NARCOTRAFICO

Tal vez una de las mayores gaffes en comunicaciones que cometió Barco, fue haber dicho en su discurso de la apertura de sesiones del Congreso el 20 de julio pasado, que se había ganado la guerra contra el narcotráfico. Ese mismo día, los policías asesinados en Medellín en los últimos meses superaban los 200 y acababa de fracasar un operativo en el que, por enésima vez, se anunciaba la captura de Pablo Escobar. Si bien todos los presidentes utilizan una dosis de hiperbole en su discurso de despedida, esta vez hubo sobredosis.

Curiosamente, la utilización del verbo "ganó", desvirtuó una contribución enorme y real de este gobierno a la lucha contra el narcotráfico. Fuera de no haber capturado a Pablo Escobar, el balance en este campo puede considerarse un éxito. El narcotrafico como crimen organizado ha sido golpeado considerablemente. Se han desmantelado organizaciones de sicarios, destruido laboratorios, pistas y centros de distribución; se han desvertebrado redes de comunicaciones y organizaciones financieras, capturado docenas de personas claves dentro del negocio, y se han decomisado toneladas de droga y confiscado numerosas propiedades de narcotraficantes. Al comienzo del gobierno, el narcotrafico era un poder independiente, practicamente paralelo al Estado. Hoy es un poder contra el Estado y esta en retirada. Sin embargo, erradicar el narcotráfico es un imposible, pues mientras exista una demanda de la magnitud de la actual, siempre habra alguien dispuesto a asumir cualquier riesgo por las millonarias ganancias del negocio. Pero la red organizada de narcotrafico que existía en Colombia ha sido desvertebrada.

Empero, a los colombianos no los preocupa tanto el narcotrafico como el narcoterrorismo, fenomeno nacido durante la administración Barco, que en apenas cuatro años ha cambiado la fisonomía del país. Lo que los colombianos veían como actos de fanatismo de otras religiones y otras razas, lo vivieron en carne propia con una intensidad parecida a la que han vivido Israel o El Líbano. El homicido indiscriminado de la población civil, como el caso del avión de Avianca, como instrumento para enviar mensajes y ablandar voluntades es una modalidad sin antecedentes tal vez no sólo en Colombia, sino en Latinoamérica. Como el terrorismo es una reacción extrema, en la medida en que se le ha venido quitando terreno al narcotrafico han aumentado los atentados, y el símbolo de todo esto, Pablo Escobar, esta vivito y coleando.
Pero también la infraestructura del terrorismo ha sido debilitada y aunque siempre sera posible poner una bomba en un supermercado, los terroristas, como todo el mundo, se debilitan cuando están perdiendo las guerras.
¡Pero qué guerra la que ha sido! El sólo recordar que ya no existen Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, para no mencionar sino a los candidatos presidenciales, pone los pelos de punta, a pesar de la familiaridad con que ahora se trata el tema de la violencia.

Estas y las otras miles de personas que perdieron sus vidas en esta guerra fueron victimas inocentes de la política que hizo de la extradición el instrumento clave de la lucha contra el narcotrafico. Hoy, esta política no puede ser mas controvertida. Para empezar, todos los logros obtenidos en la guerra contra el narcotrafico y el narcoterrorismo han sido en operaciones militares internas de orden público. La veintena de lavadores de dólares y contadores que han sido enviados a los Estados Unidos no han tenido mayor incidencia en el desmantelamiento del narcotrafico o del narcoterrorismo en Colombia y, en consecuencia, los resultados en términos de costo-beneficio nojustifican los miles de muertos que se han puesto por esa causa. Tal vez con la sola excepción de Carlos Lehder, que era un drogadicto que sobraba en la organización, y del "Mono" Abello, que en el fondo era un pez menor, la extradición ha sido insustancial. Esta, sin embargo, es una consideración retroactiva y no hay que quitarle el mérito a las buenas intenciones y al valor que se requirió para ponerla en practica. Es un acto de caracter de un jefe de estado saber que la defensa de un principio le puede costar la vida a veinte colombianos en una calle. Y aunque todo indique que ha sido un fracaso, son decisiones de estado que deben ser evaluadas a la luz de las circunstancias que lo originaron y no cuando la leche ya ha sido derramada y hay hechos cumplidos. La política de extradicion no ha sido un éxito, lo que no necesariamente significa que no haya debido intentarse.

Donde el gobierno tiene mayor responsabilidad que en la política de extradicion, es en los llamados narcodiálogos. En la guerra contra la droga, no hubo nada más ambiguo, nada más confuso y nada más grave. Grave porque muchas personas murieron en Colombia, incluidos candidatos a la presidencia, como venganza por lo que los narcotraficantes consideraron juego sucio por parte del gobierno. Tanto en el caso de Joaquin Vallejo, como en el caso de Santiago Londoño y J. Mario Aristizábal, los narcotraficantes se ilusionaron pensando que si estos intermediarios eran recibidos en palacio, por algo seria. La posición del gobierno era la de que una cosa era escuchar una propuesta, y otra aceptarla y cambiar política. El malentendido que se generó alrededor de las dos interpretaciones fue el más costoso de todos los problemas de semántica que tuvo este gobierno, pues el asesinato de Luis Carlos Galán coincide cronológicamente con el rompimiento del primer diálogo, y los de Jaramillo y Pizarro con el del segundo.

El mal manejo que se le dio a esta situación es tal vez la más grande responsabilidad del gobierno de Virgilio Barco.