Especiales Semana

Naturaleza muerta

Cada minuto se tala en Colombia una hectárea de bosque. De seguir a ese ritno, en 40 años el país se quedará sin arboles.

19 de abril de 1993

UNA EXPEDICION AL MACIZO COLOMBIANO realizada la semana pasada, puso de nuevo sobre el tapete los problemas que le esperan al país de continuar sus moradores con los actuales ritmos de destrucción de los bosques naturales. El macizo se ha convertido en un verdadero símbolo para los colombianos, por nacer en sus alturas algunos de los principales ríos del país.
Pero no es, ni mucho menos, el sitio más afectado por la deforestación.
Es más, la tala de bosques en la zona es apenas una pequeña porción, comparada con la del resto del país. En Colombia, según Planeación Nacional, se deforestan al año 600.000 hectáreas de bosques. Es decir que, cada hora, desaparecen 68 hectáreas. Y si se sigue a este ritmo, los 53 millones de hectáreas que le quedan al país de cubrimiento forestal desaparecerán en menos de 40 años.
Lo preocupante, sin embargo, no son las cifras sino las pocas salidas que se ven. Las medidas que se toman para detener la tala de bosques son escasas, y ni siquiera se tiene en claro quiénes son los responsables. Por lo general se cree que la mayor carga la llevan las industrias madereras, pero la realidad es otra. De hecho, existen dos fenómenos que superan en número de hectáreas la actividad de los empresarios (ver cuadro). De las 600.000 hectáreas que se deforestan al año, 70.000 son taladas por el 35 por ciento de los colombianos que aún siguen empleando la leña para cocinar sus alimentos. Pero el culpable principal de la deforestación sigue siendo un problema que acompaña a Colombia desde su nacimiento: la colonización.

EL COMEJEN COLONIZADOR
Más de 400.000 hectáreas de bosque son destruidas anualmente por colonos que tratan de convertir las zonas selváticas en suelos de producción agrícola o ganadera. De acuerdo con el sociólogo Alfredo Molano "es esto lo que más le hace daño a las regiones boscosas del país. Pero a nadie le debe extrañar que esté sucediendo. Al fin y al cabo, los colonos -huyendo de la violencia, de la persecución política o de la escasez económica- llegan al bosque tratando de encontrar un medio alternativo de subsistencia".
Y es el propio Estado, también, el que se ha encargado de promover el viaje del campesino hacia las regiones forestales del país. Leyes agrarias -como las que rigieron hasta hace apenas cinco años- fomentaban la deforestación al exigir que, para hacer efectiva la titulación de tierras, se tenía que haber talado dos terceras partes del área adjudicada. Fue tanta la incidencia que tuvo esta ley sobre el territorio nacional, y tanto el bosque que se tumbó por causa suya, que en 1989 se reformó y se introdujeron en ella los conceptos de conservación y manejo forestal como criterios de posesión de tierras.
Pero esto no detuvo la colonización. La presión que los colonos han ejercido en las zonas selváticas del país ha sido tan fuerte, que el Inderena ha tenido que ceder parte del territorio de las llamadas reservas forestales para permitir su titulación a particulares. En efecto, la extensión original de estas zonas -creadas por el Estado con el fin de preservar parte del cubrimiento forestal- ha disminuido continuamente durante los últimos 20 años (ver cuadro).
Más de 12 millones de hectáreas se han sustraído de estas reservas para dejarlas en manos de los colonos. "Esto demuestra que el Inderena y el Incora aún no han logrado ponerse de acuerdo.
Mientras el primero busca proteger los recursos naturales del país, el segundo intenta realizar una reforma agraria con base en las reservas forestales", afirma Carlos Castaño, subgerente de Bosques del Inderena.
A estas sustracciones realizadas oficialmente en las zonas de reserva se tiene que agregar también el alto número de hectáreas apropiadas de forma ilegal que, según expertos, puede llegar a ser dos veces más. En la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, aunque el Inderena no ha entregado ni una sola hectárea de su territorio, existe una gran presencia de colonos que están acabando día a día con el recurso forestal.
Pero lo grave no es que se titulen o no tierras boscosas, sino el mal uso que se está haciendo de ellas. Por lo general el campesino que llega a estas zonas tala y quema indiscriminadamente el bosque, pues su propósito no es otro que convertir el suelo en una tierra apta para la agricultura y, posteriormente, para la ganadería. De hecho, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el número de hectáreas del territorio nacional que actualmente se emplean para actividades ganaderas es más del doble de lo que debería ser (ver cuadro). Este cálculo refleja que gran parte del terreno boscoso del país está siendo empleado para funciones pastoriles que, en últimas, terminan convirtiéndolo en un suelo completamente degradado. Y es tanto el nivel de erosión que esta tierra puede llegar a presentar, que ya no es apta para ninguna actividad económica.
Cuando esto sucede, a los colonos no les queda más opción que abandonar su tierra y desplazarse a otro territorio en donde, sin duda, continuarán con la deforestación del bosque. "Es cierto que ellos son los mayores depredadores -señala el sociólogo Darío Fajardo-. Pero no tienen otra alternativa. Se trata de decidir entre su vida o la del bosque, y es lógico que escojan la primera".

PERMISOS BURLADOS
Aunque no alCanzan a deforestar mas de 70.000 hectáreas al año, la labor de las industrias madereras suele causar mucha más controversia que la generada por la propia colonización. Es común escuchar que las empresas forestales son las mayores devastadoras de los bosques. Y a pesar de que esto no es exacto, la verdad es que sí existen grandes quejas al respecto de la forma como los empresarios realizan el aprovechamiento del recurso.
Hace dos semanas, un juez de Antioquia falló una tutela en contra de la empresa Maderas del Darién por haber deforestado, en forma indiscriminada, más de 4.000 hectáreas de bosque en un resguardo indígena del municipio de Murindó. Y aunque la noticia no tuvo eco en los medios de comunicación, es un caso típico de los conflictos que se viven con dichas empresas.
Los principales reclamos recaen sobre los medianos y pequeños madereros.
Según expertos, estos aserradores, ubicados especialmente en la costa Pacífica, deforestan en forma tan descontrolada el bosque y poseen equipos de trabajo tan obsoletos, que más del 30 por ciento de la madera que explotan termina siendo desperdiciada. Y esto no es lo único. De acuerdo con el gerente del Inderena, Manuel Rodríguez, lo peor es el uso que estos madereros están haciendo de los permisos de aprovechamiento entregados por el instituto. "EI año pasado tuvimos que cancelar las autorizaciones a cinco empresas madereras del Pacífico, pues detectamos que en lugar de trabajar en la zona establecida por el contrato, estaban utilizando el permiso para hacer uso de recursos forestales de otras partes delpaís".
Y esto parece más común de lo que se cree. Aunque el Inderena le entrega al maderero un permiso de aprovechamiento forestal y un salvoconducto de movilización para emplearlos sólo en determinadas partes del territorio nacional, es muy poco el control que existe para verificar que esto se lleve a cabo.
Ni la Policía Vial ni los funcionarios regionales del Instituto vigilan adecuadamente a los madereros, y es por esta que muchos de ellos terminan deforestando en zonas donde no fueron autorizados. Esto ha sucedido, por ejemplo, en la Serranía de La Macarena, donde pequeños aserradores han explotado continuamente el cedro empleando para ello un permiso de extracción que corresponde a la zona del Pacífico.
Ademas de esto, el aprovechamiento ilegal de los bosques está llegando a situaciones alarmantes. Muestra de ello es que el Amazonas y el Vichada, regiones en las que el Inderena entrega menos permisos de extracción, son las que presentan mayor índice de deforestación. Mientras en la costa Pacífica -en donde funcionan legalmente casi 300 aserríos- se calcula una deforestación anual de 160.000 hectáreas, en el Amazonas esta cifra llega a 400.000.
Lo que se demuestra con esto es que la vigilancia de los bosques a nivel estatal es prácticamente nula. Y esto no puede ser de otra manera, pues sólo 350 personas -entre funcionarios regionales y guardabosques- son las que tienen a su cargo el control de los 53 millones de hectáreas forestales que hay en el país.
Esto quiere decir que a cada funcionario le corresponde vigilar nada menos que 150.000 hectáreas. Además, si se tiene en cuenta que estas personas reciben el salario mínimo y viven en zonas marginadas, no es absurdo que se estén reportando casos de corrupción.
Actualmente la Procuraduría Delegada para Asuntos Agrarios adelanta una serie de investigaciones en las que se encuentran involucrados funcionarios del Inderena y autoridades municipales.
"Se está investigando, entre otras cosas, la situación del Parque Nacional Tinigua, en donde varios funcionarios estatales parecen haber permitido la acción de los deforestadores. Es posible que en las próximas semanas se entablen denuncias penales contra ellos", afirma Augusto Cangrejo, procurador agrario. Por su parte, el gerente del Inderena, considera que "al Instituto no se le puede exigir una plena vigilancia delpaís cuando no se tiene ni el personal ni los recursos logísticos necesarios. Además, si resulta difícil vigilar lo que sucede en un barrio de Bogotá, como Chapinero, es absurdo creer que se pueda controlar todo lo que suceda en zonas tan extensas como la Amazonía".
No hay duda de que el pequeño aserrador seguirá explotando ilegalmente el bosque. Y no sólo por la falta de vigilancia que existe, sino porque las grandes industrias madereras parecen fomentar, indirectamente, esta actividad. "Estas empresas según el biólogo Germán Andrade- son las que le compran la madera a los colonos y patrocinan la deforestación irracional del bosque". Es asi como el pequeño aserrador se convierte en un empleado más de las industrias. Los grandes empresarios a través de intermediarios suelen ofrecerle un sueldo para que, en un tiempo determinado, le tenga lista una importante extracción de madera.
Pero esto no es lo único que se le reclama a las industrias madereras.
Aunque estas empresas poseen alta tecnología y realizan un aprovechamiento selectivo del bosque -es decir que sólo talan lo que necesitan- lo cierto es que hay serias críticas con respecto a la forma como realizan su trabajo. A Pizano S.A., por ejemplo, se le acusa de haber acabado con la mayoría de los catibales, una especie de árbol que sólo existe en Colombia, Costa Rica y Panamá.
Sin embargo hay varias versiones al respecto y es importante evitar las posiciones maniqueas. Por un lado, Rodrigo Echeverri, de Planeación Nacional, y Germán Andrade, de la Fundación Natura, afirman que hoy en día no hay más de 100.000 hectáreas de catibales en el país. Por otra parte, un alto dirigente de Pizano, que pidió no revelar su nombre, señala que "en este momento existen más de 400.000 hectáreas de este árbol en elterritorio colombiano".
Por otro lado, Cartón de Colombia no ha estado exenta de la critica por parte de los ecologistas. La concesión que manejan desde hace 20 años en el Bajo Calima, que abarca 60,000 hectáreas de territorio, ha sido desde un principio causa de controversia. La gran biodiversidad que posee esta zona ha hecho que muchos afirmen que es más conveniente dejarla como una reserva forestal que como un centro de explotación industrial.
Esto es, precisamente, lo que pretende hacer el Inderena y por eso le solicitó a Cartón de Colombia dejar de explolar en ciertas partes de la zona en donde se encuentra ubicado el mayor valor natural. "La empresa tenía planeado permanecer allí hasta el 2004, año en el que el contrato llegaba a su fin -según señala Carlos Gomez, vicepresidente de Cartón de Colombia-. Pero decidimos retirarnos totalmente de la región, pues la industria ya puede abastecerse de sus propias plantaciones forestales". Con esta posición de la industria, el acuerdo parecería estar bastante adelantado.
Sin embargo, según la Procuraduría de Asuntos Agrarios no es posible que la industria se retire de la zona antes de que se verifique si cumplió o no los requisitos impuestos originalmente con respecto al manejo adecuado del bosque.
Incluso solicitan que un tercero -ajeno al Inderena y a Cartón de Colombia- realice un estudio de impacto ambiental para ver hasta dónde la actividad de la empresa pudo afectar el terreno de la concesión. "No tenemos ninguna objeción a que este estudio se realice. Al fin y al cabo, Cartón de Colombia, durante los 19 años que lleva con esta concesión, le ha entregado al Inderena un balance semestral para que analice la forma como se ha manejado el bosque. Si hubiera existido alguna irregularidad, el instituto habría podido suspender el contrato. Y no lo ha hecho", agrega Gómez.

COMPETENCIA DESLEAL
Pero los colonos, los aserradores, los consumidores de leña y las grandes industrias no son los únicos causantes del alto índice de deforestación. Hay otro responsable que incluso puede resultar más difícil de controlar y que viene actuando en contra del bosque desde hace ya varias décadas. Se trata de los cultivos ilícitos. Son más de 43.000 hectáreas las que se encuentran actualmente deforestadas a causa de los cultivos de marihuana, coca y amapola (ver mapa).
Es muy común oír hablar de los grandes perjuicios que ocasionó, durante los años 70, el cultivo de marihuana en zonas de alta riqueza natural, como la Sierra Nevada de Santa Marta. También se ha dicho mucho sobre la forma como la coca barrió con inmensos terrenos forestales del país y fomentó la deforestación en la serranía de La Macarena y El Perijá. Estos dos fenómenos aún no han desaparecido. Sin embargo, en los últimos años ha surgido con mayor fuerza el cultivo de la amapola. Según datos de la Policía Antinarcóticos, actualmente se encuentran sembradas más de 25.000 hectáreas de la llamada "flor maldita".
Y lo peor es que los efectos que este cultivo tiene sobre el medio ambiente son incluso más graves que los provocados por la coca o la marihuana.
La amapola suele sembrarse en los llamados bosques altoandinos, ubicados a más de 2.000 metros de altura, que a pesar de no tener un importante valor a nivel comercial sí son los grandes responsables de proteger y conservar los nacimientos de agua. Pese a que tiene esta misión tan importante, estos bosques han sufrido una intensa deforestación. Un estudio realizado por el biólogo Andrés Etter, demuestra que más del 73 por ciento de estos bosques ha desaparecido. Además, gran parte de los que existen actualmente se encuentran en tal estado de degradación, que es muy probable que no vuelvan a recuperarse. En efecto, según lo que señalan expertos en el tema, un bosque altoandino puede tardar más de 200 años en reponerse.
Pero este es sólo uno de los efectos causados por la deforestación. La tala indiscriminada de bosques ha generado un impacto en el ambiente de tal envergadura, que es muy probable que en muchos años no pueda darse una recuperación. De hecho, el 20 por ciento del territorio nacional presenta algún grado de erosión. Un porcentaje que tiene alarmado a más de un ecologista, pues se trata de un problema prácticamente irreversible. Debido a esto los ciclos hidrológicos se han desestabilizado hasta tal punto, que hoy en día los inviernos son más torrenciales y las sequías más prolongadas.
Muchos han concluido que, incluso, la crísis energética por la que atraviesa el país tiene su origen en este problema. "Si se destruye la capa protectora de los bosques en las cabeceras de ríos y quebradas, la sedimentación aumenta y los embalses, en lugar de agua, se llenan de tierra.
Esto, sumado a las otras causas que ya todos conocen, es lo que ha ocasionado que el país lleve más de un año padeciendo problemas de energía", agrega Alfredo Molano. Con todo esto, es lógico que los expertos en el tema consideren la tala de bosques como el mayor problema ambiental que afronta Colombia.
En el mundo, sin embargo, la situación no es distinta. Según un estudio publicado recientemente por la FAO, 154 millones de hectáreas fueron destruidas en las regiones tropicales durante la última década. El mismo estudio asegura que, de seguir este ritmo, en los próximos 10 años no existirán bosques tropicales en el mundo. Y el panorama no es nada alentador. En Estados Unidos, más de la cuarta parte de los bosques que existían han desaparecido. En Canadá, durante 1989, se quemaron siete millones de hectáreas, y hoy en día se destruyen un promedio de dos millones de hectáreas por año. Y en Nueva Zelanda, ya se arrasó con todo el bosque original. Sin embargo, lo más alarmante es que la mayor parte de la deforestación se efectúa en América Latina. Anualmente, en esta zona se destruyen mas de 11 millones de hectáreas de bosque tropical (ver mapa).

EN BUSCA DE SOLUCIONES
Frente a la tala indiscriminada de bosques, la única solución que parece viable a corto plazo es la reforestación. Los países desarrollados han sido tan conscientes de esto, que en los últimos años han logrado superar en plantaciones el número de hectáreas taladas. Sin embargo, en los países de América Latina sucede todo lo contrario. Y especialmente en Colombia.
Mientras en el país se deforestan 600.000 hectáreas de bosques, la reforestación actual no alcanza a ser más de 6.000 hectáreas al año. En total, durante las últimas tres décadas, se han reforestado en el país apenas 170.000 hectáreas.
Esta cifra esta muy por debajo de la que se presenta en Brasil, Estados Unidos, Canadá o Chile, en donde se reforesta un promedio anual de 80.000 hectareas al año. Y eso que ninguno de estos paises goza de las condiciones naturales de Colombia. Mientras en Chile, por ejemplo, un árbol de pulpa demora 25 años en crecer, en Colombia está listo en menos de la mitad de tiempo. Pese a estas ventajas, la reforestaci6n en el país no ha podido arrancar. "Los mayores reforestadores son las grandes industrias madereras, pero sólo lo hacen para asegurar su materia prima anota Rodrigo Cid, presidente de la Asociación Colombiana de Reforestadores-. Sin embargo, reforestar no es un buen negocio para nadie. lncluso son muchos los pequeños reforestadores que han terminado arruinados en corto tiempo".
Posiblemente esto vaya a cambiar cuando entre en funcionamiento el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), que está a la espera de ser aprobado por el Senado de la República. Se trata de un proyecto similar al que funciona en Chile y en Argentina, que intenta fomentar la participación de la industria privada en la reforestación. Consiste, básicamente, en darle al reforestador, por cada hectárea que siembre, el 51 por ciento del costo de la plantación. Que significa algo más de 500.000 pesos. Este programa pretende alcanzar la meta de sembrar 500.000 hectáreas durante los próximos 12 años.
Junto con este proyecto, el Plan de Acción Forestal para Colombia (PAFC) adelanta también otros programas para detener el impacto ambiental de la deforestación. Con un presupuesto de 232 millones de dólares, el PAFC pretende iniciar acciones rápidas para reducir las causas que están llevando a una tala de bosques indiscriminada en el país. Tiene proyectos concretos para disminuir el consumo de leña y, además, varios programas para la recuperación de cuencas hidrográficas y de respaldo tecnológico a las pequeñas industrias madereras. Son, en total más de 70 proyectos que, además de estar financiados a nivel nacional, cuentan con importantes donaciones de los gobiernos holandés y alemán.
Todo esto, aunque sin duda cambiará en gran medida el panorama actual con respecto a la tala de bosques, no acaba con la mayor causa de deforestación. Es decir, la presencia de colonos en los terrenos forestales. A pesar de que muchos sociólogos señalan que este fenómeno no desaparecerá hasta cuando haya una verdadera reforma agraria en el país que acabe con la concentración de la propiedad, está haciendo trámite actualmente en el Senado un proyecto de ley presentado por el Incora que busca cambiar las actuales políticas de titulación de baldíos. La idea consiste en dejar de titular tierras a los campesinos en zonas que no son aptas para la agricultura y en evitar que queden en manos de particulares áreas del país que forman parte de las reservas forestales. Según Fernando Corrales, gerente del Incora "este proyecto pretende acabar con el atractivo comercial que tienen actualmente los bosques y que los hacen cada vez más llamativos para la colonización".
Varios intentos de solución están en marcha. Pero aún no se sabe qué tan efectivos pueden ser al tratar de detener un proceso de deforestación que cada día crece más. Es cierto que Colombia todavía cuenta con un amplio recurso forestal. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es más la capacidad que se tiene para agotarlo y degradarlo que la voluntad y la capacidad para conservarlo.