FORO DELIBERATIVO: La sociedad civil colombiana frente al fortalecimiento de la democracia en las Américas.

El 22 de noviembre de 2004 se reunieron en la ciudad de Bogotá, representantes de gobierno entre quienes se encontraban el señor Viceministro de Relaciones Exteriores- Camilo Reyes-, miembros del Grupo de Trabajo de EE.UU., Canadá y Cumbres de las Américas de la Cancillería, un representante de la Oficina presidencial de Agenda de Conectividad, el Director de la Oficina de Acceso a la Justicia del Ministerio del Interior y de Justicia y miembros de la Dirección de Asuntos Territoriales y Orden Público del mismo Ministerio. Así como, directores y representantes de organizaciones civiles, convocados por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes; con el fin de discutir los adelantos y retrocesos en el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Tercera Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Québec en el 2001,en los temas de acceso a la información, libertad de expresión, acceso a la justicia, fortalecimiento de la sociedad civil y gobierno local y descentralización, y también con el propósito de generar una agenda propositiva para mejorar la implementación de dichos mandatos en Colombia.

A continuación se sintetiza las conclusiones principales de cada una de las presentaciones y las propuestas de las mesas de trabajo en cada uno de los temas.

1. Presentación: Ministerio de Relaciones Exteriores - Camilo Reyes - Vicecanciller y Coordinador en Colombia de Cumbres de las Américas.

La presentación de la Cancillería colombiana destacó dos ideas fundamentales, la primera dirigida a esclarecer la naturaleza del proceso de Cumbres de las Américas, y la segunda tendiente a señalar el nuevo rol que debe asumir la sociedad civil para el logro mancomunado de los compromisos internacionales.

En lo relativo al primer aspecto de la presentación, el doctor Reyes indicó que los mandatos resultantes en las declaraciones y planes de acción suscritos por los gobiernos en el marco del proceso de Cumbres de las Américas, no son tratados internacionales, sino que se trata de compromisos políticos, cuyo propósito es orientar a cada uno de los países del hemisferio acerca del camino a seguir para el logro de objetivos comunes.

Resultado de este proceso y prueba de la naturaleza política del mismo, es la Carta Democrática Interamericana, la cual resulta ser el mayor logro alcanzado por el Sistema Interamericano y una herramienta fundamental para la protección y consolidación de la democracia en las Américas, así mismo ha coadyuvado para fortalecer la presencia y capacidad de intervención de la comunidad internacional y en especial de la Organización de Estados Americanos, en la defensa de la institucionalidad, como por ejemplo, en los casos de Nicaragua, Perú y Venezuela.

En cuanto al papel de la sociedad civil, el doctor Reyes hizo referencia a la necesidad de "evolucionar" dicho papel y pasar de la vigilancia y monitoreo a la participación constructiva. Indicó los avances de la participación civil en este proceso multilateral y la reciente institucionalización de dicha participación, pero así mismo hizo énfasis en el importante rol que puede ejercer la ciudadanía en la ejecución de proyectos, esto ayudará a consolidar la relación entre Estado - Gobierno - Sociedad Civil.

Recalcó la importancia de incentivar la participación constructiva, en la cual la sociedad civil sea ejecutora y el Estado se encargue de la vigilancia, sin que ello quiera decir que la ciudadanía no pueda seguir aportando a través del monitoreo y seguimiento, lo importante es que la sociedad civil logre tener un papel mucho más inclusivo, especialmente en los países con marcadas diferencias, logre tener una vocería cada vez más fuerte y coherente y que dirija sus esfuerzos a encontrar soluciones y construir consensos; justamente, dicha transformación se ha buscado realizar a través del proceso de Cumbres de las Américas.

2. Presentación: Fortalecimiento de la Sociedad Civil - Eugenio Marulanda - Presidente CONFECÁMARAS.

La ponencia del doctor Eugenio Marulanda, representando las organizaciones civiles y al sector privado, consistió en una reflexión amplia sobre la tarea de la sociedad civil en la gestión de lo público, ya sea a través del control social y veedurías o en la definición y ejecución de las políticas públicas. Tres fueron los asuntos fundamentales de esta presentación: las formas de participación ciudadana; la capacidad operativa de las organizaciones ciudadanas y, la responsabilidad del sector público y privado en la promoción del activismo ciudadano.

En el primer tema, Colombia ha avanzado de manera significativa, incluso antes de la Cumbre de las Américas de 2003 y el punto definitivo para este progreso lo constituye la expedición de la Constitución de 1991 cuando se expidió una amplia normatividad específica para la participación, la representación de grupos minoritarios y otras normas en la vía de fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública de los intereses de sus propias comunidades. Sin embargo, el balance de los resultados de estos mecanismos no resulta tan alentador como el nivel de producción legislativa; los gobiernos (especialmente regionales y locales) han fallado por el desconocimiento de la normatividad, la falta de de voluntad política para convocar de manera decisiva y permanente a la ciudadanía en la gestión pública y de control social, y también, la legislación que regla la materia es demasiado amplia, dispersa y confusa al punto que es omitida por funcionarios, líderes y organizaciones.

El segundo punto tratado en esta presentación, se relaciona con las alternativas reales de que los grupos de la sociedad civil puedan participar e incidir en las decisiones públicas. Las dificultades para ello, además de lo señalado en el primer punto, tienen que ver con lo que el conferencista llamó capacidad operativa de de la sociedad civil; es decir, la cualificación mínima para ejercer el control social, así como los medios de financiación para continuarla. Según subrayó el doctor Marulanda, la capacidad de acción y el impacto de la sociedad civil es aminorada por el desconocimiento de los temas (especialmente sobre presupuesto y rentas públicos) y la disponibilidad limitada o intermitente de recursos para desarrollar las actividades de veeduría y cabildeo, que en Colombia provienen de la cooperación internacional o el sector privado y pocas veces son aportes estatales. Estos factores afectan la capacidad operativa y el trabajo coordinado de grupos de la sociedad civil y, en consecuencia, su influencia en la gestión de los gobiernos. A ello hay que adicionar los problemas de desarticulación de las iniciativas en los niveles regionales y locales, pues según se refiere en la exposición, hay varios grupos trabajando temas similares pero atomizados, disminuyendo la posibilidad de un impacto mayor.

Un elemento adicional retomado en la presentación, alude a la responsabilidad del sector privado. En este sentido, se identificó un compromiso de la empresa e industria para brindar apoyo logístico y financiero para adelantar proyectos, no sólo de participación y formación ciudadana, sino aquellos que mejoren la calidad de vida de las comunidades como la administración y provisión de servicios públicos.

Igualmente, en el marco de la reflexión, se formularon algunas sugerencias para desarrollar iniciativas que cualifiquen y preparen a las personas para el control social. Otra sugerencia planteada, tiene que ver con la urgencia de simplificar y fortalecer la normatividad sobre participación para estimular el activismo ciudadano y para evitar la atomización de esfuerzos, especialmente en los ámbitos local y regional, así como los lugares donde existe poca presencia institucional del Estado. También se estimó conveniente dotar de capacidad decisoria y de mayor representatividad de instancias como el Fondo para la participación y la democracia y el Consejo nacional de Planeación.

Para finalizar, en la presentación se dejó en claro que todas medidas institucionales para fortalecer la acción de la sociedad civil, deben estar acompañadas de estrategias sobre educación en el sentido de lo público; sin ello cualquier mecanismo novedoso podría desembocar en simple procedimiento.

3. Presentación: Libertad de Expresión - María Teresa Ronderos - Editora General Revista SEMANA, Directora de la Fundación para la Libertad de prensa.

Desde la perspectiva de los medios de comunicación y de la academia, la presentación de María Teresa Ronderos, puntualizó sobre los logros fundamentales y obstáculos identificados en materia de Libertad de Expresión en el país.

Refiriéndose al primer señalamiento, la conferencista invitada destacó el proyecto de protección a periodistas puesto en marcha durante el gobierno del presidente Pastrana, así como el cada vez mayor número de proyectos que reúnen a la academia, el sector público y privado para debatir y promover la Libertad de Prensa, como es el caso del proyecto Antonio Nariño de FESCOL. Sin embargo, varios fueron los factores señalados como obstáculos para la Libertad de Expresión. Estos, se pueden agrupar en factores referentes a la cultura institucional, al contexto social y político del país y al diseño normativo.

En términos de la cultura institucional, se mencionó el desconocimiento de las autoridades públicas acerca del papel de una prensa libre para la democracia. Actualmente, esta situación se refleja a través del permanente forcejeo entre prensa y autoridades públicas, especialmente en torno a la información que se define como confidencial o de seguridad para el Estado. En el mismo sentido, y resumiendo los problemas debidos al contexto del país, la doctora Ronderos indicó que existen condiciones como el monopolio sobre los medios de comunicación, la censura y dificultad para informar a raíz del conflicto armado, que condicionan y distorsionan la entrega de información a la opinión pública. En este caso, se constata uno de los mayores problemas del país y tiene que ver con lo que la ponente llamó "zonas informativamente apagadas"; es decir, aquellos territorios en los cuales los grupos armados controlan los medios de comunicación. Este es, quizá, una de las situaciones que más urgentemente requiere presencia institucional.

Por último, se hizo énfasis sobre las fallas de la estructura normativa que protege y regula el derecho de Libertad de Expresión. De manera reiterada, esta legislación está saturada por disposiciones y decretos que alteran la norma y la hacen confusa, pero además el tipo de penal de nociones como "calumnia" o "injuria" favorece la criminalización en el ejercicio de este derecho, lo cual hace especialmente difícil la tarea de periodistas.

Para finalizar, se hizo mención de algunas propuestas para optimizar el cumplimiento, por parte de Colombia, de los compromisos del Plan de Québec en el sentido de ajustar la normatividad sobre libertad de expresión a los estándares internacionales, promover el financiamiento de medios de comunicaciones locales para equilibrar el poderío que tienen los medios nacionales y educar a la opinión pública acerca de la Libertad de Expresión como un bien público.

4. Presentación: Acceso a la Información - Rosa Inés Ospina - Directora Transparencia por Colombia.

En la presentación elaborada por Rosa Inés Ospina, se destacaron aquellos avances legislativos que, incluso antes de la Cumbre de las Américas de 2001, daban al país un amplio repertorio para la promoción del derecho de Acceso a la Información, haciendo claridad que en aun no existe ninguna ley estatutaria particular sobre este derecho. Desde y después de este periodo se destacan el Decreto 2170 de 2002 sobre contratación estatal, la Resolución 5313 de 2002 que puso en operación el Sistema de Información sobre Contratación Estatal -SICE-, incitativas como la Agenda de Conectividad o gobierno en línea, los sistemas unificados de información del DANE, la Ley 812 de 2003 o Plan de Desarrollo del Presidente Álvaro Uribe que plantea la Estrategia de Renovación de la Administración Pública destinado para consolidar un sistema único de información sobre la calidad de la gestión pública y, por último, cabe anotar el Sistema Nacional de Evaluación que contempla indicadores básicos para evaluar el desempeño del gobierno.

Además de las anteriores, hay muchas iniciativas que apuntan a facilitar la entrega de información pública pero, según se concluyó en la presentación, hacen parte de esfuerzos no desarrollados plenamente o bien su seguimiento no está asegurado. Al respecto, se planteó la incitativa de una ley única sobre Rendición de Cuentas y Acceso a la Información, que permita unificar criterios sobre el uso de Internet, los estándares de la información que se entrega, las sanciones para quienes desconocen las peticiones de información, entre otros.

Adicionalmente, otro inconveniente se presenta en los indicadores que existen para evaluar al gobierno, pues no están desagregados de manera tal que reflejen la situación real, por ejemplo, en el cumplimiento de metas sociales de los gobiernos locales, ni la información se conoce en tiempo real, es desactualizada y persisten situaciones críticas como la dificultad para conocer lo que ocurre en el Congreso de la República. En este último caso, es difícil tener conocimiento sobre el curso de los proyectos de ley, las discusiones en comisiones y los acuerdos entre congresistas.

Por otra parte, los temas considerados de carácter confidencial no están definidos por un rango específico y esto se convierte en argumento constante para denegar el acceso a la información.

Experiencias interesantes existen en torno a la protección constitucional del derecho de acceso a la información, como es la figura del Derecho de Petición, que faculta a cualquier ciudadano para solicitar información y obtener respuesta en un periodo perentorio. Pero, de acuerdo a la exposición de la ponente, el derecho de acceso a la información fue el más tutelado entre el año 2000 y 2002, por el desconocimiento o rechazo al recurso legal mencionado.

En general, la serie de ejemplos que a primera vista presentan un panorama prometedor en términos de protección al derecho de acceso a la información, contrastan con el número y la efectividad de las leyes y estrategias puestas en marcha últimamente, concluyó la doctora Ospina. Sin duda, las condiciones en el manejo actualizado y unificado de la información pública ha mejorado y se ha modernizado; esto permite el control social de una manera más eficiente pero para que cualquier proyecto pueda desarrollarse y ser sostenible, es indispensable la responsabilidad y cambio en la conducta de quienes manejan la información. Esta es una modificación de largo plazo y compromete, no solamente al estado, sino que requiere una población interesada y conocedora de sus derechos y deberes. Desde luego, esta es una empresa que compromete a gobiernos, sector público y privado y fundamentalmente al sector educativo.

5. Presentación: Acceso a la Justicia - Temístocles Ortega - Presidente Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La presentación del doctor Ortega como representante de la rama judicial, giró en torno a la importancia de una adecuada administración de justicia para el régimen democrático, así mismo, hizo alusión a los principales obstáculos que a su juicio enfrenta el país para dar cumplimiento a los compromisos de Québec en materia de justicia, posteriormente indicó algunos avances en esta materia y finalmente formuló algunas recomendaciones.

El ponente inició su exposición aludiendo al hecho afortunado de haber pasado de una época en la cual la justicia era un tema de carácter marginal, a un período en el cual esta se ubica como centro de la discusión nacional e internacional y el perfeccionamiento en la administración de justicia se inscribe como un compromiso fundamental a ser asumido por cada uno de los gobiernos. Esto se deriva precisamente por la relación que existe entre democracia y Estado de Derecho, para permitir la plena participación y el bienestar del conglomerado social, se hace necesario un sólido sistema de justicia que sea capaz de resolver los problemas entre particulares, pero que también logre controlar a los agentes estatales, pero esa búsqueda de recomposición del sistema jurídico debe estar acompañado de la ciudadanía, hoy los conflictos jurídicos (choque de trenes) ya no pueden ser dirimidos solo por los actores que conforman el sector, sino que se necesita del trabajo propositivo de la sociedad civil y el Congreso.

En lo referente a los principales obstáculos que presenta el tema de acceso a la justicia en Colombia, el doctor Ortega hizo hincapié en la importancia de mantener el concepto de autonomía de la rama judicial, esto principalmente porque la fusión del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia resulta alejada del propósito de los compromisos del Plan de Québec; puesto que cada una de estas entidades contiene competencias muy claras y específicas que están siendo relegadas en el tema de justicia y que por ende inciden en el adecuado desarrollo de políticas conducentes a garantizar el acceso equitativo a una justicia independiente. De igual manera, el ponente enfatizó el problema de escasez de recursos para el buen funcionamiento del sistema judicial, así como la necesidad se desligar el manejo de presupuestal del gobierno, por aquello de "Quien pone la plata pone las condiciones".

En cuanto a los avances en materia de acceso a la justicia, señaló la enorme importancia que representa la próxima implementación de un sistema acusatorio que introduce el principio de oralidad, poco afianzado en el país, catalogada como la gran reforma judicial, sin embargo dicha reforma aún debe enfrentar grandes retos como por ejemplo perfeccionar la formación de abogados, aumentar los recursos financieros y humanos, en especial el número de jueces, como también expedir nuevas normas en contra de la congestión judicial.

En lo referente a logros prácticos se ha avanzado en el fortalecimiento de los mecanismos de administración de justicia entre pueblos indígenas mediante la formación de autoridades indígenas judiciales, así mismo, se han desarrollado programas de descongestión judicial en donde sobresalen las Casas de Justicia, en otro de los temas en donde se registran avances es en el tema de independencia judicial, medido por el sistema de selección de candidatos a las magistraturas y jueces por medio de concurso, la incorporación de mujeres en altos cargos de la rama, el adecuado trabajo de la Escuela Judicial Lara Bonilla y la inexistencia de casos de magistrados que hayan sido desvinculados de sus cargos por razones políticas, étnicas o religiosas.

Finalmente, el doctor Ortega realizó cuatro recomendaciones fundamentales para que el país pueda asumir los compromisos en materia de justicia:

· Determinar el papel que el Estado colombiano le asigna a la justicia, para así reajustar el porcentaje presupuestal que requiere la rama judicial, en especial cuando la demanda de justicia va cada día en aumento.

· Acercar la justicia a la comunidad a través del incentivo de programas de justicia comunitaria.

· Recuperar la autonomía del Ministerio de Justicia. Colombia requiere un ministro interlocutor entre gobierno, Congreso y el sector judicial.

6. Presentación: gobierno local y descentralización - Jaime Castro - Ex alcalde de Bogotá y Ex - Constituyente.

La exposición de Jaime Castro como analista político y experto en el tema de la descentralización se basó primordialmente en el análisis de los desarrollos legales y prácticos que ha tenido este proceso en Colombia después de la promulgación de la Constitución de 1991; enfatizando los vacíos referentes a la promoción de la participación ciudadana relacionados directamente con los compromisos del Plan de Québec.

En primer lugar hizo referencia a la profundización de la descentralización a partir de la Carta de 1991 como una reforma audaz que introdujo y/o amplió medidas como la elección popular, autonomía territorial y sistema de transferencias; sin embargo 20 años después el balance es desolador. Después de 1991 no ha habido un desarrollo importante en esta materia, se ha estancado el proceso y se cree que ya se hicieron todas las reformas necesarias.

Aún así, el poder del Estado continúa concentrado en manos de instancias nacionales, "descentralización en el poder político del Estado no ha habido", el doctor Castro señaló que dicho freno se produjo ante la toma de conciencia de sectores a nivel nacional de la posibilidad de perder su poder político; de igual forma, los resultados en materia de descentralización administrativa no son los que el país esperaba, continúan las deficiencias en materia de educación y salud; los gobiernos locales y departamentales continúan en manos de sectores tradicionales, de viejos partidos y cuando llegan nuevos sectores políticos, estos asumen los vicios de los partidos tradicionales, el clientelismo, la corrupción, el nepotismo no ha desaparecido e incluso algunos manifiestan que se ha incrementado gracias a la descentralización.

En segundo lugar, hizo referencia explícita a los escasos avances en el tema de descentralización política, señalando que la falla se ha concentrado en que hemos olvidado que la descentralización es una empresa de carácter político y que debe apoyarse en principios democráticos y en una efectiva participación ciudadana, "hemos tratado de hacer descentralización sin pueblo, sin sociedad civil, sin partidos".Esto demuestra que lo que se ha priorizado en el proceso de descentralización es la variable fiscal, la descentralización es solo un instrumento para conseguir solo el saneamiento fiscal, hoy el responsable de la descentralización es el Ministerio de Hacienda y no el Presidente o el Ministerio del Interior.

Prueba de ello, es un reciente estudio realizado por un investigador francés para su tesis de doctorado, cuyo argumento central es que de 47 decisiones normativas y legales que se generaron en el país entre 1991 y 2002 en torno al proceso de descentralización, solo 4 hacen referencia a temas políticos directamente relacionados con la participación; todo ello demuestra que el acento se ha puesto en el tema fiscal y administrativo, que sin duda son necesarios pero que no deben convertirse en las prioridades, como lo demuestra el acto legislativo 01 de 2003 directamente relacionado con los postulados del Consenso de Washington que subordina la política a la economía. Por tanto, las recomendaciones deben ser principalmente enfocadas a reestablecer el aspecto político de este proceso.

Intervención Moderador: Arlene Tickner - Profesora Titular Departamento de Ciencia Política - Universidad de los Andes.

Su intervención quiso enfatizar que la "participación constructiva" de la sociedad civil aludida por el doctor Camilo Reyes - Vicecanciller, no depende solamente del fortalecimiento de esta esfera política, sino que también requiere de un andamiaje apropiado del Ministerio de Relaciones Exteriores, que le permita recibir los aportes provenientes de la sociedad civil y diseminarlo a lo largo de las diferentes instituciones de gobierno, así como propender por el mantenimiento de la comunicación entre gobierno y sociedad civil, lo cual logre afianzar dicha participación. De igual forma, señaló que para lograr esa ansiada participación es imperativo realizar una difusión mucho más amplia de los compromisos y de las herramientas internacionales asumidos por el gobierno colombiano, de lo contrario poco se avanzará en esta vía.

Preguntas de los participantes

Germán Ruiz - Profesor Departamento de Ciencia Política.

¿El nuevo aire en el tema de la descentralización y su énfasis político tiene relación directa con una eventual salida política al conflicto armado?

Rta/ Jaime Castro: El tema de la descentralización y paz es fundamental, creo que es el precio para la paz, precio muy bajo si logramos la reinserción a cambio de crear unos escenarios para que pongan sus proyectos políticos conquistando el poder por la vía democrática, se deben generar esos escenarios pero no sería atractivo si tuvieran que llega a ejercer la autoridad legítima en entidades territoriales quebradas y sin autonomía, por el contrario sería muy atractivo tenerla con entidades fortalecidas, con las FARC hay que hablar de poder territorial y reforma agraria.

Juan Fernando Londoño - Consultor OEA

¿Qué grado de conocimiento tienen los diferentes Ministerios y entidades de gobierno sobre los compromisos internacionales?

Rta/ Arlene Tickner: Yo participé en la primera ronda de este proyecto de PARTICIPA, en la cual sondeamos a diferentes oficinas de relaciones internacionales de los ministerios, acerca de los compromisos internacionales y hubo un escaso conocimiento de dichos acuerdos, existe una ausencia de mecanismos de coordinación que deberían partir del Ministerio de Relaciones exteriores, que debería concentrar los esfuerzos en torno a los compromisos internacionales que asume el gobierno.

Rta/ Rosa Inés Ospina: No tiene ningún sentido este esfuerzo internacional, si no significa nada para los funcionarios y la sociedad civil, el nivel de desconocimiento es bastante grande, un ejemplo crítico del desconocimiento de la ciudadanía acerca de los compromisos internacionales lo constituye la Convención Anticorrupción de la OEA, el programa presidencial de lucha contra la corrupción no ha hecho una divulgación adecuada de cómo salió calificado por el Comité de Expertos y cuáles fueron sus recomendaciones.

Rta/ Luisa Fernanda Borras - Miembro del Grupo de Trabajo de EE.UU, Canadá y Cumbres de las Américas de la Cancillería: La Cancillería y la Oficina de Cumbres ha trabajado en preguntarle a cada Ministerio cuáles han sido los avances en torno al cumplimiento de los compromisos, el Ministerio de educación, Comercio, del Medio Ambiente nos han enviado información, la cual se encuentra recopilada en el documento: Informe Nacional de Seguimiento de Cumbres, ningún Ministerio tiene una recopilación completa, ello sería una propuesta interesante.

Carlos Garzón - Secretario General Consejo Nacional de Planeación.

A pesar que la Constitución de 1991 avanzó en cuanto a descentralización administrativa, los desarrollos legales posteriores en lo fiscal, están haciendo reducir el margen de maniobra de las entidades territoriales, la estructura normativa no es suficiente para garantizar la participación, en cuanto al tema de ordenamiento territorial se sigue duplicando competencias que impiden el desarrollo de ala autonomía, se debe revisar la relación de las competencias de municipios y departamentos.

Intervención Jaime Castro: estoy completamente de acuerdo no ha habido avances, la 715 da menos autonomía a los gobiernos que la que tenía con la ley 60, la 617 es una ley de monitoria fiscal.

PROPUESTAS MESAS DE TRABAJO

1. ACCESO A LA INFORMACIÓN

· Difundir y estimular la utilización de mecanismos de acceso a la información

· Reunir las leyes que establecen reservas en el acceso a la información pública, para que sean conocidas de manera clara. El propósito es evitar negativas injustificadas frente a demandas de información.

· Debatir ampliamente y definir claramente el concepto de lo público, como sustrato de aquello que se entenderá y consignará en normativas o requerimientos de información de carácter público. Hacer claridad al respecto, especialmente cuando las entidades privadas manejan información pública.

· Generar comportamientos responsables, vía sanción - estimulo, en los funcionarios e instituciones que den información desviada o incompleta.

· Incluir, en las leyes electorales, mecanismos más eficientes y completos de información sobre la financiación de las campañas electorales y las inhabilidades de los candidatos, así como de las personas que ocupan cargos públicos.

· Garantizar la independencia de las instituciones que manejan la estadística nacional. Por ejemplo mejorando sus presupuestos y seleccionando personal altamente cualificado.

· Promover un proyecto legislativo para un Ley Estatutaria de Rendición de cuentas y Acceso a la Información.

· Informar a la opinión pública y hacer seguimiento de los resultados, penalidades, avances del país en acuerdos internacionales y/o convenciones.

2. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

· Estimular y defender el pluralismo informativo, especialmente impidiendo la monopolización en la propiedad de los medios de comunicación.

· Establecer criterios objetivos para la distribución de la pauta oficial, acorde con los lineamientos internacionales. Especialmente para los periódicos y medios locales.

· Vigilar el respeto de las condiciones laborales de quienes ejercen el periodismo.

· Educar a las "fuentes", especialmente a los sectores más reticentes a informar como las fuerzas militares y a funcionarios.

· Crear una instancia de alto nivel político que centralice, conozca y actúe en los casos de amenazas a periodistas.

· Desestimular el establecimiento de requisitos para el ejercicio de actividades periodísticas.

3. ACCESO A LA JUSTICIA

Fortalecimiento del aparato judicial:

· Realizar una mayor asignación de recursos presupuestales al sector justicia.

· Generar equidad entre los organismos del aparato judicial, reflejado especialmente en la desigualdad existente entre la fiscalía y la defensa pública.

· Fortalecer el sistema acusatorio mediante la extensión de la oralidad a todos los procesos judiciales.

· Potencializar el uso de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.

· Recuperar la autonomía del Ministerio de Justicia, Colombia necesita de un ministro interlocutor entre gobierno, Congreso y el sector judicial.

Educación ciudadana.

· Instituir programas amplios y permanentes de educación sobre derechos y deberes ciudadanos, que instruyan a la ciudadanía acerca de su derecho de acceso a la justicia, como también sobre las instituciones encargadas de suministrar asistencia jurídica.

Rendición de cuentas

· Implementar la rendición de cuentas del sector justicia a través de la rendición de informes de gestión.

· Implementación efectiva del Consejo de Justicia penal criminal.

· Mejoramiento en el proceso de selección de jueces y magistrados, el cual incluya a la sociedad civil.

4. Fortalecimiento de la sociedad civil.

Desde de la Sociedad Civil

· Estimular la participación ciudadana, lo cual supone desarrollar pedagogías para demostrar que la participación ciudadana tiene efectos importantes en la gestión pública. Es una función que corresponde principalmente a los gobiernos.

· Diseñar estrategias de comunicación y educación a la ciudadanía, que tengan en cuenta:

a. Las particularidades sociales, económicas y culturales de las regiones

b. Los territorios nacionales con débil presencia institucional del estado

· Vinculación activa con la agenda y proceso internacionales.

Desde el Estado

· Estimular y fortalecer la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas en todos los niveles de gobierno y no únicamente en proyectos aislados.

· Dotar de capacidad de decisión al Consejo nacional de Planeación, y/o los espacios institucionales donde concurre la participación y opinión de las organizaciones civiles.

· Promover la apertura de la gestión gubernamental hacia la participación de la sociedad civil, convocándola de manera permanente y sancionando la omisión de los gobernantes que omiten ese requisito de consulta con la opinión pública en las decisiones que les impliquen.

· Propuestas construidas y ejecutadas de manera coordinada, sin duplicar o crear más instancias para evitar la atomización de esfuerzos.

· Asignar presupuesto para la participación o estimular al sector privado para que, a través de fiducias, contribuya al financiamiento de proyectos de participación ciudadana.

· Formar a la ciudadanía en materias de control social: rentas públicas, contratación estatal, financiación del gasto.

5. Gobierno local y descentralización

· Generar cultura política a través del fortalecimiento de células básicas de participación, tales como asociaciones juveniles y comunitarias.

· Repensar el tema de la planificación, dar fuerza a la perspectiva local y no como tradicionalmente se realiza la planificación desde una postura nacional hacia lo local.

· Involucrar nuevos actores en la generación de cultura política, tales como los medios de comunicación y la academia.

· Reformular instrumentos legales que complejizan aún más el proceso participativo.

· El proceso de descentralización debe tocar todas las instancias de decisión, debe ser transversal para el Estado y no quedar en manos solo de algunas instancias de gobierno.

· Definir claramente la distribución de competencias para cada una de las entidades territoriales.