El poder de las regiones

Darle poder a las regiones. En esa dirección se ha movido Colombia durante los últimos 20 años. Los resultados han sido mixtos. De un lado, ha conseguido convertirse en una de las naciones más descentralizadas del hemisferio en términos políticos y fiscales, entregándoles capacidad de decisión a los ciudadanos y funciones y competencias a los gobiernos locales. De otro, ha perdido recursos y con ello posibilidades de desarrollo, a manos de la corrupción y de la ineficiencia.

Con todo, la opción de regresar al modelo centralista parece inexistente. “Los colombianos siempre hemos sido partidarios de la autonomía territorial y hemos defendido los derechos de la provincia, porque somos un país de regiones, de ciudades y pequeños municipios. Esa ha sido y es nuestra realidad geográfica, política, social, económica y cultural”, dice el exministro y exalcalde de Bogotá Jaime Casto.

De hecho el balance parece positivo. Los académicos y especialistas en el tema coinciden en que la descentralización en Colombia ha sido ventajosa por su aporte a la organización territorial, a la distribución de recursos, a la creación de formas nuevas de gobierno, de administración y de relaciones intergubernamentales.

“La situación de hoy, comparada con la existente hace dos décadas, muestra un cambio significativo expresado en una estructura de gobierno en la que el nivel nacional se especializa en la orientación y coordinación general; en el manejo macroeconómico y en la creación de condiciones para la provisión de bienes y servicios de impacto global; mientras que las entidades territoriales asumen la responsabilidad de garantizar la prestación de servicios públicos locales con especial énfasis en la educación y la salud”, afirma la directora de Gobernabilidad Territorial del Ministerio del Interior, Sandra Patricia Devia, en un estudio sobre el tema.

Pero sin duda hay que corregir el rumbo. La Constitución del 91estableció la elección popular de gobernadores; les dio el carácter de entidades territoriales a provincias y regiones; incrementó las transferencias de presupuesto nacional a los territorios, modernizó los municipios y los departamentos y, en especial, ‘constitucionalizó’ el concepto de autonomía. La provincia adquirió entonces vida propia, se fortaleció y tomó en mejor medida el control de su destino. En suma, se consolidó el proceso descentralizador que conserva el país. Los municipios y departamentos, fortalecidos administrativamente, iniciaron un aprendizaje aún inconcluso y con desafíos crecientes.

Hay que diseñar formas para evitar que grupos ilegales o de interés particular se tomen los municipios y los departamentos. Hay que encontrar maneras para conseguir una mejor cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos locales, se debe aprender a mejorar la capacidad de gestión de los mandatarios regionales y municipales y lograr que las ciudades sean más competitivas. Además, se deben contestar preguntas como ¿se justifica la existencia de los departamentos? ¿Qué hace un diputado? ¿En qué cosas conviene volver a centralizar? ¿Cómo se construye un contrato social alrededor del respeto a lo público?

Y es que resolverlas es central para el país y su competitividad. “El espíritu de la descentralización de darle mayores competencias y recursos a las regiones está totalmente alineado con la noción de que la competitividad es local, está en manos de las regiones”, dice Rosario Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

Es un buen momento para pensar hacia dónde y sobre qué bases debería evolucionar la descentralización en los próximos 20 años. Ahora que el país pasa por uno de los mejores momentos económicos y fiscales de su historia y cuando los recursos de las regalías le van a imprimir un nuevo empuje al proceso de empoderamiento local, el tema es crucial. Esta edición así lo demuestra.
 
Hitos en Colombia
 
1986
Se expide el Código de Régimen Municipal que define a los municipios como entidades territoriales y regula su funcionamiento. Además, crea el marco jurídico para la elección popular de alcaldes, el aumento de las transferencias y la modernización de municipios y departamentos.

1991
La nueva Constitución Política de Colombia (foto) profundiza el proceso y agrega nuevos desarrollos a la descentralización, como la elección popular de gobernadores; el carácter de entidades territoriales a provincias y regiones y el concepto de autonomía.
 
1997
La Ley 388 modifica las normas sobre reforma urbana y reglamenta los planes de ordenamiento territorial, con base en los principios de la función social y ecológica de la propiedad; la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los beneficios.
 
2000
La Ley 617 categoriza presupuestalmente las entidades territoriales según población e ingresos y ordena el ajuste fiscal de municipios y departamentos.
 
2001
La reforma a la Ley 715 cambia el Sistema General de Participaciones y permite una gradualidad en el gasto y un incremento en la inversión para ampliación de cobertura en lo local, medida por indicadores de eficiencia y productividad en la gestión.
 
2011
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454), ordenada por la Constitución del 91 pero expedida 20 años después, fortalece el proceso descentralizador propiciando las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, sin desconocer particularidades regionales y nacionales en el proceso.
 
2012
Se aprobó la Ley de Régimen Municipal (Ley 1551) que ayuda a reducir las nóminas de los municipios, facilita la gestión de los alcaldes, las juntas de acción comunal, los ediles y las JAL y establecido la participación ciudadana en la formulación de los presupuestos.
 
En blanco y negro

El profesor del Centro de Estudios para el Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes Gonzalo Vargas hace un balance de los principales efectos de la descentralización para Colombia. Esta es su opinión:
 
Lo bueno de la descentralización
 
• Abrió las puertas para que nuevos líderes locales y regionales a todo lo ancho del espectro político surgieran, se lucieran por su audacia y capacidad para innovar e incluso saltaran a la arena política nacional. Sin la elección popular de alcaldes y gobernadores es posible que Uribe, Mockus, Fajardo o Garzón fueran hoy figuras políticas menores o perfectos desconocidos.

• Ha permitido a la ciudadanía participar en las decisiones locales que más la afectan, en sectores como salud, educación y servicios públicos, reduciendo de paso la presión política sobre el gobierno nacional, que en los 70 y 80 se veía agobiado por infinidad de paros y marchas por la baja cobertura y mala calidad de los servicios locales.
 
 Lo malo de la descentralización
 
• Los gobiernos locales han sido vulnerables a la cooptación por parte de guerrillas, paramilitares y toda suerte de organizaciones ilegales y mafiosas, golpeando la legitimidad institucional, limitando las garantías democráticas y desviando recursos públicos hacia manos criminales.

•  Subsiste la ‘pereza fiscal’. Con pocas excepciones, los municipios no se esfuerzan por generar recursos propios a través de tributos locales, con los que podrían construir infraestructura, incentivar el uso eficiente de los recursos (como el suelo urbano) y promover el desarrollo económico local.