ENEMIGO PUBLICO #1

Con el contrabando pasa lo del elefante. Nadie lo ve entrar pero saben que está allí. Ingresa a las espaldas de un Estado y de una sociedad que proclaman a los cuatro vientos su decisión de combatirlo. Todos están de acuerdo de sunocividad. Que su impacto sobre la economía formal es nefasto. Que opera en una impunidad casi absoluta. Que la falta de acción del Estado y de la sociedad fomenta el negocio. Que en los últimos años se ha presentado un incremento de esa actividad. Diagnósticos van, diagnósticos vienen. Investigaciones de diferentes organismos sitúan al contrabando en alrededor de 5.500 millones de dólares anuales, lo que representaría una evasión de impuestos como mínimo de 800 millones de dólares por año. Otros afirman que la cantidad es mucho mayor, tanto la importación ilegal de bienes y mercancías como el no pago al fisco. Se ha convertido en costumbre lanzar cifras al aire para enfatizar la gravedad de la situación, una cuantificación del negocio que padece el síndrome de las encuestas: los números sólo loscreen quienes las hacen. Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta la magnitud del problema ya que en Colombia nunca se ha hecho un estudio integral de esa actividad. En cambio lo que nunca falta son los anuncios periódicos de los gobiernos de turno de emprender una lucha frontal para acabar una vez por todas con ese flagelo.A principios de esta década se pensó que la apertura económica sería, si no la solución sí un antídoto efectivo al contrabando. La baja masiva de tarifas arancelarias, la reducción al régimen de prohibida importación, la eliminación de la sobretasa que existía en las importaciones y la propuesta agilización de los trámites y procedimientos aduaneros necesarios para la nacionalización de mercan-cías, entre otras medidas, buscaban quitarle la rentabilidad al negocio y disminuir el contrabando. No funcionó. "Todos los indicadores económicos apuntan a demostrar que eso no está ocurriendo y que por el contrario ha venido aumentando progresivamente", dice un documento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales _DIAN_. La principal causa aducida es básicamente el lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Los narcotraficantes están legalizando sus ingresos mediante el contrabando técnico y la subfacturación de importaciones. Según Eduardo Visbal, vicepresidente de comercio exterior de Fenalco, es un error echarle el muerto única y exclusivamente a ese delito. "Las causas son más profundas. El contrabando es el mejor negocio que hay en Colombia. Se origina en la organización jurídica del Estado que lo incentiva, que le da todas las oportunidades de crecer", explica Visbal."La economía formal paga impuestos altos, hace contribuciones parafiscales y está sujeta a la vigilancia de las autoridades (las superintendencias, los ministerios). Es la que mantiene el Estado. En la informal, la impunidad es total. Es mucho más rentable. Mientras la formal creció un promedio del 3 por ciento en los últimos 10 años, la informal, 8 por ciento", dice Visbal.Salida en falsoLos contrabandistas no corren ningún tipo de riesgo en el país, como los tiene que enfrentar el comercio formal, en cambio llevan todas las de ganar, coincide el director de Infraestructura de la Contraloría General de la República, Hernán Guillermo Serrano. Según los cálculos el riesgo de hacer esta actividad es apenas del 0.73 por ciento, pues las posibilidades de ser sancionado son mínimas. En el foro de la Contraloría, realizado la semana antepasada, el director de la DIAN, Horacio Ayala, dijo que esto se debe, que al reestructurar la Aduana no se dejó un mecanismo de represión activo, propio, que permita ejercer acciones más frecuentes.En 1991 el contrabando dejó de ser delito. Se argumentó en ese momento que el Tribunal Superior de Aduanas, encargado de castigar a los infragantes, no servía para nada. Un estudio de Fenalco encontró que sólo uno por 1.000 casos terminó en una sentencia. Sólo fueron detenidos un camionero y un bodeguero. Se optó por sanciones administrativas como multas, que son aumentadas en caso de reincidencia, y la imposición de medidas accesorias como la prohibición de ejercer el comercio, clausura y cierre del establecimiento comercial, prohibición de ejercer profesión u oficio relacionado con el comercio exterior y pérdida del empleo o cargo público. La DIAN es la encargada de hacer cumplir las normas. Sin embargo hoy muchos han llegado a la conclusión que fue un error minimizar el castigo. El senador Juan Martín Caicedo Ferrer, ex presidente de Fenalco, ha impulsado un proyecto de ley para penalizar nuevamente al contrabando. Destaca que en países desarrollados como Francia, Alemania, Estados Unidos y España, y naciones como Chile, Argentina, Venezuela y Perú esa conducta es un delito."El enfoque administrativo ha incentivado la proliferación desmesurada de este comercio ilegal debido a la inexistencia de sanciones suficientemente intimidantes, la consagración de mecanismos que permiten con gran facilidad la legalización de las mercancías habidas de esta forma y la carencia de una infraestructura especializada que permita la fiscalización y el control adecuado de estas conductas", dice la ponencia favorable presentada inicialmente por el senador Luis Guillermo Giraldo en la legislatura pasada. El proyecto, que cuenta con el respaldo del gobierno, plantea, entre otras, penas de cuatro a ocho años a quienes participen directamente en esa actividad y de tres a seis años a quienes encubran y ayuden a los contrabandistas. La investigación y acusación de los delitos aduaneros quedaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación y quienes delaten la comisión del delito y colaboren con las autoridades tendrán beneficios como la exención de sanción penal y la entrega de una suma correspondiente a la cuarta parte del valor de los bienes incautados. Estos serían considerados objeto ilícito, acabando de esta manera con las amplias facilidades con que cuentan actualmente los contrabandistas para legalizar y recuperar la mercancía decomisada mediante el pago de un rescate.Sin embargo el proyecto se encuentra empantanado en la comisión primera del Senado. Se cambió de ponente y éste, el senador Héctor Helí Rojas, ha expresado a sus colegas su desacuerdo con él. Se corre el peligro de que sea archivado.Una política integralEn lo que sí hay consenso es en que la penalización del contrabando por sí sóla no es suficiente para combatir esa conducta y son necesarias otras medidas. Una de ellas es la reestructuración de la DIAN porque se considera que la fusión de Impuestos y Aduanas ha sido perjudicial (ver recuadro).Fernando Buitrago, subdirector de la DIAN, dice que "una de las claves para el éxito en la lucha contra el contrabando es la coordinación interinstitucional en su represión, debido a que la gran mayoría de las mercancías ilegales entran por los puertos y aeropuertos oficiales. Los contrabandistas, por seguridad y por temor a la guerrilla, acuden menos a los ingresos clandestinos y aventureros".Los gremios, como Fenalco, han planteado la necesidad de que se realice un completo estudio para conocer realmente la magnitud del problema. Fenalco también ha propuesto que se revisen los aranceles sobre los productos proclives a ser introducidos ilegalmente, como los televisores y otros electrodomésticos, que se cobre el IVA en el momento que se venda el producto al consumidor y no cuando se nacionaliza la mercancía y se analicen los los impuestos tanto nacionales como departamentales y municipales. Todo esto con el fin de volver más competitivo el comercio formal frente al informal. "El no pagar los impuestos genera una diferencia de precios entre los legalmente importados y los producidos en el país a favor de quien no los paga. Ahí está la rentabilidad del negocio", dice Visbal, de Fenalco.La DIAN comparte ese diagnóstico. "El contrabando es un poderoso factor de deslegitimación de las instituciones pues su auge es la prueba fehaciente de que la ley no es igual para todos, que cumplir las normas no tiene ningún beneficio y que es mejor estar por fuera de la legalidad que dentro de ello", dice el documento en que respalda la penalización de esa conducta. El caso de los cigarrillos ilustra el impacto de este fenómeno en la economía nacional. Según cálculos de Coltabaco, de los 24.800 millones de cigarrillos que se consumen al año en Colombia, 12.800 millones son de contrabando. Aquí se venden Marlboros hasta de Guinea y Rusia. El país pierde anualmente por este concepto aproximadamente 300.000 millones de pesos, teniendo en cuenta el costo para los tabacaleros y comerciantes y los impuestos que deja de recibir el Estado por el no pago de éstos. Ante cifras como estas la pregunta es si la sociedad, con el Estado a la cabeza, continuará aplicándole pañitos de agua tibia al problema o enfrentará al contrabando con todas las herramientas a su disposición con el fin de que la honestidad vuelva a ser negocio en Colombia. Un divorcio anunciadoSe acerca el fin de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales_DIAN_ como una entidad única, un experimento que comenzó con bombos y platillos en 1992. La comisión tercera del Senado aprobó en días pasados el proyecto de ley mediante el cual se autoriza al Presidente de la República para llevar a cabo la reestructuración de la DIAN en seis meses, que en plata blanca significa su futura división en dos entidades independientes. "La persecución del contrabando, el decomiso de mercancías, el manejo de unas guardas, la operación de guardacostas, son tareas exóticas y extrañas para un director de Impuestos, y ello no se resuelve por el simple expediente de adicionarle la expresión Aduanas y asignarle tal función", dicen los ponentes, los senadores Camilo Sánchez y Carlos García.La separación de la DIAN ha estado sobre el tapete durante los últimos 18 meses. Desde senadores como Juan Martín Caicedo Ferrer, quien calificó la fusión como un "matrimonio mal avenido", a gremios como Fenalco, consideran necesaria la independencia de la Aduana para combatir el contrabando.