Llamadas clandestinas

Internet cambio en pocos años las formas utilizadas durante un siglo para transmitir llamadas telefónicas, correo, televisión, películas, datos, juegos y hasta transacciones financieras. Todos estos servicios se agrupan para conformar lo que se llama la convergencia tecnológica y se transmiten por la red.

La tecnología y la legislación colombiana actual viven un momento histórico. Por un lado, el Protocolo Internet (IP) permite convertir las señales de voz y multimedia en paquetes de datos para enviarlos por los enlaces de la red mundial a un precio reducido. Por el otro, la legislación colombiana se empeña en defender las concesiones exclusivas vendidas a dos nuevos operadores de larga distancia y evita que otras empresas ofrezcan estos servicios así se presten a menores precios.

La prohibición en Colombia para que una empresa o persona reciba por Internet una llamada telefónica y la canalice por la red conmutada de las empresas telefónicas locales, conocida técnicamente como telefonía pública básica conmutada local (Tpbcl), es la causa de las llamadas clandestinas de larga distancia, especialmente hacia Colombia.

Existen en el exterior empresas que venden tarjetas prepagadas para llamadas de larga distancia, algunas con nombres como La Colombianita o La Criolla, que son atrayentes para los colombianos en el extranjero. Pero no todas estas empresas canalizan sus llamadas por alguno de los tres operadores autorizados en Colombia para prestar servicios de larga distancia nacional e internacional: Telecom, 007 Mundo (ETB) y Orbitel. Al ‘enrutar’ las llamadas por alguna de estas empresas los ingresos por este concepto se incluyen en el valor total que ellas pagan por derechos y que corresponden al 5 por ciento de sus ingresos, como lo hacen todas las empresas de telecomunicaciones.

Las estadísticas de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT) muestran que casi la mitad de las llamadas entrantes al país no utilizan los canales legales sino que usan empresas que tengan antenas satelitales para captar las señales, que dispongan de muchas líneas telefónicas y le suministran el equipo de conexión (gateway). Las empresas que venden las tarjetas ofrecen a estos operadores ‘piratas’ entre dos a tres centavos de dólar libres por cada minuto con un tráfico mínimo de cuatro millones de minutos al mes. Esto significa alrededor de 100.000 dólares mensuales libres, que son aproximadamente 200 millones de pesos. Cifra tentadora para cualquier empresa en la crisis colombiana y además no pagan los derechos del 5 por ciento sobre ingresos.

El Ministerio de Comunicaciones y la Fiscalía realizaron investigaciones, inclusive compraron tarjetas, y en algunas oportunidades lograron identificar el número telefónico desde el cual se origina la llamada local. Pero esto no es siempre posible ya que los equipos de conexión pueden también generar números virtuales que no indican nada. Sin embargo las llamadas clandestinas continúan.

El vacío fiscal ocasionado por estas llamadas de contrabando es estimado en miles de millones de pesos anualmente pero el gobierno no se decide a mandar los ‘perros‘ utilizados por la Dian.

Douglas Velásquez Jácome, especialista en telecomunicaciones, quien demandó y tumbó la parte penal de las llamadas de larga distancia con tecnología de voz sobre Internet para que dejaran de ser un delito y se convirtieran en una contravención, comentó a SEMANA: “Recomendaría una concertación de todos los actores y el otorgamiento de compensaciones a las partes que cuentan con un derecho adquirido en un Estado de derecho”.

Para la muestra dos botones: SEMANA consultó a los tres operadores de larga distancia y ninguno dijo canalizar en el país las llamadas provenientes de Net2Phone y Dialpad, las dos compañías más grandes de llamadas de larga distancia por Internet. Si ellos no las reciben, entonces ¿quién lo hace?