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| 4/28/2003 12:00:00 AM

Galimatías

Las normas que regulan la contabilidad en Colombia son confusas, obsoletas y contradictorias. La adopción de estándares internacionales a partir de 2005 será un reto para las empresas del país.

Araiz del escandalo Enron en el mundo entero se puso en entredicho la contabilidad, su capacidad de reflejar la realidad económica de las empresas y se cuestionó la efectividad de las firmas de auditoría y revisoría fiscal. Esta preocupación se ha extendido a Colombia, donde el tema tiene un ingrediente adicional: a partir de 2005 el país tendrá que adoptar estándares internacionales de contabilidad según disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Después de los escándalos internacionales la contabilidad dejó de ser un asunto que interesa únicamente a los contadores o auditores para convertirse en una responsabilidad de las empresas y también del Estado. Esta discusión se torna más relevante en momentos en que el mundo se prepara para dar un paso crítico en la integración del comercio global: la adopción de un estándar único de contabilidad que lo rija. La OMC y el Area de Libre Comercio de las Américas (Alca) disponen que a partir de 2005 todos los países deben contar con normas acordes con los estándares internacionales de contabilidad (IAS, por su sigla en inglés).

En la práctica esto significa que, a partir del año 2005, las compañías colombianas que quieran participar en los principales mercados financieros del mundo, gestionar créditos con bancos internacionales o hacer negocios en el exterior tendrán que manejar su contabilidad conforme a los estándares IAS. "La idea es crear un idioma contable único que permita a los inversionistas de cualquier país entender y comparar la realidad económica de cualquier empresa mediante sus estados financieros", dice el presidente de Price Waterhouse Coopers, Eduardo Calero.

Obsoletos

El reto que enfrentan las empresas colombianas es inmenso, comenzando porque no existen criterios uniformes de contabilidad dentro del país. Los principios aceptados en Colombia -Ley 43 de 1990 y el Decreto 2649 de 1993- se establecieron con base en prácticas que estaban vigentes hace más de 20 años. Pues bien, la evolución de las empresas generó múltiples situaciones y hechos económicos cuya interpretación contable no está contemplada en las normas. Para cubrir esos vacíos la Dian y las superintendencias comenzaron a legislar cada una por su lado mediante resoluciones y circulares. Ahora cada una tiene distintas exigencias de acuerdo con la interpretación que le han dado a la Ley. "El resultado es un caos normativo en materia contable, una maraña de normas incoherentes y contradictorias", dice el superintendente de sociedades, Rodolfo Daníes Lacouture.

El caso de los ajustes por inflación es bastante diciente. El Decreto 2649 de 1993 estableció que éstos deberían aplicarse a los activos no monetarios de las empresas, como inventarios, plantas y equipos. Hoy en día algunas entidades, como la Superbancaria y la Supervalores, no los aplican, pero la Supersociedades y la Dian los siguen exigiendo.

Para entender lo absurdo que es esto basta con mirar el caso de Ecopetrol. En 2001 la empresa había aplicado ajustes por inflación. La consecuente corrección monetaria le generó utilidades adicionales por 364.000 millones de pesos ese año. En 2002 dejó de aplicar los ajustes, por orden de la Contaduría General de la Nación, y por lo tanto sus ganancias se redujeron en esa magnitud. Lo que no tiene sentido es que, mientras empresas públicas como Ecopetrol dejan de calcular la corrección monetaria, las compañías privadas sí lo siguen haciendo (las regula otra superintendencia). Y la Dian, por su parte, ordena los ajustes a todas las empresas, para que den más ganancias y así poder cobrar más impuestos.

La consolidación de estados financieros es otra fuente de discordia. No existen en el país parámetros claros y únicos para consolidar las cifras de las empresas filiales o subordinadas que pertenezcan a una matriz, lo que se presta para múltiples interpretaciones, que en muchos casos afectan a las propias compañías.

En el tema de franquicias se han presentado los más recientes enfrentamientos entre los empresarios y las entidades de vigilancia, pues éstas últimas se niegan a aceptarlas dentro de las cuentas que generan valor a las compañías. También el registro de intangibles, como el good will, es uno de los que más genera conflictos ya que en algunos casos se usa esta partida para 'inflar' activos y mostrar una situación que no corresponde a la realidad.

"Las múltiples exigencias de las diferentes entidades de vigilancia y control han obligado a las empresas a especializar a sus contadores en la elaboración de informes, dependiendo de quién los pida", dice el asesor de la Superintendencia de Valores y experto en el tema, Samuel Mantilla. Así las cosas, una misma empresa que emita bonos, preste servicios públicos y eventualmente realice algún tipo de negocio financiero tiene que presentar tres balances diferentes a las superintendencias de Valores, Servicios Públicos y Bancaria.

Quizá por ese anacronismo de las normas es que 99 por ciento de las empresas que entraron en Ley 550 en los últimos tres años tuvieron errores en sus balances. Según la Superintendencia de Sociedades, de las 772 compañías admitidas en este proceso, que busca lograr acuerdos de reestructuración de deudas para sacarlas a flote, solamente el 1 por ciento de ellas tenían información correcta al detalle y estados financieros al día.

Proyecto en camino

Aunque estos problemas no son nuevos y los gremios de contadores vienen discutiendo su solución desde hace más de 20 años, existe ahora un comité para la revisión de las normas contables en el que tienen asiento ocho entidades públicas: las superintendencias de Sociedades, Bancaria y Valores, los ministerios de Hacienda y Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, la Dian y la Contaduría General de la Nación.

La idea de este comité es acordar el texto de un proyecto de ley que desarrolle las reformas pertinentes antes de que finalice el año 2003. El grupo trabaja en una propuesta que plantea cambios importantes en los temas de contaduría y auditoría y que promueve el cumplimiento de normas internacionalmente aceptadas por los países que hacen parte de la OMC.

"El propósito es no sólo estandarizar las normas contables del país sino, además, promover cambios desde la academia en la formación de los contadores y avanzar hacia un concepto más integral en el que los administradores de las empresas estén más involucrados con el tema contable y no se le deje esta responsabilidad a una sola persona", dice el superintendente de Sociedades. El beneficio sería muy notorio para las empresas con negocios internacionales o para aquellas interesadas en recibir inversión extranjera.

De acuerdo con el contador general de la Nación, Jairo Alberto Cano Pabón, el sector público va mucho más adelante que el privado en la armonización de sus normas contables. "Hay 20 estándares internacionales básicos que el sector público debe adoptar en materia contable, y Colombia encaja en 17 de ellos", dice Cano, para quien las prioridades deberían ser mejorar la transparencia y profesionalizar las juntas directivas.

Los códigos de buen gobierno exigidos por la Superintendencia de Valores son un paso importante en ese sentido. Ya hay una norma que obliga a las empresas que quieran emitir bonos y acciones en el mercado de capitales a redactar y aplicar códigos de gobierno corporativo. No obstante, el proyecto de ley del mercado de capitales, que también busca mayor transparencia en los estados financieros, la protección al accionista minoritario y el buen gobierno empresarial, todavía no ha sido aprobado por el Legislativo.

Por ahora el reto es adoptar estándares internacionales de contabilidad. De eso depende que las empresas colombianas que aspiran a tener acceso a los mercados de capitales internacionales, en busca de un mayor crecimiento y oportunidades de capital financiero, logren hacerlo.

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