LA MUERTE RETROCEDE

TODO COMENZO CON UNA BREVE NOTICIA aparecida en los diarios capitalinos el 18 de febrero de 1988, y que sería el presagio de una época tormentosa para el país. El día anterior, a las siete de la noche, mientras un grupo de campesinos departía en la gallera de la vereda Piñalito (Meta), un grupo de encapuchados llegó al pueblo y apagó la pequeña planta de energía. Cuando los campesinos buscaban en la oscuridad sus linternas, los hombres entraron y dispararon. La tragedia dejó 14 muertos.
Aunque las páginas de los diarios colombianos siempre habían tenido espacios para registrar cómo se mataban los colombianos, a partir de Piñalito, esas mismas páginas se antiborraron con las frías estadísticas de una nueva violencia, más espeluznante y aterradora. Entre 1987 y 1990 los homicidios políticos y las masacres llegaron a un tope jamás antes visto: en Segovia (Antioquia),46 muertos; en Punta Coquitos y La Negra, en Urabá,60 muertos; en La Mejor Esquina (Córdova), 36 muertos...
En ese mismo período se produjeron en promedio 25.989 asesinatos por año, a razón de 71 por día y tres por hora. Casi no quedó familia que no hubiera sido doliente de una víctima de este flagelo, y ningún sector social y político Que hubiera escapado a su mortal abrazo: líderes políticos de todas las tendencias, soldados, guerrilleros, campesinos, hacendados, estudiantes, etc. Sin embargo, aunque ese panorama sigue siendo el pan de cada día para muchos colombianos, aun cuando parezca increíble, las cifras de violencia han comenzado a disminuir desde hace un año. Los últimos análisis del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales así lo demuestran.

YA NO SON TANTOS
De acuerdo con esos datos, entre 1992 y principios de 1994 se registró una reducción de los casos de violencia política y violaciones de derechos humanos en casi todas las categorías relevantes. Según cifras oficiales (procedentes de la Consejería de Seguridad Nacional y basadas, fundamentalmente, en reportes del DAS), el total de asesinatos políticos fué de 1.790 en el año 1992 y de 1.713 en 1993. Según cifras de organizaciones no gubernamentales, Justicia y Paz, los homicidios políticos pasaron de 4.481 en 1992 a 3.772 en 1993. (Ver cuadro).
Otros datos de esa organización demuestran que los asesinatos políticos se redujeron en un 23 por ciento (bajaron de 1.242 a 957); los asesinatos con posible motivación de "limpieza social" cayeron en un 66 por ciento (de 528 a 178); los muertos en "acciones bélicas" en un 30 por ciento (de 1.638 a 1.150), y las desapariciones de motivación política disminuyeron en un 27 por ciento (de 237 a 173). La categoría de "asesinatos presumiblemente políticos", en cambio, sí muestra un aumento, pues estos pasaron de 1.073 a 1.467.(ver cuadro).
Según las cifras de la Policía Nacional, el número total de homicidios no creció en 1992 ni en 1993 respecto de 1991, año en que alcanzó la cantidad de 28.200. Los casos de lesiones personales quedaron estacionados en algo más de 38.000 desde 1990 y no han tenido variación significativa desde entonces. Los casos de secuestro se redujeron casi en un 25 pOT ciento en 1992 en relación con 1991, al pasar de 1.717 a 1.320, y en 1993 tuvieron una disminución aún mayor comparados con los que se presentaron en 1992.
Pero no sólo las cifras suministradas por la Policía, y algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos evidencian que la violencia en Colombia está disminuyendo. Un reciente informe de la Fiscalía General de la Nación conocido por SEMANA comprobó que muchas de las muertes violentas que suceden en Bogotá no son como las pintan. "Un 33 por ciento de las muertes violentas reportadas en 1994 -dice la Fiscalía- fueron en realidad fallecimientos naturales remitidos a la unidad de Medicina Legal del Distrito bajo el rótulo de 'muertes por esclarecer". Obviamente, este porcentaje hacía variar apreciablemente el número real de muertes violentas que ocurren en el territorio nacional.
En 1992, de 7.537 levantamientos realizados a cadáveres,1.471 eran muertes naturales, es decir, el 19.5 por ciento. En 1993 fueron 1.357 las muertes naturales de un total de 8.766 levantamientos, lo que equivale al 15.5 por ciento.

LOS FACTORES
Aunque las causas son tan complejas como numerosas, los analistas han identificado algunos elementos que sirvieron de detonante de toda esa crisis de violencia que ha padecido el país, pero que ahora -aparentemente- se encuentran en retroceso: la irrupción del narcotráfico con sus secuelas de corrupción y desestabilización del Estado, seguida muy de cerca por la aparición del paramilitarismo, la intensificación de las actividades guerrilleras, el auge de la delincuencia orzanizada. ta impunidad zalonante. las desigualdades sociales y la legendaria costumbre de los colombianos de hacer justicia por su propia mano. Todos estos factores modificaron su conducta desde 1991 y son responsables de la disminución de la criminalidad en el país.
La violencia comenzó a adquirir dimensiones de catástrofe desde cuando, amparados por normas vigentes desde 1968, se formaron grupos de autodefensa campesina en algunas regiones como Puerto Boyacá y el Urabá antioqueño, que reaccionaron ante la expansión de la guerrilla.
El ingreso del narcotráfico complicó el asunto. Como resultado de la articulación de algunas autodefensas campesinas con los ejércitos privados de los narcotraficantes, se constituyeron a finales de los años 80 numerosas organizaciones paramilitares capaces de adiestrar y movilizar a centenares de sicarios. Algunas de ellas llegaron a derivar hacia la formulación de ambiciosos proyectos político-militares.
De acuerdo con una lista entregada en 1987 a la Cámara de Representantes por el entonces ministro de Gobierno, César Gaviria Trujillo, las autoridades habían identificado a 148 grupos paramilitares. Estos, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fueron responsables de 1.030 masacres entre 1980 y 1992, que dejaron un número de víctimas que ascendió a 6.248 personas. Sin embargo, casi todos ellos fueron desmantelados, a tal punto que hoy el DAS, reconoce la existencia de tan solo 30 agrupaciones cuyas características permiten que sean rotulados como tales.

LA CONTRAOFENSIVA
En 1989 las autoridades colombianas iniciaron una ofensiva contra las organizaciones del narcotráfico más directamente vinculadas con las autodefensas y el paramilitarismo, y lograron derrotar algunas de las más agresivas, entre ellas la que comandaba Gonzalo Rodríguez Gacha, alias 'el Mexicano'.
Por otra parte, la desmovilización y la reinserción de algunos grupos guerrilleros, como el M-19 y el Ejército Popular de Liberación (EPL), condujeron a una marcada distensión en las regiones que tenían mayor presencia paramilitar (Cauca, Córdova, etc.) y llevó al desmantelamiento voluntario de diversas autodefensas.
La desaparición de los grupos de autodefensa y de paramilitares, y la muerte de Pablo Escobar, cambiaron la tendencia ascendente de la violencia en Colombia. La política de desarme del gobierno frente a los grupos de sicarios y a las milicias populares de las comunas nororientales de Medellín, hicieron el resto. Esa ciudad presenta en la actualidad índices de violencia muy inferiores a los de hace tres o cuatro años. De 6.349 muertes anuales antes de Escobar, las cifras llegan ahora a 5.000.
Esto significa que a partir de 1991 todos los factores de violencia comenzaron a modificarse. A los ya expuestos del narcotráfico y el paramilitarismo, se sumaron respuestas institucionales frente a otros problemas que también generan violencia como el alcoholismo y la tenencia de armas.
La relación del consumo de bebidas embriagantes con la ocurrencia de homicidios es muy notoria. En su informe de 1993, el Instituto de Medicina Legal reportó que de los cerca de 8.000 cadáveres recibidos por homicidio en Bogotá, 2.248 presentaban residuos de alcohol.
Sin embargo, gracias a la adopción de medidas especialmente exigentes de control del porte de armas y del expendio de licor, en ciudades como Bogotá y Pereira el número de homicidios durante las festividades de fin de año descendió casi en un 50 por ciento en relación con años anteriores. La veda al porte de armas en Cali los fines de semana ha hecho caer en un 40 por ciento los asesinatos en esa ciudad.
"Aún no se puede cantar victoria -dice Carlos Vicente de Roux, consejero presidencial para los Derechos Humanos-, pero estamos en presencia de un quiebre evolutivo en la erradicación de la violencia en el país. Se ha visto, por un lado, un cambio de actitud del Estado y del gobierno colombiano frente al problema mismo del respeto de los derechos humanos y, por otra, se ve una clara tendencia al desarrollo de mecanismos institucionales, instrumentos legales y preceptos éticos en la erradicación de la violencia en el país".
Decir que la disminución estadística de la violencia es el principio del fin de la violencia puede ser muy arriesgado, pero sí es -en todo caso- un buen augurio para los colombianos. Subsisten todavía circunstancias culturales, políticas y socioeconómicas que seguirán generando muertes, y las cifras de todos modos no reflejan otros tipos de violencia como la intrafamiliar. Hablar de disminución estadística no es consuelo para una nación que sigue presenciando, año tras año, la muerte sangrienta de 25.000 personas. Es como si en Colombia se librara una guerra civil silenciosa.
De cualquier manera, los cambios introducidos al sistema penal por la nueva Constitución, las políticas de despenalización y desjudicialización, la modernización de la justicia, el fortalecimiento de la conciliación y otros mecanismos alternativos para la solución pacífica de los conflictos, son pasos significativos, aunque para algunos todavía insuficientes, para que los colombianos dejen de matarse. -