¿PARA DONDE VA SAMPER EN ECONOMIA?

POR ESTOS DIAS, ERNESTO SAMPER LUCE bastante contento. Y no le falta razón. En vísperas de cumplir sus primeros 100 días de gobierno, sigue disfrutando de una luna de miel que parecía imposible por aquellas fechas que siguieron a las elecciones del 20 de junio y al escándalo de los narcocasetes. "Los primeros 100 días de gobierno han sido realmente tranquilos al lado de aquellos que siguieron a la elección y que fueron tan duros que no se los deseo a nadie", le confesó el propio Presidente a SEMANA durante una entrevista en su despacho hace pocos días.
Buena parte del éxito- reflejado en altos índices de popularidad en las encuestas- se puede deber a la febril actividad desplegada por el primer mandatario en el arranque de su administración. Por un lado, ha hecho presencia en un buen número de ciudades con un ritmo pocas veces visto. Por otro, se ha encargado de que su gobierno no deje pasar semana sin hacer un anuncio importante.
Tal vez por convicción, o quizá porque no le queda más remedio, la mayoría del tiempo y de los anuncios han estado dedicados a la economía.
Al fin y al cabo, sus promesas electorales tienen mucho que ver con el tema: 1.5 millones de empleos, 350.000 microempresas, ayuda a los agricultores, alivio a los exportadores, redistribución del gasto público hacia lo social, competitividad, pacto social y varios capítulos más. En fin, una agenda suficiente como para ocupar todo el lapso de una administración. Y va a haber más. La presentación y discusión del nuevo plan de desarrollo, 'el salto social' (ver recuadro), enmarcado dentro de los nuevos procedimientos de la Constitución de 1991, promete mantener el tema en la mira de la opinión pública en las semanas por venir.
Lo más curioso es que semejante esfuerzo no parece haber sido reconocido aún. Si bien la popularidad actual del gobierno es un hecho, también lo es que, a nivel de los especialistas, su política económica está recibiendo ya críticas bastante severas. "Las señales no son claras", es el argumento de William Fadul, presidente de Fasecolda. "La política ha sido formulada de manera incompleta y borrosa", agrega el senador conservador Juan Camilo Restrepo. "No se sabe para dónde va el bus. Se tiene la impresión de que quiere hacer demasiadas rutas al mismo tiempo", opina el presidente de la Asociación Nacional de Industriales. Carlos Arturo Angel.
La discusión ha llegado a tal extremo que hay quienes la comparan con la que se presentó hace cuatro años, cuando el país discutía el tema de la apertura en el arranque del gobierno de César Gaviria. Lo irónico es que en aquel entonces, quien advertía de los peligros de la política económica era el propio Samper. Pero hasta ahí puede llegar la comparación. Los peligros de que hoy hablan algunos dirigentes gremiales nada tienen que ver con los de aquella época. Si entonces se decía que Gaviria quería ir demasiado rápido, hoy lo que afirman los críticos es que Samper está tratando de poner el freno, y que las dudas de su gobierno llenan de incertidumbre el ambiente empresarial.
Lo que parece más injusto es que estas críticas empresariales se las gane un gobierno que ha pretendido darse la pela, entre otras cosas, en la defensa de la producción nacional, en un esfuerzo que en principio debería merecer mejores comentarios de sus presuntos beneficiarios. Tan solo el sector agrícola y el gremio exportador han puesto sus esperanzas en ayudas puntuales y en la política de devaluación como principales salidas a sus problemas.
Para los conocedores, lo ocurrido se explica en varias razones. La de fondo es que la apertura, con sus más y sus menos, ha sido benéfica para la industria y el comercio. Fedesarrollo sostiene que la industria está creciendo a un ritmo anual del ó.2 por ciento en términos reales y el comercio a uno del 7.1 por ciento, con buenas expectativas de seguir así. Por cuenta de la liberación de importaciones y de la revaluación del peso, se ha producido un abaratamiento de muchas materias primas y, más fundamental aún, de maquinaria. Gracias a ese factor el aumento de la inversión privada ha sido bastante importante: 26 por ciento de crecimiento real en 1992, 43 por ciento en 1993 y un estimado de 13 por ciento para 1994. "Lo ocurrido demuestra un esfuerzo de modernización que en otras circunstancias no habría podido hacerse por sus altos costos", sostiene el ex ministro de Desarrollo, Mauricio Cárdenas. Y aunque ha habido sectores particularmente golpeados en estos últimos tiempos, como el textil o la industria tabacalera, los especialistas y los gremios le echan la culpa no a la apertura, sino al contrabando, acelerado por el lavado de dólares y a la persistente crisis de la Aduana. "El país necesita más y no menos apertura ", es una de las principales conclusiones del Plan de Acción Exportadora presentado por Fedesarrollo y Analdex hace unas semanas.


SEÑALES CONFUSAS
Está claro entonces que cuatro años después de iniciada la apertura, el sector privado se ha vuelto aperturista, y eso explica que en su interior algunos vean con temor las modificaciones que el gobierno de Samper pretende introducir al modelo. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió con el sector agrícola. A los 10 días de iniciado el gobierno actual, el Conpes aprobó una nueva política para el sector que incluyó la firma de cinco convenios de absorción de productos como el algodón y la cebada, con el fin de que los cultivadores nacionales de esos productos tuvieran la garantía de que antes que importarlos del exterior, los industriales nacionales se los iban a comprar a ellos. Para obligar a la industria a firmar, el gobierno le mostró el garrote de una subida en los aranceles de esos productos. "La disyuntiva era clara: o comprábamos, o comprábamos", le dijo a SEMANA un industrial que participó en el proceso. Aunque las cuantías involucradas no fueron demasiado grandes, el hecho dejó mal sabor y la sensación de que el gobierno estaba tratando de volver a épocas pasadas.
Otro factor de resentimiento son algunas de las políticas monetarias, que han ocasionado un alza significativa de las tasas de interés. El Banco de la República y el equipo económico del gobierno comparten la idea de que el crédito doméstico al sector privado ha venido creciendo demasiado rápido -a tasas cercanas al 50 por ciento-, y eso, además de la explosión en el endeudamiento externo privado -estimado ya en 7.500 millones de dólares-, justifica que se apliquen los frenos ya, para que el carro no se estrelle en el futuro. Bajo esa lógica se tomaron medidas de restricción al crédito externo en agosto y se ha apretado la liquidez interna en las últimas semanas. Esto tiene disgustados a los productores que se quejan de que la primera víctima de esa política va a ser la salud de la economía, y de que no tiene sentido que los sacrificios corran exclusivamente por cuenta del sector privado, mientras el público no hace más que aumentar el gasto.
Otro caso de señales mal recibidas es el de los recién nacidos fondos de pensiones, a los cuales un cambio en la reglamentación de la ley de Seguridad Social les va a costar 80.000 millones de pesos en pérdidas en los próximos años. "Entre algunos funcionarios parece haber reaparecido la idea de que el lucro es malo, algo que creíamos había sido superado", anotó a propósito de estas medidas un dirigente gremial.
Algo similar sucede en el campo de las telecomunicaciones. El sector privado, que había sido invitado a participar cada vez más activamente, siente que ahora las autoridades están celosas por su creciente participación. "Mientras el gobierno parece muy preocupado por lo que piensa el sindicato de Telecom, tradicional enemigo de la privatización del sector, no hace más que amenazar a los operadores privados con multas y sanciones por supuestas extralimitaciones en el uso de las licencias de operación que le han sido otorgadas", aseguró a SEMANA el presidente de una de las empresas privadas de valor agregado.
Los intermediarios financieros también se quejan. Las nuevas reglas sobre cartera no le han gustado al sector bancario y las compañías de leasing están preocupadas por un cambio en la reglamentación contable que las obliga a registrar cuantiosas pérdidas.
Los inversionistas extranjeros, por su parte, han interpretado con preocupación la decisión tomada en agosto de limitar su participación en el mercado de la finca raíz. Aunque el gobierno ha dicho que la motivación fue la de ponerle una talanquera a las operaciones de lavado de dólares en el sector de la construcción, el mal sabor permanece.
Roces como los mencionados han aumentado la desconfianza sobre la verdadera voluntad del gobierno de promover la iniciativa privada y han generado la idea de que en algunos sectores del gobierno el verbo favorito ha vuelto a ser 'intervenir'.
Para colmo de males, la actual administración ha estado en la mira de críticos particularmente duros. En el Congreso, el senador Juan Camilo Restrepo se ha convertido en la voz más autorizada de la oposición. Columnistas como Hernán Echavarría Olózaga o Jorge Ospina Sardi, señalan, cada vez que pueden, las supuestas inconsistencias del gobierno. Y desde Washington, el ex ministro Rudolf Hommes descarga todos los viernes, desde las páginas de El Tiempo, sus baterías contra la actual política en una actitud que produce particular escozor en un país donde los ex ministros de Hacienda han pasado tradicionalmente a un callado retiro.
Al respecto, el actual titular de la finanzas públicas, Guillermo Perry es claro. "La mayoría de las críticas son no sólo legítimas sino constructivas -dice. Pero hay otras que sí molestan cuando citan cifras que la evidencia desmiente o hechos que no han sucedido".


TODO AL TIEMPO
El gobierno, por su parte, también está pagando el precio de haber sido particularmente intenso. Apenas la opinión alcanza a medio digerir los anuncios del Conpes de la semana, viene un programa más, una visita a otra ciudad, o el anuncio sobre el apoyo a un sector específico. En las 14 semanas de gobierno se le ha dado vida a la Red de Solidaridad Social, al Consejo de la Competitividad, a la Corporación Tecnológica de la Microempresa y a las comisiones de trabajo del pacto social. Se han lanzado planes de empleo rural, de empleo urbano, de apoyo a los ancianos indigentes, de reforma agraria, de adecuación de tierras, de vivienda social y de tantos otros temas más, que los periodistas se quejan de saturación de noticias.
La abundancia de foros de concertación ha traído más confusión que claridad. Hace unos días Juan Camilo Restrepo fue especialmente agudo en sus críticas al decir que los tres escenarios -el pacto social, las comisiones del plan de desarrollo y el consejo de competitividad- le recordaban los circos de tres pistas que él iba a ver cuando niño. Para Restrepo, son tantos y tan frecuentes los anuncios en materia social "que parece que el gobierno siguiera en campaña electoral".
Buena parte de la desconfianza que generan los anuncios en lo social tiene que ver con la gente que tiene a cargo los programas. El caso más crítico es el del ministro de Salud, Alonso Gómez. Descrito siempre como uno de los profesionales más capacitados del país en su área de especialización y como una persona sencilla y afable, Gómez saltó de un momento a otro a una cartera que se la pasa en cuidados intensivos. De historias médicas y de rondas nocturnas en la clínica Palermo, el Ministro pasó a lidiar los paros de anestesiólogos y las súplicas de cuanto hospital público hay en el país. Lo más difícil para él ha sido tratar de desenmarañar la reglamentación de la nueva ley de Seguridad Social, heredada de su antecesor.
Este arranque en reversa ha llevado a Gómez a decir en público y en privado que en lo atinente a la salud, la reforma no va a poder aplicarse a partir del próximo año, como la plantea la actual reglamentación. Esto ha desconcertado a las entidades que como las empresas de medicina prepagada, estaban interesadas en convertirse en Empresas Promotoras de Salud, en el marco de la nueva legislación, y ahora han optado por congelar sus planes en espera de que las señales gubernamentales se aclaren.
Algo parecido está sucediendo en otros niveles. En el Sena y en el Instituto de Seguros Sociales, por ejemplo, se ha reabierto la discusión sobre los programas que dejó montados la administración anterior. Aunque el alto gobierno tiene la voluntad de seguir adelante con la reforma a los mecanismos de capacitación y a la seguridad social, existe una especie de corto circuito entre lo que se piensa en la Casa de Nariño y en el Ministerio de Hacienda y lo que se hace por parte de las entidades involucradas en el día a día.

"El problema es muy sencillo. Los nuevos directores de esas entidades han llegado a su cargo sin mucha claridad sobre las reformas en marcha, y mientras se enteran, la administración de esos institutos ha quedado en manos de la vieja burocracia, de los mandos medios tradicionalmente opuestos al cambio", explicó un dirigente gremial.
Lo grave de todo esto es que si las cosas siguen por donde van, lo primero que va a colapsar es el sector social, que es justamente aquel en el cuala se concentran las principales promesas del gobierno y las mayores expectativas de la opinión.

LAS PERSPECTIVAS
Con semejantes circunstancias, no es de extrañar que los observadores estén hablando de alerta amarilla, una alerta que parece haberse encendido tanto en el sector social como en el campo macroeconómico, en el cual la opinión entre los técnicos es que las metas no son consistentes. El gobierno quiere controlar la revaluación para que se recuperen las exportaciones; disminuir la inflación mediante el pacto social, y al mismo tiempo aumentar el gasto público en más de un 30 por ciento nominal en 1995. Todo con el objetivo de que la economía crezca en más de un 5 por ciento en términos reales .
El debate se centra por ahora en el pacto social. Este busca comprometer a empresarios, trabajadores y gobierno a no subir sus respectivos precios -incluidos los salarios- por encima de una cifra determinada. En plata blanca, se trata de limitar las alzas a cerca de un 17 por ciento en 1995, unos dos puntos por debajo de la que se percibe será la meta de inflación que en unos días dará a conocer el Banco de la República. Como prueba de su voluntad, el gobierno ya ha anunciado su decisión de no aumentar el precio de la gasolina al comenzar el año, de vigilar las tarifas y de no subir los salarios de los servidores públicos más allá de la proporción referida.
La polémica se enciende a la hora de poner todo eso en práctica. Eduardo Lora, de Fedesarrollo, piensa que aun si funciona "el pacto se vuelve ganancia de una sola vez". Según esta opinión, debido a la fragmentación laboral y empresarial de Colombia, a la hora de la verdad quienes se van a comprometer son muy pocos. Y los que no lo hagan van a ganar a costa de los que sí, con lo cual es claro que sería mejor estar afuera que adentro. "Al final, cualquier cosa va a ser una excusa para no cumplir, porque obviamente en una mesa donde lo vamos a concertar todo, finalmente cualquier empresario o cualquier gremio puede argumentar que está aumentando los precios más de la cuenta porque el gobierno no ha cumplido con sus compromisos de inversión o de cualquier otra materia", dice Lora. En su concepto, las partes deberían limitarse a un pacto sencillo, con pocos objetivos claramente mensurables. "Uno no puede empezar realmente con el enorme entusiasmo de tratar de concertarlo todo", agrega.

LAS BUENAS NOTICIAS
La gran ironía de lo que está ocurriendo es que las sombrías discusiones sobre lo que puede pasar ocurren en un momento en que la economía está vigorosa. El jueves de la semana pasada el Dane anunció que la tasa de desempleo había disminuído al 7.6 por ciento en las principales ciudades, 0.3 puntos por debajo de la registrada hace un año. De la misma manera. Planeación revisó su estimativo de crecimiento económico para 1994, colocándolo ahora en 5.3 por ciento, 0.3 puntos por encima del objetivo inicial.
Por otra parte, todas las encuestas empresariales más recientes contienen una opinión ampliamente mayoritaria de que la coyuntura es buena y de que las perspectivas son mejores (ver cuadro). Dentro de esa línea, el gobierno piensa que es posible lograr en 1995 un crecimiento económico cercano al 6 por ciento, una tasa que no se ve en Colombia hace muchos años.
¿Cómo se explica entonces la confusión? La respuesta es muy sencilla: se trata más de un problema de las señales que la administración está emitiendo que de las decisiones que está tomando. El gobierno no ha logrado unificar un discurso que suene coherente, más por exceso de elementos que por defecto.
Lo que parece hacer falta son manifestaciones claras -y a todos los niveles- en favor de la iniciativa privada y del espacio que ésta va a tener. El presidente Samper ya lo tiene claro. "Yo creo -le dijo a SEMANA- en la reforma al Sena y en la ley de Seguridad Social, y ambas van a salir adelante. Si alguien se opone a ellas, se va a ir del gobierno".
El desafío consiste en que ese mensaje llegue a los mandos medios y a la vez, al propio sector privado. El gobierno cuenta con elementos de sobra para enderezar las cargas. A su favor tiene una coyuntura productiva favorable, y un equipo económico sólido, con un Presidente popular involucrado personalmente en los temas donde se requiere meter la mano. Sólo falta hacer llegar los mensajes y coquetearle un poco más al sector privado, usando quizá la simpatía personal de Samper para hacer esa labor."Es cierto que tenemos objetivos ambiciosos, pero eso es mejor que estar corto de metas", opina el ministro de Hacienda, Guillermo Perry."Tendríamos -agrega- que equivocarnos demasiado para acabar con el crecimiento actual y con el que viene".


Y DE LA REVALUACION, ¿QUE?

"CADA MAÑANA QUE ME LEvanto y recojo el periódico ya no miro el titular. Abro la sección económica y busco a cómo cerró la tasa de cambio ". Esas palabras, dichas por el presidente Ernesto Samper, reflejan de qué manera el tema de la revaluación se ha convertido en el instrumento por excelencia de mirar el éxito del gobierno en materia económica. Desde que en su discurso de posesión, el 7 de agosto, Samper afirmara que "los amigos de la revaluación son los enemigos de la apertura", trazó una línea de conducta que no ha dudado poner en marcha. De tal manera que su gobierno adoptó medidas para controlar el flujo de dólares, en particular para limitar el endeudamiento privado externo que, estimulado por el diferencial de tasas de interés ya se acerca a los 8.000 millones de dólares, cuatro veces más que hace un par de años. Los efectos de la revaluación se han sentido con fuerza. Las exportaciones aumentaron únicamente en 2.1 por ciento durante el primer semestre y grandes sectores, como los productores de confecciones, de calzado y de flores, han sentido con dureza el efecto de un sistema en el cual el precio del dólar está quieto, mientras sus costos aumentan. Para decirlo de manera más técnica, el índice de la tasa real de cambio ha pasado de 102 al finalizar 1994 a cerca de 88 la semana pasada.
Aunque esa situación es angustiosa, es un poco mejor de la que existía en agosto. En ese momento la devaluación anualizada era del 0 por ciento. Pero durante septiembre la tasa representativa del mercado pasó de 817 a 842 pesos por dólar. Aunque desde ese entonces ha bajado un poco, la divisa se ha mantenido en cercanía de los 838 pesos. De acabar el año en ese nivel, la devaluación en 1994 sería apenas un 4.5 por ciento frente a una inflación cercana al 22 por ciento.
El estancamiento reciente de la devaluación ha llevado a algunos a poner en duda el éxito del gobierno en ese frente. No obstante, éste se defiende. "Las oscilaciones semanales no son buenas para emitir un juicio a fondo. Los efectos de la política hay que juzgarlos por como veníamos y por lo que está por venir", dice Guillermo Perry. Según su análisis, sólo hasta comienzos del año próximo se van a sentir en todo su vigor los efectos de las medidas de agosto, cuando el sector financiero y los importadores tengan que girar cuantías importantes al exterior. El gobierno aspira todavía a que la devaluación del año se acerque al 11 por ciento, con lo cual el dólar debería subir unos 40 pesos en los últimos dos meses de 1994.


EL PLAN DE OCAMPO

QUIENES ESTUVIERON CON Ernesto Samper en la campaña todavía se acuerdan del documento. Era un volumen gordo, en el cual estaban consignadas las propuestas económicas del entonces candidato. Al libro le pusieron 'El Petete'. Esas páginas acabaron siendo una de las principales fuentes de un nuevo libro con un título un poco más serio. Se llama 'El salto social' y entra a imprenta el 10 de noviembre. Contiene la propuesta del plan de desarrollo de la presente administración y será la brújula del manejo económico hasta 1998. Su elaboración tuvo lugar a lo largo de estos meses bajo la férula del director de Planeación Nacional, José Antonio Ocampo.
Tal como está presupuestado, a lo largo de ocho capítulos estará consignada la doctrina samperista sobre los temas que hoy forman parte de la polémica.
'El salto social' comienza con el objetivo de un nuevo ciudadano, anunciado en el discurso de posesión de Ernesto Samper. Las puyas al gobierno anterior y al modelo liberal están presentes sutilmente, a la hora de explicar en qué consiste el modelo alternativo de desarrollo, que asocia los objetivos económicos, sociales y ambientales del plan. Se hace énfasis en la equidad, en la solidaridad, en la competitividad, en la participación y, por supuesto, en la concertación. Todo esto para afirmar que el empleo es el puente entre la política económica y la social.
El capítulo siguiente tiene que ver con el tema macroeconómico. La meta del gobierno es particularmente ambiciosa: lograr un crecimiento anual promedio del 5.5 por ciento durante el cuatrienio. Este se apoyaría en instrumentos como la defensa de la tasa de cambio, el fomento al ahorro, tanto privado como público, el pacto social, la consolidación de la apertura y la política de empleo.
A renglón seguido se entra en el capítulo titulado 'El tiempo de la gente'.
Este describe los objetivos en materia de mejor calidad de vida: educación, salud, cultura, deporte, hábitat (vivienda y agua potable), red de solidaridad y justicia, seguridad ciudadana y derechos humanos.
En cuarto lugar se encuentra la política de producción basada en la competitividad y la creación de empleo productivo. Se habla del consejo de competitividad, de ciencia y tecnología, del fomento de la pequeña propiedad y de tres planes sectoriales: el exportador, el agrícola y el de modernización y reconversión industrial. Además se hace un largo análisis sobre el desarrollo de infraestructura en materia de transporte y comunicaciones.
Todo lo anterior da paso a los temas de desarrollo sostenible (medio ambiente), de desarrollo institucional (descentralización, gestión pública) y de agenda internacional (reciprocidad en las relaciones).
A vuelo de pájaro, se trata de todo un compendio de propósitos para hacer a Colombia más "próspera y pacífica", como dicen los discursos de los presidentes.
Aunque muchos de sus elementos eran ya conocidos, el plan tiene una que otra sorpresa. La más ambiciosa es la meta de crecimiento que, de lograrse, haría del actual período el de mejores logros en materia de aumento del ingreso por habitante. Por otra parte, el plan rescata el tema de las privatizaciones de manera clara. Buena parte de la construcción y recuperación de vías por un valor total de 6.000 millones de dólares le correspondería a los particulares a través de concesiones.
De la misma manera, se piensan vender activos estatales para cubrir parcialmente las necesidades fiscales de los próximos años. Aparte de los bancos estatales, habría también propuestas en el sector eléctrico y probablemente en telecomunicaciones.
El plan vuelve a la tradición de presentar programas sectoriales, algo que les debe gustar a industriales, agricultores y exportadores. Las medidas contra el contrabando, el manejo de los alivios tributarios y los apoyos a la produccción están contenidos en 'El salto social.'
Pero el sello típicamente samperista es el de la concertación, que refleja claramente el talante negociador del Presidente. El propio Samper defiende sus ideas: "No se trata de hacer nada distinto de lo que siempre he dicho", afirma. Y así es. Para bien o para mal, en el plan se encuentran posiciones que Samper defendía incluso desde sus épocas en Anif. Sólo falta esperar que a la hora de ponerlas en práctica este nuevo 'Petete' logre tener éxito a la hora de darle una vida mejor a 36 millones de colombianos.