raíces por parte de la administración, dispuso que se empleara el sistema de autoavalúo, que a pesar de las críticas iniciales tuvo notorio éxito.

En materia de descentralización, eliminó los obstáculos administrativos y procedimientos que entrababan la gestión de las localidades y dotó de nuevos recursos a los Fondos de Desarrollo Local.

Para modernizar y agilizar la gestión administrativa puso en vigencia un moderno régimen de contratación pública, creó el Conpes Distrital y convirtió en empresas industriales y comerciales las principales empresas de servicios públicos.

Finalmente, sin crear nuevos impuestos porque no es un estatuto fiscalista, le reconoció a la ciudad su autonomía fiscal y le dio mecanismos necesarios para sanear sus finanzas.

En síntesis, el Estatuto Orgánico de Bogotá saldó en gran parte la enorme deuda de modernización administrativa y gobernabilidad que durante casi 50 años tuvo el Estado para con la ciudad.

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