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| 1/2/1995 12:00:00 AM

CRIMEN Y CASTIGO

Cerca de 3.000 colombianos presos en el extranjero se enfrentan a torturas, malos tratos y al estigma de ser, precisamente, colombianos.

CRIMEN Y CASTIGO, Sección Especiales, edición 657, Jan  2 1995 CRIMEN Y CASTIGO
UN SABADO DE NOVIEMBRE DE 1990 KEVIN Rojas, hijo de Luis Rojas y su esposa María, ciudadanos colombianos que emigraron hace 25 años a Estados Unidos, caminaba tranquilamente por una concurrida calle de Manhattan, Nueva York. Lo acompañaba su amigo Carlos Cajas e iban hacia la estación delsubway rumbo a su casa luego de haber cenado en el restaurante Parrillada Uruguay. Ninguno de los dos imaginaba siquiera que allí los esperaba un impresionante dispositivo policial. Antes de que pudieran bajar a tomar tren alguno los dos fueron apresados y esposados por el solo hecho de que Rojas tenía puesta una chaqueta naranja. Una coincidencia mortal les había puesto frente a un destino implacable. Minutos antes, en una calle cercana, un individuo que iba acompañado de otro con chaqueta naranja le había disparado a dos personas, una de las cuales murió días después. A partir de ese momento la vida se convertiría en una tragedia inenarrable para este joven colombiano de escasos 22 años. José Fontanez, uno de los muchachos que acompañaba a los abaleados, le identificó como el "hombre de la chaqueta naranja".
Esa y otras evidencias circunstanciales llevaron a que el juicio culminara con una condena de 50 años, que cumple actualmente en la penitenciaría de máxima seguridad Coxsackie, en cercanías de Nueva York.
El caso de Rojas ha despertado la solidaridad de numerosas personas y hasta los mismos policías que lo detuvieron en la estación han declarado que su detención fue simultánea con el momento en que se cometió el crimen y que por tanto Rojas no puede ser culpable. Su caso está siendo revisado y su defensa, luego de una apelación ante la Corte Suprema, tiene un alegato oral en febrero próximo. Pero lo más triste de todo es que, al parecer, Rojas fue condenado por un estigma que suele ser considerado como una prueba irrefutable de culpabilidad para las autoridades estadounidenses: ser latino, en general, y colombiano en particular.
Aunque la tragedia de este ciudadano puede parecer un hecho aislado, lo cierto es que las autoridades colombianas tienen estadísticas que comprueban que es más común de lo que podría pensarse. Una investigación del Ministerio de Justicia revela que un alto porcentaje de colombianos presos en el exterior ha sido condenado bajo pruebas o testimonios falsificados o confesiones bajo torturas. Inclusive se han dado casos de varios de ellos condonados tras firmar a la fuerza documentos que los inculpan y cuyo contenido ni siquiera conocieron.
El drama de Rojas, que por su evidente injusticia ha tenido cierta difusión en los medios de Estados Unidos, es apenas la punta de un iceberg que tiene en la incertidumbre a más de 13.000 connacionales anónimos detenidos en el extranjero, la mayoría acusados por narcotráfico, para quienes su condición de 'mulas' (reales o ficticias) es la garantía de ser sometidos a malos tratos y violación de sus derechos.
Lo más preocupante, según han denunciado los mismos presos a las autoridades del país, es que la simple condición de ser colombiano se ha convertido en un argumento que usan las autoridades del mundo no solo para condenar sino para imponer las más severas penas, cuando por el mismo delito los nacionales del país reciben castigos inferiores y mucho más generosos. Si se sumaran los años que en promedio están pagando los colombianos detenidos en el exterior, la cifra sobrepasaría los 80.000 años.
Aunque los últimos dos gobiernos han hecho esfuerzos por ayudar jurídica y económicamente a estos detenidos, el problema no tiene visos ni de amainar ni de ser enfrentado con éxito. Desde 1987 el número de detenidos en el exterior va en aumento, a un promedio de 3.000 cada año, o sea que, si continúa esta tendencia, para el año 2010 habría entre 30.000 y 35.000 colombianos presos en el exterior. Para esa época Colombia se habría consolidado como el país con el mayor número de ciudadanos presos en el exterior.


DE MULAS A CONVICTOS
Oficialmente, al primero de mayo de 1992, hay 11.390 colombianos presos en el extranjero: 5.495 en Estados Unidos; 1.985 en Europa; 3.866 en América Latina y 44 en Asia, Africa y Oceanía. El 95 por ciento de estos compatriotas detenidos ha sido capturado con droga.
No obstante la investigación del Ministerio de Justicia considera que estas cifras representan tan sólo el 30 por ciento de los datos reales, con lo cual la población carcelaria en el exterior sería considerablemente más alta (ver recuadro). El asunto es que la tarea de llevar estadísticas y listados generales de detenidos ha resultado verdaderamente difícil.
"La justicia europea, especialmente en Alemania, Países Bajos y Escandinavia -sostiene el informe- reconoce y acepta la intervención consular contenida en la convención de Viena, que consigna que solo puede haber atención consular siempre y cuando el detenido la solicite. En Suecia, por ejemplo, las autoridades se abstienen de dar información relacionada con detenidos por mandato constitucional".
Aun así, se ha establecido que el número de sindicados do es mucho más alto que el de condenados y que de estos un gran número ha sido sentenciado en forma irregular. Es común que el proceso se dilate al máximo para evitar una rápida definición de la situación jurídica, sin que se sepan las razones. En Venezuela, por ejemplo, se tarda hasta cuatro años resolver la situación jurídica de un detenido colombiano.
Los detenidos, según los reportes que tienen los consulados, vienen también denunciando que son víctimas de los abogados de oficio que les nombran, pues al no ser pagos no actúan debidamente en su defensa. En ese aspecto, la problemática es compleja, porque si son de oficio, no están precisamente en los rangos más altos de su profesión, o si lo están, les interesa muy poco defender por obligación y por poca plata a un pobre colombiano de quien, por lo demás, están convencidos de su culpabilidad.
En otros países, aseguró un funcionario de la Consejería para los Derechos Humanos, los fallos judiciales deben contar con la simpatía de las autoridades policivas. "Los militares y los policías siguen procedimientos irregulares, pues cuando se trata de tráfico de drogas piden dinero, se apropian de la mercancía y extorsionan al acusado, como han denunciado algunos detenidos en República Dominicana. O sucede la aberración de que el juez da la libertad pero la Policía no la otorga".


PRESOS DE SEGUNDA
A este panorama debe sumarse el hecho, cada vez más notorio, de una persistente discriminación contra los presos extranjeros, que se ven privados de los pocos beneficios concedidos a los nacionales en cuanto al cumplimiento de la pena. "Cuando son acreedores de dichos beneficios, depende del arbitrio y discrecionalidad de las autoridades penitenciarias. Aunque hayan tenido buena conducta, en ocasiones mejor que los nacionales, no se les abrevia o conmuta la pena y solo salen libres al término de ésta", consigna la investigación del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el Colectivo de Presos Colombianos en Estados Unidos, los connacionales que cumplen penas allí no reciben beneficios de reducción de sentencia y son obligados a realizar trabajos de toda índole, aunque no hayan sido condenados a ello. "Nosotros constituimos una mano de obra para el Bureau of Prisons, sin mayor retribución que unos cuantos centavos", asegura Darío Bautista, coordinador del colectivo. "Somos explotados en factorías carcelarias como Unicor y nos obligan a producir toda clase de suministros para las instituciones públicas estadounidenses, como el Ejército, hospitales, sistema de prisiones, Fuerza Aérea, etc". Para empeorar las cosas, los detenidos colombianos no participan en ningún plan ni proyecto de resocialización, del que sí gozan otros extranjeros.
En Europa las condiciones de justicia son mejores que en muchos otros lugares, aunque también se ha detectado discriminación contra los detenidos colombianos. La legislación italiana está aplicando condenas por narcotráfice que van de cuatro hasta seis años; en Alemania el tiempo oscila entre tres y 10 años; en Gran Bretaña entre cuatro y 20 años; en Portugal entre cuatro y 15, y en Grecia entre seis y nueve años. En Alemania hay centros penitenciarios en donde el recluso colombiano debe permanecer 23 horas en su celda y solo una en el patio. Ocurre que allí son considerados como personas de alta peligrosidad y no pueden trabajar y les es prohibido asistir a servicios religiosos.
En América Latina, la mayoría de cárceles son deplorables. Hay hacinamiento, mala alimentación y proliferación de enfermedades infecto-contagiosas. "Pero lo que produce más resquemor -sostiene la investigación del Ministerio de Justicia- es que hay una evidente violación de los derechos humanos, que incluye lesiones definitivas. Se ha comprobado que después de las torturas los detenidos son aislados para que las huellas de ese procedimiento no sean vistas por los otros presos. Hay evidencias de que varios colombianos han sido dados como desaparecidos".
Sin embargo, las peores condiciones se dan en los países de Europa del Este. En las repúblicas Checa y Eslovaca a los colombianos se les permite solo una visita al mes, de escasos minutos y siempre en compañía de un funcionario gubernamental. "Allí son frecuentes las denuncias de violación de los derechos humanos, como torturas, y hay un total hacinamiento. En cada celda hay tres detenidos encerrados 23 horas al día. Los inodoros están en la misma celda y solo les dan permiso para bañarse una vez al mes. Sin contar que los colombianos allí detenidos no tienen ningún tipo de actividad ni ningún tipo de entretención".
En Hungría la situación no es menos dramática. Los presos colombianos permanecen recluidos dentro de un ínfimo cuarto con otras personas. Sólo tienen derecho a tomar aire libre o un poco de sol dentro de un patio cada ocho días. Lo peor es que son obligados a firmar documentos y notificaciones sin que se les permita un traductor y muchos menos saber el contenido de lo que firman.


LA REPATRIACION
Frente a ese drama, la repatriaeión de presos parece brindar las mayores esperanzas. El cuello de botella está en que el país sólo ha suscrito convenios de este tipo con Ecuador, España y Venezuela, y apenas comienza a preparar otros acuerdos.
El problema es que negociar esos convenios no ha resultado fácil, al tiempo que muchos presos consideran que ha faltado decisión política de las autoridades colombianas. A principios de noviembre el gobierno creó un comité inter-institucional para estudiar las solicitudes de repatriación, lo cual se considera apenas el comienzo de la acción positiva que se espera del Estado. Porque si se tiene en cuenta que la Corte Suprema está estudiando apenas 81 solicitudes de repatriación, es claro que todavía hay mucho por hacer. Lo primero sería obtener la colaboración de uno de los mayores receptores de presos colombianos, Estados Unidos. El Colectivo de Presos Colombianos en cárceles de ese país ha insistido en que de este modo podría lograrse la pronta repatriación de al menos 800 connacionales que ya cumplieron el 25 por ciento de la pena, mientras otros 200 estarían en espera. Pero las negociaciones han fracasado en dos oportunidades por razones distintas.
"En el primer caso, la ministra Noemí Sanín las suspendió porque consideró que el traslado de presos a Colombia agudizaría el problema del hacinamiento en las cárceles del país. En el segundo caso, porque la fiscal estadounidense Janet Reno decidió suspenderlas al tener divergencias con su colega colombiano Gustavo de Greift sobre la política de sometimiento", dijo un vocero.
Lo más increíble es que, aun en ausencia de acuerdos, ya se dispondría del instrumento legal para la repatriación de presos. Se trata, según Héctor Martínez, vocero del Colectivo, de que Colombia acuda al convenio de los 34 estados americanos, que está abierto para la firma de los países miembros que quieran acogerse al cumplimiento de condenas penales en el extranjero. Pero no se cree que la repatriación sea factible en la práctica por ese medio.
Aunque en los próximos días llegarán al país los primeros repatriados de Ecuador, la situación para el resto de detenidos en el extranjero no tiene, por ahora, visos de cambio. A los problemas jurídicos que de por sí conlleva la firma de estos tratados, hay que sumar las dificultades de tipo político que está enfrentando el gobierno colombiano en este asunto. "Muchos países europeos, sostuvo un funcionario de la Consejería para los Derechos Humanos, parecen inclinarse a creer que el Estado colombiano tiene una política dual en donde, por un lado, pretende castigar el narcotráfico y, por el otro, ayuda a quienes participan de ese delito. No entienden que, por defender los derechos humanos de estos detenidos, el país no está necesariamente en contravía de su política antinarcóticos".
Por otra parte, aunque la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1964 establece como funciones de los cónsules la protección de los nacionales en un país extranjero, muchos Estados creen que el simple hecho de velar por los colombianos detenidos es una injerencia en sus asuntos internos. "Esta situación, -sostiene el Ministerio- conlleva a que la acción consular se limite a verificar el respeto de los derechos de los detenidos".
La fama de Colombia como país violento y entregado al narcotráfico se ha vuelto un estigma que afecta a todos sus nacionales que viven o viajan al exterior, quienes, responsables o no de delitos, son víctimas en lo íntimo y personal de una tragedia de características colectivas. La consecuencia es que, paradójicamente, los jueces de las naciones más avanzadas del mundo se convierten ante ellos en carceleros y verdugos de la peor calaña. Es claro que los colombianos, al contrario del resto de los ciudadanos del mundo, soportan, sobre todo en Estados Unidos, no la presunción de inocencia, sino la de culpabilidad. Razón suficiente para que el país entero tome cartas en el destino de esos olvidados de la vida.

PROBLEMAS DE LOS DETENIDOS

- Elevados costos de la asistencia legal.
- Discriminación contra el colombiano, al que se le considera sospechoso en cualquier circunstancia y se le aplican penas más severas que a otros procesados por igual delito.
- Violación flagrante de los más elementales derechos del detenido, en especial: fabricación de pruebas, confesión por medio de torturas, incomunicación con el consulado, etc.
- Falta de profesionalismo de los abogados de oficio nombrados por las autoridades judiciales del país.
- Falta de interés del funcionario consular, quien en muchas ocasiones no está preparado para atender los casos ni para supervigilar el desempeño de los abogados designados.

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