POR AHORA NO

Al alcalde de Medellín se le podrá criticar por todo, menos por falta de audacia. En medio de los estruendos de la guerra declarada contra el narcotráfico, una de las pocas voces que se ha alzado para hablar de diálogo ha sido la de Juan Gónzalez Martínez, alcalde de Medellín, ciudad que como ninguna otra está en el ojo del huracán. En una sorprendente intervención que hizo por el canal regional, Teleantioquia, la noche misma en que Luis Carlos Galán agonizaba, Gómez dijo a los antioqueños: "... invoco al diálogo con guerrilleros, paramilitares, sicarios, narcotraficantes, esmeralderos y en general con las fuerzas que desestabilizan a Colombia", afirmó al cierre de su intervención con motivo del asesinato, esa mañana, del comandante de la Policía de Antioquia, coronel Waldemar Franklin Quintero.

Pero la propuesta se ahogó esa misma noche, en medio de las noticias y de la indignación por el asesinato de Galán, y después de que el presidente Virgilio Barco hiciera una intervención por los canales nacionales declarando la guerra total al narcotráfico, a través de las más drásticas medidas hasta ahora tomadas en la historia de esta lucha.

El tema sólo se volvió a tocar el miércoles 23 cuando, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros, el ministro de Comunicaciones Carlos Lemos Simmonds, respondió a una pregunta sobre el tema diciendo que los narcotraficantes "no son la clase de personas con las que el gobierno pueda dialogar". Lemos interpretaba asi no sólo la posición del gobierno, sino el sentimiento de la mayoría de los colombianos. Asi lo confirmaron los editoriales de El Tiempo y El Espectador a comienzos de la semana pasada. Y aunque estas reacciones no lograron hacer desaparecer la palabra diálogo de las declaraciones posteriores del alcalde, al menos lograron matizar su tono. En carta dirigida el martes 29 al presidente Barco, Gómez Martinez aclaró que "aunque he expresado la vía del diálogo total para lograr la paz, cumpliré y haré cumplir, hasta las últimas consecuencias, las normas dictadas por el gobierno nacional". Más adelante Gómez, quien no sin razón alega que en Bogotá se declaran guerras que tienen que ser libradas en Medellin, le recordó al primer mandatario una frase que habia dicho exactamente un año antes al lanzar la inciativa de paz: "Un Estado democrático no puede renunciar a usar de manera simultánea la generosidad y la firmeza". A pesar de que con estas declaraciones el alcalde paisa intentaba salvar el impasse, el ministro Lemos volvió a tomar la voceria del gobierno para decir sin rodeos que el gobierno no ha considerado la posibilidad de un diálogo con personas que hayan cometido delitos relacionados con el narcotráfico". Con esto no sólo volvia a recordarle al alcalde la posición imperturbable del gobierno, sino que respondia a una sorpresiva carta del caballista Fabio Ochoa, el hombre con más hijos extraditables en el país. Después de hacer un elogio de la figura de Gómez, el padre del clan Ochoa escribió: "Doctor Barco, que haya diálogo, que haya paz, que haya perdón, ensayemos una especie de borrón y cuenta nueva".

La carta de Ochoa al Presidente era el segundo intento que se hacia desde la orilla de los narcos, después del asesinato de Galán, para pedirle al gobierno perdón y olvido. Cuatro días antes se conoció en medios de prensa y del gobierno un casete en el cual Gonzalo Rodriguez Gacha, "El Mexicano, adobaba sus amenazas de guerra con una propuesta de entregar parte de sus bienes a cambio de "integrarse a la sociedad".

A pesar de que al cierre de esta edición las puertas de lado del gobierno y de la sociedad estaban cerradas al diálogo, algunas voces aisladas seguian tocando el tema más o menos indirectamente. El precandidato Ernesto Samper Pizano, en declaraciones a la agencia española EFE, dijo que "si no llegamos a ser capaces de ganar, el país tendrá que explorar otras alternativas". Algunos, sin embargo, fueron más lejos, como el présidente de la Cámara, Norberto Morales, quien afirmó que siempre habia sido amigo de todos los diálogos. En Estados Unidos, por su parte, la ministra de Justicia, Mónica de Greiff, le dijo a SEMANA el viernes pasado que "no creo que haya que descartar el diálogo del todo, pero bajo ningún aspecto puede darse desde una posición de debilidad. No se trata de aceptar lo que ellos propongan, sino oir lo que tienen para proponer".

Pero más allá de todas estas declaraciones encontradas, la verdad es que el problema del diálogo es muy complicado. Para comenzar, hay que decir que, a corto plazo, mientras más actos terroristas se cometan, más se radicaliza la opinión pública. El asesinato de Galán mostró que el gobierno y los colombianos tienen una fortaleza interna con la cual no contaban sus enemigos. Y esta no hará más que aumentar en la medida en que se cometan nuevos atentados como el del sábado, cuando un furgón cargado con 150 kilos de dinamita estalló frente a la sede de El Espectador en Bogotá, matando a una persona e hiriendo a cerca de un centenar.

El país está adquiriendo frente al narcoterrorismo una actitud similar a la asumida por Israel tras 30 años de conflicto con los palestinos. Allá todos los civiles se consideran combatientes y lo mismo está comenzando a suceder en Colombia. Hoy no sólo están en peligro los enemigos declarados de "los extraditables", sino cualquier transeúnte que accidentalmente pase por donde explotan las bombas.
De por si los muertos y heridos de la última semana han sido victimas inocentes. Con todos estos excesos, los narcos han cometido un enorme error de cálculo, pues no han hecho sino sacar a flote el instinto de conservación del país. Y el instinto de conservación está siempre acompañado de la voluntad de lucha.

A largo plazo, la situación es un tanto diferente. Si el problema de la violencia y de la corrupción es inherente al tráfico de estupefacientes y por ello mismo inevitable, y su consumo no puede ser controlado, habrá que comenzar a contemplar fórmulas para convivir con el problema o erradicarlo. Estas pueden ir desde el diálogo propuesto por el alcalde de Medellín y el presidente de la Cámara, y no descartado por la ministra de Justicia, hasta la legalización apoyada por personas como Antonio Caballero y Joaquín Vallejo. Pero una cosa es que la sociedad colombiana esté eventualmente dispuesta a buscar una fórmula para salir de la maldición del narcotráfico y otra muy distinta que esté dispuesta a sentarse a una mesa a discutir con los asesinos de Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal, Rodrigo Lara y todos los demás. Esto último es un imposible. Existen criterios morales y de soberania del Estado que hacen que el país prefiera una guerra total antes de contemplar esta posibilidad. Y como precisamente son esas personas las que piensan que aumentando el baño de sangre van a llegar a la mesa de negociación, la situación por ahora no tiene salida. El país está viviendo ese circulo vicioso. Por eso, la posición firme y enérgica del presidente Barco en la lucha contra el narcotráfico es la única posible en la actualidad. Después puede haber otras alternativas, pero por ahora no.