A PAGAR SE DIJO

MUCHOS EMPRESARIOS estarán pensando que lo que se quedó en el bolsillo, en el bolsillo se quedó. En otras palabras, una cosa son los resultados de 1994 y otras las perspectivas para este año, con probabilidades de más impuestos a bordo. Sin embargo, para aquellos que miran hacia adelante, la fiesta de los resultados actuales puede verse ligeramente empañada por cuenta de la iniciativa que recibió el Congreso la semana pasada.
Como toda reforma tributaria que se respete, ésta se venía cocinando desde hace tiempo. Las primeras recetas empezaron a discutirse hace cerca de un año, cuando Ernesto Samper se encontraba haciendo campaña para la Presidencia de la República y Guillermo Perry era su principal asesor en asuntos económicos.
Desde ese entonces el actual Ministro de Hacienda sabía que al tema de los impuestos había que meterle muela. Después de los avances que se habían conseguido en la reforma de 1986 cuando se diseñó un régimen bastante uniforme, con el correr del tiempo las demás leyes tributarias abrieron la puerta a las excepciones y las normas volvieron a desequilibrarse. Esa situación se agudizó en 1992, con ocasión de la segunda reforma tributaria de la administración Gaviria."Desde ese entonces el sistema quedó como un queso suizo: lleno de huecos", dijo a SEMANA un experto en la materia.
De tal manera, pocos días después del 7 de agosto, el equipo de Perry empezó a trabajar en el tema. Más allá de las opiniones de cada uno de los especialistas había una limitante severa. Durante el primer debate de campaña entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, el actual presidente se había comprometido a no aumentar los impuestos, o por lo menos así lo interpretaron quienes explicaron las palabras del entonces candidato liberal al respecto. En consecuencia, cualquier intento de reforma tenía que cumplir la doble condición de aumentar los recaudos pero sin subir las tarifas. Al cabo de varias semanas, alguien bautizó a la iniciativa con su nombre actual: proyecto de racionalización tributaria.
En el transcurso de los meses siguientes un equipo de cinco tributaristas trabajó largas horas con los funcionarios del Ministerio. A cargo de todo el proyecto estaba el propio ministro de Hacienda, Guillermo Perry, quien desde hace más de 20 años anda involucrado en estos temas y es considerado como un experto a nivel mundial en la materia.
Después de muchos ires y venires se llegó al texto que se le presentó al Congreso la semana pasada. Lo que queda es un esfuerzo a marchas forzadas con el objetivo de conseguir, si no la aprobación definitiva, por lo menos sí el tránsito de la iniciativa a la siguiente legislatura.
En el intermedio, la propuesta del gobierno ha generado dos tipos de reacciones. Por una parte los técnicos reconocen que se ha hecho un gran trabajo, particularmente en el campo de recuperar los principios de transparencia, equidad y neutralidad del sistema tributario. Si la reforma llegara a salir tal como se ha propuesto habría avances importantes y se corregirían los desequilibrios actuales. Que el gobierno conoce su tema, fue algo que Perry se encargó de demostrar el jueves pasado durante una charla en la cual logró impresionar a un auditorio escéptico al respecto.
Sin embargo, para la mayoría de los colombianos, el tema es particularmente antipático. Más allá de la discusión técnica, las encuestas radiales revelan que nadie entiende por qué un gobierno que es visto como despilfarrador e ineficiente no arregla primero su casa, en vez de buscar al ahogado río arriba.
Toda esa animadversión determina que la suerte de la reforma esté en manos de la política y no de la técnica. Más allá de la búsqueda de una buena hacienda pública, lo que tiene que hacer el gobierno es jugársela para sacar adelante su proyecto en un Congreso cada vez más reticente. Si llega a fracasar quedaría comprometida no sólo la suerte del Plan de Desarrollo, sino la misma credibilidad del Ejecutivo. Por esa razón, el presidente Samper, si quiere triunfar, tiene que poner manos a la obra, pues no se le puede olvidar que por más cocinada que esté la iniciativa, incluso al mejor cocinero se le quema el pan en la puerta del horno.-

LA VERSION ORIGINAL
UNA DE LAS LEYES no escritas en materia de proyectos de ley es que no todos los artículos que comienzan, terminan. Por eso hay que recordar que aunque el río suena, no se lleva todas las piedras. Mientras eso se decide, los siguientes son los puntos más importantes del proyecto de racionalización tritutaria presentado por el gobierno nacional la semana pasada. La meta es que éste sirva para aumentar los recaudos en unos 800.000 millones de pesos actuales, para 1997:

IVA: se mantiene la tarifa en el 14 por ciento. Se permite la introducción del sistema de retención y anticipos en el IVA. Las empresas grandes efectuarán retenciones cuando paguen IVA en compras de bienes y servicios a empresas medianas y pequeñas, y liquidarán anticipos cuando los vendan.
Por otra parte, se limitan los bienes y servicios exceptuados del pago de este impuesto a aquellos que tienen una justificación de carácter social. En materia de tarifas, se incrementan las de automóviles, al igual que las de ciertos aviones y embarcaciones.
Se hace obligatorio el pago del IVA en la compra de bienes de capital. Se introduce un sistema de control a la facturación.

IMPUESTO A LA GASOLINA: se sustituyen los cuatro impuestos actuales sobre los combustibles, por un tributo único expresado en pesos y reajustable cada año. Se especifica que las sobretasas municipales a la gasolina se cobrarán en todas las estaciones de servicio para evitar la evasión creciente.

CONTRIBUCION ESPECIAL DE HIDROCARBUROS: el comúnmente llamado impuesto de guerra, que consiste en el pago de cerca de un dólar por cada barril de petróleo producido, se eliminaría para los nuevos descubrimientos. Para los ya existentes la tarifa se reduciría a partir de 1998.

IMPUESTO A LA RENTA: se definen de nuevo quiénes son los contribuyentes plenos y quiénes tienen un régimen especial. El objetivo es limitar la evasión a través de entidades exentas.
No baja la tarifa actual. Se adoptan normas en materia de leasing y de fiducia mercantil, para controlar figuras que pueden generar evasión. Se autoriza a la Administración de Impuestos para corregir la subvaloración de determinados bienes raíces en operaciones de compra-venta. Se redefine el sistema de presunción de renta mínima. Se reduce gradualmente la tasa del impuesto de remesas a las compañías petroleras. Se eleva el monto de rentas exentas para los salarios medios y bajos.