FISCAL PARA RATO

La Fiscalía General de la Nación es, sin duda, una de las instituciones más importantes nacidas de la Constitución de 1991. Podría decirse quequien ocupa ese cargo tiene un poder ilimitado al acumular las funciones de investigador y de juez sobre los altos funcionarios del Estado. Por la naturaleza inquisidora de su cargo, el Fiscal posee un gran ascendiente sobre la opinión, lo que quedó ampliamente comprobado con el desempeño de los dos antecesores del actual Fiscal. El primero de ellos, Gustavo de Greiff, fue escogido en su época unánimemente personaje del año, mientras que al segundo, Alfonso Valdivieso, la popularidad le alcanzó para lanzarse a la Presidencia de la República. Alfonso Gómez Méndez tomó las riendas de la Fiscalía General de la Nación en el momento en que el país se encontraba dividido sobre la conveniencia o inconveniencia de que Valdivieso, su antecesor, renunciara a la institución para convertirse en candidato presidencial. Los enemigos de su ida temían que el proceso 8.000, nacido y gestado bajo la Fiscalía Valdivieso, se viniera abajo de caer en unas manos nuevas. Por eso la llegada de Gómez a ese cargo fue objeto de un durísimo escrutinio público, no solo por parte de los abanderados del 8.000, sino del bando contrario: el de quienes culpaban a Valdivieso de haber politizado el cargo que ahora deseaban ver ocupada por una especie de Fiscal técnico. Por eso, a pesar de que Gómez Méndez juró y rejuró que no aprovecharía su cargo para hacer política, no fueron pocas las suspicacias que rodearon su posesión. Entre otras la de que su intención era aplicarle los santos óleos al proceso 8.000, que había servido de trampolín político a Valdivieso. Hubo quienes, como el propio ex vicefiscal Adolfo Salamanca, expresaron públicamente sus reparos a la futura gestión de Gómez Méndez. Y después lo acusaron de haber auspiciado la desaparición de parte del archivo documental del 8.000. Pero los hechos parecen haber demostrado otra cosa. Si bien es cierto que el proceso 8.000 dejó de tener el boom publicitario que alcanzó durante la gestión anterior, nada hace pensar que la intención de Gómez Méndez sea la de echarle tierra al asunto. Es más, ya ha tomado varias medidas relacionadas con el delito de enriquecimiento ilícito. Pero su estilo ha demostrado ser sigiloso y de muy bajo perfil. Y lo que es más importante, se ha abstenido de hacer grandes críticas contra su antecesor, con el que se sabe que lo une una cordial relación de desacuerdo general. Como reto fundamental el actual Fiscal se ha propuesto lograr una mayor eficiencia en la administración de justicia y rebajar al máximo la impunidad en el país. Para ello deberá diseñar una verdadera política criminal del Estado en la que estén coordinados todos los organismos de seguridad y colaboren todos los de control. Pero a más corto plazo, 1998 será para Gómez Méndez el año para convencer a los colombianos de que no sólo no fue el sepulturero del proceso 8.000, como muchos temían, sino que su gestión al frente del máximo organismo fiscalizador del país va mucho más allá de encarcelar a tres o cuatro políticos corruptos.