PIEDRA ANGULAR

La fría sala de audiencias del noveno piso de la Corte Federal de Miami no tenía el lunes pasado muchos asientos disponibles para el público. La razón es que la mitad estaba ocupada por una legión de abogados defensores muy bien vestidos, rodeados de secretarias y asistentes que cargaban enormes maletines negros repletos de documentos. En condiciones normales los abogados se sientan frente a la mesa de la defensa, a un costado del escenario principal del tribunal. Pero la situación era excepcional el lunes debido a que los inculpados son tan importantes que casi todos tienen más de un defensor. De modo que varios de ellos tuvieron que acomodarse en los asientos del público y organizar desde ahí sus papeles mientras el juez federal William Hoeveler, el mismo que juzgó al depuesto general Manuel Antonio Noriega, interrogaba a los candidatos a jurado que querían que la Corte los eximiera de esa obligación.Una mujer alegó que no podía aceptar el cargo porque tenía un crucero por el Caribe; un contador se disculpó diciendo que si era elegido su negocio quebraría y una maestra de escuela expresó que no podía abandonar a sus estudiantes en la mitad del semestre. Con este improvisado preámbulo se daba comienzo a un juicio que el gobierno de Estados Unidos considera como un exitoso epílogo de la más importante investigación contra el crimen organizado en la historia de este país. Más importante incluso, ha dicho la fiscal Janet Reno, que las pesquisas que culminaron con el desmantelamiento de las mafias italianas en Chicago y Nueva York. Es el juicio al cartel de Cali y sus abogados colaboradores en Estados unidos. En un principio la operación, conocida como Cornerstone (Piedra Angular), tenía en su mira a los cabecillas del cartel de Cali, pero a medida que se desarrolló los investigadores se encontraron con una explosiva sorpresa: que para operar en Estados Unidos los narcotraficantes dependían de un grupo de prestigiosos abogados que ayudaban a encubrir los delitos y el aparato de intimidación de la organización a cambio de sumas millonarias. Por primera vez, y después de casi cinco años de trabajo, el gobierno estadounidense dará a conocer una buena parte de los secretos de esa organización, desde sus contactos en Bolivia hasta sus negocios sucios con los prestigiosos abogados de Washington y Miami, en una cadena que pasa por Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Texas y termina en el eslabón inconcluso del proceso 8.000.
El juicio tendrá como testigos estelares al ex contador del cartel Guillermo Pallomari, al ex'embajador' de la organización en Estados Unidos Harold Ackerman, arrestado en 1992 en Miami, y al ex jefe de comunicaciones Jorge Salcedo. Para los agentes antinarcóticos que han trabajado en este caso el juicio será una gran oportunidad para mostrar las dos caras del cartel de Cali: la imagen corporativa y civilizada de una multinacional del crimen que trabaja con ejecutivos, políticos y abogados de primera línea y desarrolla impecables sistemas de lavado de dólares para mantener un enorme conglomerado de empresas lícitas y, por el otro, el rostro brutal _y poco conocido_ de una organización que no perdona a sus detractores y que con el mismo rigor de sus finanzas concibe planes para intimidarlos o asesinarlos, al estilo de sus antiguos competidores del cartel de Medellín.
Asesinatos s.a. En este sentido los fiscales del caso harán lo posible por ventilar los detalles de por lo menos tres asesinatos atribuidos a los cabecillas del cartel en el expediente. El más conocido es la desaparición de la esposa de Pallomari, pero hay otros sobre los que hasta ahora sólo se manejaban especulaciones. Uno de ellos es el asesinato, en agosto de 1994, de Radamés Trujillo, el hijo del dictador dominicano Leonidas Trujillo, su esposa y dos acompañantes. El grupo fue invitado por Miguel Rodríguez Orejuela a una finca cerca de Cali para celebrar su cumpleaños. Según el encausamiento, Rodríguez Orejuela ordenó a uno de sus sicarios, Guillermo León Restrepo, el asesinato de sus invitados porque sospechaba que Trujillo podría colaborar con autoridades estadounidenses que investigaban un cargamento de cocaína incautado en Panamá. Otro de los crímenes, que ya salió a relucir en el proceso, es la muerte de dos personas en Cali que trataron de robarse un computador de Pallomari en el que guardaba parte de la preciada contabilidad secreta del cartel. Algunos de los delitos de narcotráfico consignados en el expediente de Miami ya fueron confesados en Colombia por Miguel Rodríguez, lo cual, en teoría, lo eximiría de los mismos en caso de ser extraditado. Los fiscales norteamericanos no están convencidos, sin embargo, de que eso sea definitivo, pues alegan que la confesión del narco se produjo después de la solicitud de extradición y eso invalida cualquier confesión. No hay hasta ahora un estudio definitivo que muestre lo que debe y lo que ya pagó el narcotraficante a la justicia, pero lo cierto es que los casos de homicidio sí están pendientes y con eso es suficiente para llevarlo ante un juez.
Al banquillo
Los acusados que van a juicio a partir de esta semana son sólo seis: dos prominentes abogados gringos _uno de ellos ex funcionario de alto rango en el Departamento de Justicia de Estados Unidos_ y cuatro presuntos narcotraficantes desconocidos en Colombia. El número es bajo, comparado con los 60 inculpados originalmente, pero es suficiente para que la Fiscalía ponga a rodar el guión acusatorio contra el cartel de Cali, un guión que arranca en marzo de 1983 con la creación de un almacén de depósito en Miami para guardar cocaína y termina en noviembre de 1995 con una escena en la que William Rodríguez Abadía, hijo de Miguel, le ofrece a una de sus empleadas, Vicky Girón, una recompensa por la localización de Jorge Salcedo, el entonces jefe de comunicaciones del cartel que recibió 1,6 millones por su colaboración con el gobierno colombiano. Pero tal vez lo más interesante para los colombianos durante las audiencias en Miami serán las referencias a las actividades políticas del cartel. Los 12 miembros del jurado, a quienes el juez Hoeveler tendrá que leerles una versión condensada del encausamiento de 203 páginas y 556 hechos cronológicos, escucharán, por ejemplo, que en mayo de 1994 Francisco Laguna, uno de los abogados del cartel en Estados Unidos, escuchó decir al propio Miguel Rodríguez Orejuela que él le entregó tres millones de dolares a "una campaña política" en Colombia.
Las contribuciones en 1994, según el encausamiento, llegaron a seis millones de dólares y fueron en parte retiradas en efectivo, por órdenes de Rodríguez y Helmer Herrera, de una cuenta del Banco de Colombia en Cali bajo el nombre de Export Café Ltda. Los billetes fueron empacados y contados por Jorge Castillo, Jesús Zapata y Sonia Domínguez y transportados a Bogotá por Tulio Murcillo.

Un candidato colombianoLos jurados escucharán al juez leer el hecho 481 de la causa, en el cual se afirma que Rodríguez Orejuela envió ese mismo junio un representante suyo para "negociar un acuerdo con un candidato político" a fin de coordinar el sometimiento a la justicia de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera. Todo esto "a cambio de cinco años de pena que serían cumplidos en una cárcel construida especialmente u otra ya existente, pero mejorada con el dinero del cartel". El acuerdo incluía además protección contra la extradición. Aunque el nombre del candidato político beneficiado con las contribuciones y con quien se discutió el supuesto acuerdo no es mencionado en el expediente, se espera que Pallomari resuelva la infantil adivinanza bajo el interrogatorio implacable al que será sometido por los fiscales y la defensa."Es algo forzoso y necesario", dijo a SEMANA un funcionario federal familiarizado con el caso. "El nombre del Presidente de Colombia se va a escuchar en la Corte".
La acusación sostiene además que Miguel Rodríguez Orejuela pagó 86.000 dólares en 1991 a uno de los miembros de la Asamblea Constituyente como parte de varios sobornos distribuidos por el capo entre los asambleístas para asegurar la revocatoria de la extradición, lo cual de hecho ocurrió. Un año antes, siguiendo órdenes de Rodríguez Orejuela, su abogado de cabecera en Estados Unidos, Michael Abbell, había preparado un memorando que contenía recomendaciones para justificar la prohibición de la extradición en Colombia. El estudio fue enviado a una persona en Colombia, no identificada por la causa criminal, para que fuera usado en las discusiones y exposiciones de motivos de la reforma constitucional. Los colombianos no se han cansado de preguntar en tono de protesta dónde están los carteles de la droga en Estados Unidos y por qué el gobierno de ese país no persigue a los cómplices gringos de los capos colombianos. A partir de esta semana los fiscales del sur de la Florida a cargo del caso Cornerstone tendrán un buen argumento para responder a la reiterada pregunta. Dirán que esos cómplices no están en la calles vendiendo droga ni en las bodegas de almacenamiento ni en los hangares del aeropuerto, sino que trabajan tranquilamente en los elegantes edificios de vidrios ahumados de la avenida Brickell en Miami o de la ribera del Potomac en Washington, sostenidas en buena parte por sus socios en Cali, Bogotá o Barranquilla. Es el cartel de los abogados, "los abogados del polvo blanco". O como ellos los llaman, "the narcolawyers".