Luces y sombras

El sector que más empresas tiene en el listado de las 100 más grandes del país termina un año lleno de contrastes: desde complejos acuerdos para salvar sociedades intervenidas, hasta espectaculares desempeños financieros por parte de algunas compañías que prácticamente triplicaron sus utilidades.

El sector de servicios públicos se parece a una de aquellas criaturas mitológicas que reunían las características de varios animales a la vez. Allí hay generadoras de energía eléctrica, transportadoras, firmas especializadas en servicios de agua y saneamiento básico y otras que son integradas, como las Empresas Públicas de Medellín o Emcali. Eso sin contar a compañías distribuidoras de gas domiciliario y empresas de telecomunicaciones. Dentro de esta variopinta mezcla es inevitable que coexistan situaciones extremas, desde sociedades intervenidas y sujetas a estrictos programas de reestructuración para evitar ser liquidadas, hasta compañías que se dan el lujo de cotizar sus acciones en la bolsa de Nueva York.

Las Empresas Públicas de Medellín, EPM, siguen a la cabeza del sector y ocupan el quinto lugar dentro de la lista de las 100. La empresa paisa reportó en 2003 ingresos operacionales por 2,7 billones de pesos, un aumento del 23 por ciento frente a 2002 que estuvo jalonado, entre otros factores, por un aumento en sus ventas de energía. Si el desempeño en materia de ventas es notable, lo es aún más lo logrado en el rubro de utilidad neta final, donde creció 113 por ciento para llegar a 564.313 millones de pesos.

Lo sorprendente es que pese al buen comportamiento de estas cifras, 2003 será recordado en EPM como un año de crisis, debido a una serie de escándalos que minaron la confianza de la gente en la empresa y que terminaron con la salida de Edith Cecilia Urrego, su anterior gerente.

La llegada de Juan Felipe Gaviria a la dirección de la compañía viene acompañada de ideas nuevas para blindarla frente a futuros manejos políticos, que ha sido siempre su talón de Aquiles. El propio Gaviria ha planteado la posibilidad de montar mecanismos de gobierno corporativo y de abrir la propiedad accionaria de la empresa en un proceso de democratización similar al que hizo ISA o recientemente la ETB.

Por los lados de Emcali, la otra gran empresa integrada de servicios públicos del país, las cosas fueron color de hormiga. Pese a registrar un aumento del 26 por ciento en sus ingresos operacionales, al pasar de 429.545 millones de pesos en 2002 a 540.325 millones en 2003, la situación de la empresa es bastante delicada.

Emcali, que ya venía en cuidados intensivos desde el año 2000 cuando fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, estuvo en serios aprietos el año pasado cuando su deuda con el sector financiero y las firmas de generación eléctrica llegó a los 3,8 billones de pesos. Después de la intervención directa del presidente Álvaro Uribe Vélez, se pudo llegar a un acuerdo de salvamento con un plazo de 20 años que incluye serios compromisos en lo que respecta a la gestión de la compañía.

'Shock' eléctrico

En 2003 las compañías del sector eléctrico que aparecen en las 100 tuvieron, en total, pérdidas cercanas al billón de pesos. Si no hubiera sido porque el PIB del país creció, los resultados habrían sido todavía peores. La fuerte correlación que existe entre el comportamiento de la economía y la demanda de energía eléctrica -que aumentó 2,9 por ciento el año pasado-, matizaron las pérdidas del sector. Estas se originan en problemas que vienen desde hace tiempo: el robo de energía y el bajo recaudo (además de la voladura de torres y los atentados contra la infraestructura energética).

Las distribuidoras de la Costa Atlántica son las más afectadas por estos problemas. Por esta razón las firmas de la región han realizado cuantiosas inversiones con el fin de normalizar la situación en barrios clave de ciudades como Barranquilla. Pero estos esfuerzos pueden ser infructuosos, pues muchos de ellos se realizan en zonas marginales (según la Superservicios, donde se encuentra focalizado el 30 por ciento del problema). Aunque se logren adecuar los sistemas de medición para evitar el robo de energía de los postes, la población que vive en estas zonas es tan pobre que no tiene con qué pagar el servicio. De ahí los problemas de cartera de las dos distribuidoras de la Costa.

Para tratar de remediar la situación, algunas distribuidoras han diseñado nuevos y creativos sistemas de facturación. Por ejemplo, en el Valle del Cauca (específicamente en Buenaventura) Epsa ha implementado el uso de una factura comunal que luego se redistribuye entre las casas de la zona de acuerdo con el número de bombillos y electrodomésticos que cada una tenga. Esta ingeniosa medida ha logrado recuperar cartera morosa, elevando el índice de recaudo a 95 por ciento y reduciendo las pérdidas por robo a 20 por ciento. Otro sistema utilizado por la firma es la 'facturación en sitio', que consiste en la lectura del medidor y la expedición de la facturación en forma inmediata y en el mismo sitio. Con el uso de estos métodos el grupo Epsa ha logrado subir sus utilidades netas de 49.545 millones de pesos en 2002 a 95.479 millones en 2003, un incremento del 93 por ciento.

Otra de las grandes distribuidoras del país es Codensa, con 1,97 millones de clientes y casi el 24 por ciento del mercado nacional. La empresa, propiedad del grupo español Endesa y el Distrito Capital, logró una positiva gestión en 2003 que la llevó al puesto número 10 del listado de las 100 más grandes. Codensa aumentó sus ingresos operacionales en 23 por ciento,

llegando a 1,4 billones de pesos y registró un incremento de 7 por ciento en sus utilidades netas, que pasaron de 137.925 millones de pesos en 2002 a 147.983 en el más reciente ejercicio. A comienzos de 2004 la firma comenzó la ejecución de un proyecto para capitalizarse y convertir su deuda de corto plazo por una de largo plazo, al lanzar una emisión de bonos por un valor de 500.000 millones de pesos. El 10 por ciento de este monto será utilizado como capital de trabajo y el 90 por ciento restante en la conversión de deuda.

Otra empresa con un excelente rendimiento fue Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), cabeza de un grupo con inversiones no sólo en el sector energético sino también en el de telecomunicaciones y con presencia en países como Ecuador, Bolivia y Perú. El año pasado ISA aumentó su utilidad neta final en 241 por ciento y registró ingresos operacionales de 657.148 millones de pesos. La empresa concretó la interconexión internacional entre Pasto y Quito bajo el esquema de Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE), generando una exportación de energía eléctrica hacia Ecuador de 1.129 GWh, lo cual le representó ingresos por 80,6 millones de dólares. Por este importante logro se hizo acreedora, junto con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), al premio de mejor Proyecto Exportador por parte de Proexport y Analdex. Los buenos vientos para la empresa parecen seguir soplando en 2004, pues desde el pasado marzo se pueden negociar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, a través del Nasdaq.

Isagen no se quedó atrás y presentó una utilidad neta final de 126.016 millones de pesos, lo que representa un crecimiento récord de 263 por ciento con respecto al ejercicio del año inmediatamente anterior.

La otra empresa de servicios públicos que clasifica en la lista de las 100 más grandes es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab), propiedad del Distrito de Bogotá. A pesar de registrar una subida en sus ingresos operacionales del orden del 23 por ciento en 2002, arrojó ganancias por sólo 54.753 millones de pesos, casi 70 por ciento menos que el año 2002. Esta caída se explica, en parte, por las inversiones que realizó para garantizar una cobertura del ciento por ciento en el servicio de acueducto y del 90 por ciento en alcantarillados en barrios legalizados, un notable logro social. Sin embargo arrastra problemas por su déficit pensional, hasta el punto que el 8 por ciento de una factura promedio se destina al pago de este rubro.

La todavía incierta rebaja en las tarifas de agua, que llevaría a un nuevo cálculo de las tarifas por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento básico (CRA), excluyendo la carga pensional, podría hacer de este problema una verdadera cruz para la empresa, que perdería por este concepto 640.000 millones de pesos y vería afectado su plan de inversiones en 20 por ciento. Esa perspectiva complicaría el cumplimiento de la promesa hecha por el alcalde Lucho Garzón en el sentido de reducir las tarifas del agua en 10 por ciento.

El caso del acueducto es sólo un ejemplo de cómo algunas de las grandes empresas del sector están siempre a un paso de entrar en problemas. De esta forma, entre luces y sombras, transcurrió un año paradójico para un sector que en general sigue caminando en la cuerda floja, y cuyo descalabro tendría graves consecuencias no sólo para la economía nacional sino para la población en general.