COLOMBIA, UN GRAN BOTIN

CADA DIA QUE TRANSCURRE LA CORRUPción de los funcionarios públicos le roba al erario público una suma cercana a los 32 millones de pesos. Sin embargo el 90 por ciento de esos funcionarios venales no irá nunca a la cárcel ni devolverá un solo centavo de lo robado.

Aunque algunos sectores políticos y sociales parecen no reconocerlo, la corrupción o inmoralidad administrativa se ha convertido en una práctica generalizada en el país. Durante los últimos tres años la Procuraduría General sancionó a 40.000 servidores del Estado por utilizar o administrar indebidamente los recursos públicos. En ese mismo lapso abrió 180 investigaciones por enriquecimiento ilícito y estableció que más de 12.000 millones de pesos fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios deshonestos.

El problema recién empieza a atacarse por que sólo hasta ahora se están viendo sus funestas consecuencias: pérdida de la credibilidad ciudadana en las instituciones, desprestigio de sectores políticos, sobornos generalizados en la contratación administrativa y consecuentes pérdidas en el erario público.

El desangre es cuantioso. Sólo en 1991 la Contraloría detectó faltantes del orden de 24 .000 millones de pesos en las entidades públicas y el uso de casi 2.000 millones de pesos del presupuesto para asuntos diferentes a los señalados. Ese mismo año la entidad se constituyó en parte civil en 47 procesos penales por peculado, que ascendieron a más de 4.000 millones de pesos, de los cuales sólo se recuperaron 100 millones.

La Procuraduría General, entre tanto, ha detectado un incremento cercano al 35 por ciento en la ocurrencia de casos de omisión o negligencia en el ejercicio de las funciones públicas y de los abusos de autoridad durante los últimos tres años. "Son los dos extremos de una polaridad, sostiene un investigador del Ministerio Público. Se trata de funcionarios que no trabajan para el bienestar dela comunidad y utilizan su posición para obtener ventajas".

Aunque algunos analistas consideran que la corrupción en Colombia tiene orígenes históricos y sociológicos, las causas que la producen son muy concretas y están más relacionadas con un atraso en la modernización del Estado: ineficiencia de los funcionarios públicos, la mala calidad del control de las entidades estatales, la falta de un código de responsabilidades, la inexistencia de un severo régimen de sanciones para castigar a quienes incurren en prácticas de corrupción y la débil o ausente participación de los ciudadanos en la vigilancia de la gestión pública.

A la sombra de la corrupción se están enquistando el abuso de la función pública, la arbitrariedad y el desconocimiento de los derechos y garantías sociales, de los que se están benefieiando funcionarios inescrupulosos.

En los procesos de adjudicación, por ejemplo, se ha impuesto la práctica de pagar comisiones a los funcionarios encargados de tomar las decisiones, con sobornos que fluctúan entre el 10 y el 15 por ciento del valor del contrato. "Una práctica corriente, sostiene la Contraloría, es la de encontrar errores inexistentes en las propuestas con el fin de declarar desierta la licitación en dos oportunidades y poder asignarla por contratación directa a la firma que ofrezca la comisión exigida".

Sea como fuere, la corrupción es un fenómeno generalizado que ya empieza a ser visto con preocupación. Una reciente investigación de la Contraloría General reveló que el 86 por ciento de los colombianos está seguro de que la corrupción es un mal generalizado y el 79 por ciento está seguro de que el problema es más grave hoy que hace 10 años. La percepción es similar entre los empresarios: el 62 por ciento consideró que es una práctica muy generalizada y un 33 por ciento sostuvo que el soborno es el delito más extendido.

TRABAS Y PROBLEMAS
Los costos políticos de la corrupción, sin embargo, no pueden ser estimados solamente en términos de dinero. "Un costo político que no puede desconocerse es la disminución de la competencia política" sostiene el senador Germán Vargas Lleras, ponente del proyecto de la ley anticorrupción. "El beneficio ilícito obtenido mediante acciones corruptas pone al que lo obtiene en ventajas comparativas para mantenerse en el poder, con lo cual se hace más difícil el descubrimiento y la sanción de esos hechos. Se crea de esta manera un código del silencio entre quienes comparten el poder y se crean mecanismos que impiden la investigación".

Si a la situación mencionada por Vargas Lleras se suma el hecho de que en Colombia no hay ninguna entidad estatal especializada en la persecución de las formas más sofisticadas de la corrupción, como los delitos de cuello blanca, el panorama se complica. Sólo recientemente la Fiscalía General de la Nación conformó equipos especializados en investigación de delitos contra la administración pública. El meollo es que no hay suficientes jueces con formación específica para este tipo de irregularidades.

Tenemos dificultades para el acceso a los bancos de datos. Algunas de las entidades, especialmente de carácter gremial, que manejan información, se niegan a suministrar datos que servirían para agilizar los procesos", sostiene un analista de la Fiscalía. El asunto, sin embargo, es que la corrupción no se puede combatir en forma directa, sino cuando se detectan sus efectos.

"Lo dramático, asegura un investigador de la Procuraduría, es que, con contadas excepciones, las entidades estatales no cuentan con mecanismos de vigilancia administrativa que permitan detectar con antelación que el funcionario va a cometer una conducta ilícita o que se está cometiendo; el delito se conoce, generalmente, cuando este ya ha sido cometido, y se conoce por sus manifestaciones: una firma falsificada, gastos injustificados, etc.".

El problema, en parte, se centra en el hecho de que gran parte de los funcionarios colombianos tienen total discrecionalidad para adelantar enajenaciones a nombre del Estado, y que en ocasiones conducen al desmedro del patrimonio público. De acuerdo con la Contraloría, la ineficiencia de los funcionarios públicos, por ejemplo, le está costando un ojo de la cara al país. "La Nación, sostiene, ha pasado de pagar 600 millones de pesos por demandas penales en 1986 a más de 6.000 millones en 1993".

LOS DE CUELLO BLANCO
Uno de los cuellos de botella a los que se enfrentan las autoridades es que la persecución y el castigo de los delitos de corrupción resulta muy difícil. Los delitos de cuello blanco, aquellos que cometen los funcionarios de las más altas jerarquías y con métodos muy sofisticados, se están quedando casi en la absoluta impunidad, según reconocen los mismos organismos fiscalizadores.

"Un caso que puede servir de ilustración en este tipo de delitos, agrega Vargas Lleras, es del directivo que sabe de antemano por dónde se hará una carretera. Con esa información compra los terrenos por donde pasará, y al cabo de un tiempo se enriquece por la consecuente valorización de tierras que trae una nueva vía. En otras palabras, hace uso indebido de información privilegiada para sí mismo o para terceros".

Se calcula que en los bancos del Caribe, de Suiza y de Panamá pueden estar depositados unos 900 millones de dólares, producto del lavado de dinero del narcotráfico y de los delitos de cuello blanco. La cifra, no obstante, puede ser mayor.

Aún así, y aunque las dificultades para perseguir a los corruptos parecen insalvables, las investigaciones, poco a poco, avanzan por buen camino. Entre enero de 1991 y junio de 1994 la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría concluyó exitosamente procesos contra 180 funcionarios y ex funcionarios públicos que se lucraron ilegalmente. "Esto permitió la ubicación de más de 12.000 millones de pesos del erario público que habían sido desviados en provecho propio por estas personas. Pero lo robado al Estado puede superar mil veces esa cifra", aseguró un funcionario de esa dependencia.

INTERESES PARTICULARES
Una de las conclusiones más interesantes que arrojan los estudios de la Procuraduría sobre el tema de la inmoralidad pública es que, contrario a lo que se piensa, la corrupción en Colombia tiende a favorecer más intereses particulares que intereses políticos, que, de todas maneras, ocupan gran parte de las investigaciones.

Aunque se ha comprobado que la corrupción se viene presentando en todos los niveles jerárquicos, los funcionarios de menor rango -aquellos que están en contacto permanente con el ciudadano- parecen ser los más inclinados a cometer prácticas corruptas. (ver recuadro).

Este tipo de conductas son las que ocupan mayor tiempo y atención de la Procuraduría General y de las que más se quejan los ciudadanos. Entre enero de 1991 y diciembre de 1993 el Ministerio Público tuvo conocimiento de 6.780 casos de faltas contra la moralidad y la eficiencia públicas; 5.000 casos por omisión y negligencia en el ejercicio de las funciones; 1.372 por intervención en política y violación del régimen de inhabilidades y 140 casos por faltas contra la administración de justicia.

Según la Contraloría, este fenómeno tiene varias explicaciones: a la falta de estímulos para el surgimiento se suman las bajas remuneraciones; los salarios son bajos y son muy pocos los profesionales de primera línea que ingresan al servicio público. "Dentro de la administración del Estado, sostiene la Contraloría, no hay un sistema que premie la gestión eficaz y castigue la ineficaz. La carrera administrativa, que tiene fuerza legal pero no está basada en la promoción o sanción de acuerdo con el mérito, ha generado estabilidad laboral para el personal ineficaz o corrupto y escasas motivaciones para los buenos profesionales".

Si bien la baja remuneración no justifica que el funcionario se deje sobornar, se ha detectado que la mala situación económica está detrás del 90 por ciento de los casos de corrupción.

LA LEY ANTICORRUPCION
Aunque desde 1991 han hecho trámites dos proyectos de ley para combatir la corrupción, muchos observadores ven fincadas sus esperanzas de una política más drástica con el llamado estatuto anticorrupción, el cual empezó a discutirse a comienzos de noviembre.

Si bien durante su tránsito por la comisión primera del Senado el proyecto fue objeto de modificaciones, el articulado aprobado el miércoles permite suponer, a juicio de los ponentes, que ahora sí el país tendrá armas jurídicas para empezar a destruir la corrupción. "Vamos a sancionar la utilización indebida de información privilegiada; el lavado de dólares será tipificado como delito autónomo y no conexo y se aumentarán las penas para el tráfico de influencias", dice el senador Vargas.

Otros aspectos son los estímulos económicos a los buenos empleados y la creación de una hoja de vida pública que consignará una calificación de los funcionarios que sirva de parámetro para juzgar no sólo su buen desempeño sino su probidad en el ejercicio de las funciones públicas.

El estatuto será discutido en la plenaria del Senado. Sin embargo, y sin que se le niegen sus bondades, muchos estiman que hará falta más que decretos y leyes para acabar con este flagelo. "La corrupción, como dice Jorge Valencia Jaramillo, consejero para la administración pública, es un problema no sólo del Estado sino de la propia ciudadanía".

El proceso de eliminación de todas las formas de corrupción administrativa y política, seguramente, tardará varios años y demandará enormes esfuerzos jurídicos, a lo cuales, sin duda, deberán sumarse las sanciones sociales que hagan del funcionario corrupto un paria rechazado por las gentes de bien. Resulta difícil imaginar cómo sería Colombia si durante tantos años sus arcas no hubieran sido saqueadas en la forma en que lo han sido, pero con seguridad estaría al menos en el umbral del desarrollo. Sin embargo, en un país donde el 95 por ciento de los delitos queda impune, se necesitarán más que buenas intenciones. El problema es que la corrupción, si no se ataja, podría poner en peligro no sólo la ya desangrada economía del país sino las mismas bases en que se asienta la democracia colombiana.-

LAS ENTIDADES MAS CORRUPTAS EN COLOMBIA
SECTOR AGROPECUARIO: en el Ministerio de Agricultura y el Idema se constataron compras dolosas, licitaciones públicas fantasmas, sobornos, pagos a proveedores que no existen, sueldos adulterados, corrupción en la adjudicación de contratos, anomalías en las compras a proveedores internacionales, dobles firmas en los documentos y falsedad en documentos para pensiones.
SECTOR TRANSPORTE: incluye al Intra y los Departamentos Administrativos de Tránsito y Transporte, donde se comprobó falsificación de documentos, adulteración de pases, robo de multas, sobornos, falsificación de placas para vehículos, deshonestidad en la adjudicación de rutas a las empresas de transporte, robo de materias primas para la elaboración de pases, robo de calcomanías y asignación de matrículas para vehículos de contrabando.

COMERCIO EXTERIOR: las visitas realizadas a Aduanas, Puertos de Colombia e Incomex, indicaron que las prácticas de corrupción más frecuentes están relacionadas con sobornos por contrabando, venta ilícita de licencias de importación, adulteración de documentos públicos, aforo de mercancías con posiciones diferentes, que ocasionan menores impuestos, sobrefacturación en compras y subfacturación de importaciones.

SECTOR SALUD: incluye al ISS, Cajanal, Servicios de Salud y Fondo Nacional Hospitalario; se verificó la existencia de peculados, robos continuados. sobornos. adulteración de documentos, sobrefacturación de compras, compra de drogas innecesarias, adjudicaciones fraudulentas de contratos, tramitaciones dolosas de pensiones de jubilación, pagos a personas fallecidas o inexistentes y fraude electrónico.

OBRAS PUBLICAS: en el Ministerio de Obras Públicas, el Fondo Vial, Caminos Vecinales y las Secretarías de Obras Públicas se encontraron prácticas de corrupción en adjudicación fraudulenta de contratos, robo de implementos de trabajo, dobles facturaciones, sobornos, peculados, robos continuados de los dineros de los peajes, adjudicación de contratos a firmas inexistentes, y arreglos en las licitaciones.

EN LA AERONAUTICA CIVIL: la corrupción se manifiesta en gastos para la construcción de pistas de aeropuertos, fraudes, robos y sobornos en las compras de ayudas de aeronavegación.

EN EL SENADO, la Cámara de Representantes, las Asambleas Departamentales, y los Concejos Municipales son frecuentes los fraudes, peculados, robos de implementos, sobrefacturación, alteración de las nóminas, destinación ilícita de los auxilios de diputados y concejales, sobornos, compras y venta de automotores oficiales a particulares.

FUENTE: CONTRALORIA GENERAL

PLAN TRANSPARENCIA
A PARTIR de enero el gobierno pondrá en marcha el Plan Transparencia 'para volver a creer', según estima, en tres principios esenciales: la responsabilidad gubernamental, la claridad administrativa y la lucha contra la corrupción. Frente a tales principios se está diseñando un conjunto de acciones:

Se publicarán los programas de gobierno inscritos por todos los gobernadores y los alcaldes de las ciudades capitales; esto le permitirá a la ciudadanía hacer un seguimiento de los mismos y promover, si es el caso, la revocatoria del mandato.

Se impulsará el ejercicio del 'Derecho de petición', un mecanismo tan importante como la Tutela.

Se prevé la creación de una Comisión Independiente de Lucha contra la Corrupción, llamada 'Comisión Nacional Transparente' con participación de los sectores público y privado, pero con mayoría de este último, y que tendrá como función dirigir y ejecutar el plan.

Se desarrollarán campañas educativas para que la comunidad desarrolle valores de carácter ético, de civismo y de respeto a los derechos de los demás. Como complemento, a partir de febrero de 1995 se presentaría por televisión un programa institucional, que se llamaría 'El minuto transparente'.

Se diseñará un sistema para que la ciudadanía denuncie los actos de corrupción y se proteja, con la debida reserva, a los denunciantes de eventuales represalias. Para este fin se creará un 'Teléfono transparente' manejado por una firma independiente, auditada también por una firma privada, que procesará la información garantizando así la transparencia del proceso.

Los empresarios en general serán motivados para que suscriban compromisos mediante los cuales sus empresas, por el mecanismo que sea, se obliguen a no entregar dinero u otra clase de dádivas para obtener ventajas patrimoniales o de cualquier orden en el momento de participar en una licitación pública. Estos compromisos se denominarán 'Acuerdos transparentes'.

Se creará un fondo llamado "Fondo transparente ' para financiar trabajos de pregrado y posgrado en las universidades que aborden aspectos prácticos y formas de corrupción.

Finalmente, se estimulará al periodismo investigativo serio con un galardón llamado "Premio a la transparencia', en el campo de la corrupción. La convocatoria se hará en marzo y el primer premio será entregado en noviembre de 1995. -