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| 11/24/2003 12:00:00 AM

Hospitales en camilla

La crisis que viven los hospitales públicos del país comenzó desde mucho antes de la reforma a la Ley 100.

Hospitales en camilla Los hospitales a cargo de Bogotá y de otras ciudades demuestran que la Ley 100 es una oportunidad para salir adelante.
finales de los 80 y comienzos de los 90 los grandes hospitales del país solían entrar en el segundo semestre del año en una crisis económica que los llevaba a suspender los servicios con el fin de presionar al gobierno para que les diera una adición presupuestal, algo que llegaba más temprano que tarde, pues políticamente los ministros, gobernadores y alcaldes podían aguantar todo, menos el cierre de un hospital. Este proceso, que fue llamado por el entonces ministro de Salud, Juan Luis Londoño, como los famosos septiembres negros, mes en el que usualmente empezaban los paros y cierres, se sigue presentando.

La crisis en la que está la mayoría de los 1.100 hospitales públicos, en especial los 48 más grandes y de mayor complejidad, empezó desde antes de la Ley 100, pero para muchos ésta las profundizó.

Muchos no entienden cómo mientras que el gasto público en salud ha aumentado de manera importante en los últimos años, paradójicamente las huelgas en los hospitales son reiterativas. Antes de la implementación de la Ley 100 se trabajaba con un esquema de subsidios a la oferta, en el que el Estado destinaba un monto fijo a cada uno de los hospitales para su sostenimiento. La Ley 100 pasó esos recursos a la demanda, es decir, contra el pago de servicios prestados a los usuarios. En otras palabras, los puso a competir en igualdad de condiciones con los privados sin tener la infraestructura ni las condiciones para hacerlo. Primero se requería una reestructuración y un ajuste paulatino.

Además, en vista del número de cambios y funciones que les dio la ley a los hospitales, las plantas de personal se vieron incrementadas en número y en costos durante los primeros años de la reforma, frente a unos recursos que no crecieron o que incluso disminuyeron para la mayoría de entidades, ya que muchas EPS o ARS enviaron a los afiliados a sus propios hospitales y clínicas.

Además de estos problemas no ha existido la voluntad política del gobierno central, ni de los gobernadores y alcaldes de hacer los ajustes que ordena la ley. Por eso, en este momento el país está duplicando el gasto en salud, pues se pagan subsidios a la demanda y a la oferta.

Para superar definitivamente las crisis continuas, se requiere de un ajuste profundo, en el que necesariamente se deberán cerrar y fusionar hospitales, ajustar las plantas de personal y mejorar la eficiencia. Superar los esfuerzos realizados.

En este momento el Ministerio de Protección Social adelanta un proceso de reestructuración para ayudar a los hospitales en mayores dificultades o que lo soliciten. En los próximos años se gastarán más de 350.000 millones de pesos para ajustarlos. Lógicamente esta no será la solución definitiva.

La reforma no es sólo una amenaza sino una oportunidad. Los hospitales que pertenecían al Distrito y que estaban en una situación similar a la del resto del país, han visto una profunda transformación. Durante las últimas tres administraciones fueron reestructurados, algunos fusionados, y hoy trabajan bajo el esquema de redes, en el que cada uno se ha dedicado a hacer lo que sabe y ha logrado encontrar su espacio natural para sobrevivir. El proceso ha sido duro, pero es una muestra de que con decisión política los hospitales tienen futuro.

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