Especiales Semana

LA HUELLA DEL ELEFANTE

Balance de SEMANA sobre el gobierno que termina.

10 de agosto de 1998

Una buena parte de los colombianos piensa que el próximo 7 de agosto termina el gobierno más catastrófico de la historia. En este sentimiento hay algo de inmediatez. Al final de casi todos los gobiernos la gente le achaca al Presidente la totalidad de los males. En un gobierno que nunca pudo salir del escándalo esta percepción es más intensa. ¿Qué tanto de realidad hay en esta apreciación? Todos los escándalos políticos son secundarios frente a las realidades económicas. El bolsillo pesa más que los titulares de prensa. Y lo que nadie puede discutir es que el bolsillo de los colombianos está muy mal. Para no mencionar sino algunas cifras, durante el gobierno de Samper la tasa de desempleo se duplicó. Pasó de 7,6 por ciento a 14,5 por ciento, uno de los niveles más altos desde que se usa este indicador. Eso quiere decir que en Colombia existen hoy, sólo en las principales ciudades, cerca de un millón de desempleados. Y las posibilidades de que consigan trabajo a corto plazo son pocas. Colombia, que en el último cuarto de siglo había crecido a un promedio del 4 por ciento anual, va a registrar en 1998 un crecimiento cercano a la mitad de esa cifra. La crisis ha afectado tanto a pobres como a ricos. Un dólar invertido en la bolsa el día que se posesionó Ernesto Samper vale hoy 65 centavos. En ese mismo lapso se cuadruplicó el número de empresas que entraron en concordato. Y al acercarse el final de la administración Samper las tasas de interés llegan a niveles de usura y la credibilidad del peso se asemeja a la del gobierno.
Lo más preocupante es que hay dos amenazas estructurales que obstaculizan una rápida recuperación: el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente. Para los que no son duchos en economía esto significa simplemente que, como cualquier hogar emproblemado, Colombia está gastando mucho más de lo que recibe. Y como en cualquier hogar, la apretada del cinturón va a ser dolorosa. La cifra más preocupante es el aumento en el porcentaje del déficit fiscal del gobierno central, que es el relevante. Este era de alrededor de 1,3 por ciento y en la actualidad se está acercando al 5 por ciento. Esto significa que el hueco anual del Estado se acerca a los 5.000 millones de dólares. Y el déficit de cuenta corriente, que mide el desfase entre los dólares que se generan y los que se gastan, se acerca a esta misma cifra. Estos dos huecos de alrededor de 5.000 millones de dólares cada uno son la mula muerta que tiene que quitar del camino el nuevo gobierno para que la economía vuelva a funcionar. Que la situación es grave no se discute. Solo se compara con la crisis vivida en el gobierno de Belisario Betancur, el cual enfrentó retos similares. En esa época el Presidente tuvo que aceptar, contra todas sus convicciones, someterse a un proceso de ajuste recetado por el Fondo Monetario Internacional, que se tradujo en una fuerte baja en el poder adquisitivo de los colombianos. A pesar de que en ese momento no existía libertad cambiaria el gobierno se vio obligado a devaluar el peso en un 50 por ciento en un año. Todo esto en medio de una crisis financiera en la que acabaron en la cárcel varias personalidades de la banca colombiana. ¿Cuánto de todo esto es atribuible al gobierno de Samper? La respuesta no es fácil pero Samper no puede en ningún caso salir bien librado. Muchas variables económicas no dependían de él. Obviamente factores determinantes, como los precios internacionales del café y del petróleo, no tienen nada que ver con el Presidente. La construcción tiene ciclos que no necesariamente están relacionados con la política presidencial. Incluso en algunos casos, éxitos gubernamentales como el desmantelamiento del cartel de Cali acaban perjudicando sectores como el de la construcción, al menos en el corto plazo. También es verdad que un proceso de apertura económica como el que inició Gaviria desemboca eventualmente en un período de ajuste que deja tendidos en el camino. Todos estos argumentos son esgrimidos una y otra vez por Ernesto Samper y sus defensores. Pero siempre omiten un elemento clave que es donde reposa la responsabilidad del Presidente: la enorme debilidad que tuvo su gobierno. Los hechos que rodearon la elección de Ernesto Samper pueden no haberle costado su caída. Ni siquiera su popularidad, que no llegó a niveles tan bajos como los que tuvo Gaviria con la fuga de Escobar y el apagón. Lo que sí está claro es que Ernesto Samper ha afrontado los mayores problemas de legitimidad y credibilidad de que se tenga memoria en los presidentes de Colombia. Y esa falta de legitimidad y credibilidad hizo que tuviera que concentrar todos sus esfuerzos, no en gobernar sino en sobrevivir políticamente. Esa estrategia le sirvió a él pero no a Colombia. Gobernar consiste en girar contra la popularidad adoptando las medidas necesarias por duras que sean. Samper, cuya chequera arrancó en rojo, tuvo que sobregirarse durante cuatro años con el exclusivo propósito de no caerse. Esto sin duda alguna fue una gran hazaña política personal pero los colombianos terminaron pagando con intereses de mora el costo de estos sobregiros. Gran parte de la responsabilidad del gobernante consiste en trancar. A Samper le tocó ceder. Tuvo que entregarse prácticamente a todos los grupos de presión. Al Congreso para manejar su juicio y los proyectos de ley vitales. Por eso no pudo ni recortar la nómina oficial ni acabar con los fondos de cofinanciación, los cuales descuadernaron el presupuesto. También tuvo que hacer excesivas concesiones a los sindicatos para mantener uno de sus principales pilares de apoyo, como lo fueron las centrales obreras. Y no solo le tocó ceder ante los grupos de presión populares sino también ante los privilegiados. Los grupos económicos hicieron su agosto durante el gobierno que termina. Siempre tenían quién les diera pero esta vez no tuvieron quién los parara. Con los militares también cambió el equilibrio del poder. No tanto por lo que se entregó económicamente sino por lo que se cedió en el terreno de la autoridad. Por primera vez en mucho tiempo existió en Colombia la posibilidad real de un golpe de Estado. El Presidente logró neutralizar este frente, pero también esta vez a un costo alto. Se rompió la tradición de unas Fuerzas Militares no deliberantes y los quepis se dieron el lujo de hablarle duro a su comandante en jefe. El general Bedoya, e incluso el general Bonett, hicieron declaraciones en los últimos años que no habrían sido toleradas por ningún otro presidente de Colombia.

Algo parecido sucedió con Estados Unidos. A pesar del tono antiyanqui que se mantuvo a través del vibrato de Horacio Serpa ningún gobierno ha tenido que hacer más concesiones al Tío Sam que el de Ernesto Samper. Los gringos no estaban tan interesados en tumbar a Samper como en exprimirlo al máximo. Jamás fue tan válido el título de virrey para un embajador de Estados Unidos como lo fue para Myles Frechette. Esto sólo fue posible, entre otras cosas, porque jamás el país había tenido un presidente sin visa. Por primera vez en muchos años los colombianos sintieron que no vivían en un país soberano. Y el problema con Estados Unidos repercutió sobre el marco general de las relaciones internacionales de Colombia. Sutilmente el país fue marginado. La mayoría de los jefes de Estado de los países que quería visitar Ernesto Samper tenían la agenda comprometida o les surgían inconvenientes de última hora. La consecuencia de esta debilidad en todos los frentes no es cuantificable en forma exacta. Pero hay dos indicadores que la reflejan: el gasto público y la inversión privada. El gasto público creció como porcentaje del PIB más que en ningún otro gobierno durante el siglo XX. Aunque gran parte de este crecimiento obedece a factores estructurales originados en la Constitución de 1991, la verdad es que la manga ancha del gobierno agravó el problema mucho más y retrasó su posible solución. Después de su auge al comienzo de la década la inversión privada per capita se redujo en 20 por ciento. Curiosamente en lo que no le fue mal al gobierno Samper fue en lo referente a la inversión extranjera. Principalmente por las privatizaciones del sector eléctrico el flujo de dólares en el país fue más alto que nunca en la historia. Puede que, de no haber sucedido el escándalo, Samper no se hubiera salido del marco tradicional del manejo económico colombiano. Sin embargo en los requerimientos políticos de su defensa rompió el consenso ortodoxo y tecnocrático que había caracterizado el manejo de las finanzas nacionales desde la caída de Rojas Pinilla. Lo que nadie le podrá desconocer al Presidente será su papel definitivo en la lucha contra el narcotráfico. En la actualidad todos los grandes capos están muertos o tras las rejas. Los críticos del gobierno podrán decir que fue exclusivamente el resultado de la presión norteamericana o del mérito personal del general Rosso José Serrano. Aunque es indudable que sin el proceso 8.000 la dinámica antidrogas no habría sido tan intensa, sería injusto negar el papel que el gobierno nacional jugó en todos los frentes. Que las personas acusadas de haber financiado la campaña del Presidente hayan permanecido calladas en la cárcel demuestra, por decir lo menos, la genialidad política de Ernesto Samper. Esa genialidad política no solo ha tenido grandes costos económicos sino también institucionales. La Presidencia de la República como institución salió lesionada en su respetabilidad. El país siempre veía al Presidente de la República por encima de todas las otras. La gente se imaginaba que en el Congreso pasaba de todo, pero no en la Presidencia. Hoy el grado de desconfianza en estas dos instituciones es similar. Si el argumento de los defensores de Ernesto Samper es que solamente hizo lo que la mayoría de los políticos hacía, no estarían más que confirmando este hecho. Paradójicamente, por otro lado, la Presidencia quedó fortalecida. Si un presidente acusado de hechos gravísimos se enfrenta a Estados Unidos, a los gremios económicos, a la mayor parte de los medios de comunicación, a la Iglesia y a los militares y no se cae, la conclusión es clara: en Colombia solo hay un poder.