LA HORA CERO

El pasado viernes 18 de octubre empresarios e inversionistas de Cartagena a Bogotá, de Palmaseca a Barranquilla, de Rionegro a Cúcuta quedaron nuevamente plantados en el altar esperando en vano la expedición de un decreto que lleva más de dos años en capilla. No es cualquier decreto. Ni más ni menos es el estatuto que fijará las reglas de juego de aquí en adelante para las zonas francas, consideradas por muchos las áreas de mayor potencial de desarrollo futuro en el país.Parecía un hecho la firma por parte del presidente Ernesto Samper, antes de su viaje al Lejano Oriente, y su rápida promulgación. Todos estaban de acuerdo. Los Ministerios de Comercio Exterior y Hacienda, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales _DIAN_ y la Presidencia. Pero de aquello, nada. Cuestiones jurídicas postergaron su firma. Es el más reciente episodio de un rosario de indecisiones que ha tenido en vilo a los usuarios e inversionistas de las zonas francas. Para algunos, el tan ansiado decreto puede significar el verdadero despegue de esas zonas; para otros puede ser su entierro. Unos temen que sea un paso atrás en la política de apertura. Otros que se les otorgue demasiadas ventajas a los usuarios y por ende se termine maltratando a los productores nacionales. Desde su inicio, el gobierno actual ha buscado fórmulas para resolver las diferencias entre los dos bandos y sacar adelante la reglamentación de las zonas, una de sus prioridades. Es importante recordar que el presidente Samper, en su calidad de ministro de Desarrollo de la administración de César Gaviria, se considera el padre de la Ley Séptima que fijó los parámetros y normas que rigen esas áreas. La disputa no es de poca monta. Desde 1991, cuando se permitió la creación de zonas francas privadas y se inició la privatización de las públicas, han aumentado exponencialmente los usuarios e inversionistas. Rionegro en Antioquia, el Pacífico en el Valle, La Candelaria en Cartagena y la zona franca de Bogotá son prueba fehaciente del interés que existe en aprovechar esos centros de negocios. Persiste, sin embargo, una cierta cautela debido a la incertidumbre que rodea la reglamentación final de las zonas francas. SEMANA conoció pormenores de la negociación entre el gobierno y la empresa privada y entre las diferentes entidades estatales y los principales puntos del decreto sobre los cuales ya hay un acuerdo.Un poco de historiaLas zonas francas nacieron en 1958 con el principal atractivo de ofrecer exenciones arancelarias a los usuarios, pero al mismo tiempo tenían restricciones como el pago del impuesto de renta y la no repatriación de utilidades. Eran manejadas por el sector público: en algunos casos el 91 por ciento de los gastos eran de funcionamiento. En 1985, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, salió una nueva legislación, en la cual se establecía una exención de impuestos, libertad cambiaria y régimen especial de inversión. Sin embargo se prohibió vender en el mercado local por el temor de que se incrementara el contrabando. Un nuevo giro ocurrió en 1991 cuando se crearon zonas francas privadas y se permitió acceso al mercado local. Con esa legislación, nuevos inversionistas incursionaron en las zonas francas privadas confiados en la rentabilidad del negocio. Pero la venta de espacios por parte de los usuarios operadores no anduvo tan rápido como esperaban al principio e hicieron lobby ante el gobierno con el fin de que se les mejoraran las condiciones. Buscaban dos cosas básicamente: la utilización total de las zonas francas para actividades comerciales _lo cual había quedado expresamente prohibido por la Ley Séptima_ y la no inclusión de compromisos de exportación. Mejor dicho, que no se obligara a los usuarios a vender al exterior un determinado porcentaje de sus mercancías. Aunque en la administración Gaviria se adelantaron los primeros estudios técnicos, la verdadera discusión se llevó a cabo entre empresarios y el gobierno actual. De entrada hubo desacuerdos. El gobierno consideró irreal la propuesta de permitir a los usuarios de las zonas francas realizar actividades comerciales en el ciento por ciento de su área. Sería, afirmaba, darle vía libre al contrabando. Además, uno de los objetivos de las zonas es crear incentivos a la exportación ya que esta actividad productiva genera empleo y valor agregado. El potencial generador de empleo de la actividad comercial es prácticamente nulo. De igual manera, el gobierno estaba empeñado en fijar un compromiso mínimo de exportación. A pesar de las continuas reuniones entre los dos lados y los intentos de concertación no fue posible inicialmente romper el impasse. El tema se volvió casi inmanejable. Los empresarios acudían incluso a la Presidencia para presionar a los otros ministerios a cambiar de parecer, causando malestar entre los negociadores oficiales. Al final de la gestión del ministro de Comercio Exterior, Daniel Mazuera Gómez, se llegó incluso a tener un borrador de decreto listo, sin embargo quedó en el tintero. Aparentemente el Ministro, consciente de que su salida del gobierno era inminente, prefirió abstenerse de sacar el decreto en ese momento. No quiso meterle la mano a un asunto tan polémico.Cambio de frenteLa reglamentación de las zonas francas se congeló por un tiempo. Hace seis meses se intentó un nuevo acercamiento entre la empresa privada y el gobierno. Pero las posiciones seguían distantes. El gobierno pretendía establecer un compromiso rígido de exportar del 70 por ciento, ya que el promedio ponderado de ventas al exterior era de 75 por ciento. Se llegó a un acuerdo: el compromiso se fijaría en función de los beneficios. Este, sin embargo, se fue al piso al producirse un enfrentamiento entre el ministro Morris Harf y su viceministro Alfonso Llorente, el negociador principal del gobierno, ya que el primero no compartía esa concesión y desautorizó a su subalterno. Ese fue uno de los motivos de la posterior renuncia de Llorente. A partir de ese momento quedó claro que el gobierno no iba a ceder en ese punto y la discusión se redujo a definir el porcentaje. El Ministerio de Hacienda insistió hasta hace poco que fuera 60 por ciento, aunque finalmente aceptó el 30 por ciento. Según la versión actual del decreto, que tiene el visto bueno de ambos ministros, los usuarios deberán vender como mínimo esa cantidad a partir del tercer año de la declaratoria de la zona franca. Los críticos de esa medida, como Abraham Ibarra, un inversionista y usuario, y Roberto Bossa, director de Zonas Francas de la Andi, dicen que establecer un compromiso de exportación va en contra de los principios que rigen hoy en el mundo. Sostienen que esas restricciones ya no existen en Taiwan, Malasia y Estados Unidos, entre otros. Ibarra, en un discurso pronunciado hace dos semanas, destacó que la Organización Mundial de Comercio, de la cual Colombia es miembro, prohíbe porcentajes de exportación y exige que en 2003 ningún país los tenga.Pablo Vallejo, director para el Desarrollo del Intercambio del Ministerio de Comercio Exterior, dice que con ese mecanismo se busca crear una cultura exportadora en el país y resalta que si "Malasia, Taiwan y Hong Kong la tuvieron, por qué no Colombia. El compromiso es de alguna manera insignificante ya que todas las zonas francas que operan actualmente en Colombia exportan mucho más. Rionegro, por ejemplo, vende el ciento por ciento de su mercancía al exterior".Reconoce que es una medida temporal y que al igual que el Plan Vallejo deberá ser desmontada para 2003. Pablo Vallejo es hijo de Joaquín Vallejo Arbeláez, autor del Plan Vallejo. En el otro tema álgido, el gobierno accedió permitir la actividad comercial en el 25 por ciento del área de las zonas francas. Aunque los empresarios hubieran preferido un porcentaje más alto, quedaron satisfechos. Después de meses de toma y dame, de advertencias apocalípticas, de agrios enfrentamientos verbales, de medidas drásticas, se avecina la promulgación del estatuto de las zonas francas. No todos lo recibirán con algarabía. Como cualquier negociación, las concesiones estuvieron al orden del día. Pero en general los usuarios e inversionistas se deben dar por bien servidos. Propuestas como eliminar la exención de impuestos para la redistribución internacional de mercancía o la imposición de multas del orden de 5.000 salarios mínimos mensuales, alrededor de 710 millones de pesos, fueron descartadas. Aunque tendrán que cumplir con compromisos de exportación, el porcentaje requerido es mucho menor de lo que inicialmente se iba a exigir. Ahora sólo falta esperar a que el borrador de decreto no sufra modificaciones sustanciales de último momento. No hay que olvidar que en Colombia muchas veces los decretos de la noche no son los mismos de la mañana siguiente. nEl decreto en síntesis_ En Colombia hay cinco zonas francas en vías de privatización _Barranquilla, Cartagena, Palmaseca, Santa Marta y Cúcuta_ y cinco privadas _Rionegro, La Candelaria, Bogotá, el Pacífico y Quindío_.- Las zonas francas deben ser continuas y no inferiores a 20 hectáreas y tendrán una duración máxima de 30 años. _ El usuario operador deberá constituir dos garantías bancarias con vigencia de tres años más el término de declaratoria de la Zona Franca por un valor de 5.000 salarios mínimos mensuales._ Hay seis tipos de usuarios: el operador, el desarrollador, el industrial de bienes, el industrial de servicios, el industrial de servicios tecnológicos y el comercial._ Los usuarios comerciales no podrán ocupar en conjunto un área superior al 25 por ciento del área total de la respectiva Zona Franca. Estos usuarios no podrán realizar operaciones de venta o distribución de mercancías al detal._ Los usuarios deberán vender a los mercados externos el 30 por ciento como mínimo del valor de las ventas anuales a partir del tercer año de la declaratoria de la Zona Franca. _ Los establecimientos de crédito, sometidos a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, podrán vincularse a las zonas francas sin derecho al régimen franco._ Se autoriza el ingreso de servicios tecnológicos. _ El usuario operador deberá contratar una auditoría externa con una empresa de reconocido prestigio, la cual revisará por lo menos una vez al año los inventarios de los usuarios. Los informes serán remitidos al Ministerio de Comercio Exterior y a la Dirección de Impuestos Nacionales._ Los usuarios deberán llevar a cabo una completa sistematización de sus operaciones.