SI POR ACA LLUEVE...

A parte de ser uno de los países latinoamericanos con mayores problemas sociales y económicos, Perú ostenta un dudoso récord: es el mayor productor de coca del mundo. Se calcula que en su territorio, entre 105 mil y 135 mil hectáreas están sembradas de coca. Tal cantidad de matas produjo, según los estimativos más conservadores, una cosecha de 105 mil toneladas de hojas que sirvieron para producir 54 mil toneladas de pasta de coca para exportación, fuera de la que se quedó para el consumo interno.
Los cultivos de la planta, que por razones culturales se habían dedicado a satisfacer la demanda interna, han tenido un crecimiento desmesurado en los años recientes debido a la demanda de los mercados internacionales. Según las autoridades peruanas, " a partir de 1977, el cultivo de la coca, en el departamento de San Martín, se incrementó de 275 hectáreas a 3 mil, para alcanzar las 30 mil en 1982", o sea, el 91.7% de la producción agrícola. Ante este panorama, el gobierno de Alan García, con ayuda internacional, emprendió un plan para desestimular el cultivo de la hoja, pero sus efuerzos no han dado los frutos esperados. Fuera de las medidas represivas, de las campañas anticorrupción y de la erradicación de cultivos (703 hectáreas fueron destruidas en el 83, 3.200 en el 84, 4.830 en el 85 y 2.675 en el 86), el gobierno no ha podido convencer a las familias campesinas de que se dediquen a sembrar otros productos; el negocio es tan atractivo que, alrededor de 100 familias de la región de Huallaga ganan, cada una, 7 mil dólares por la cosecha de una hectárea de coca, mientras el gobierno apenas ofrece 300 para que la destruyan y cultiven otros productos.

NARCO-EJERCITO-GUERRILLA
Las medidas del gobierno, que incluyeron la declaratoria del estado de emergencia y la militarización del Alto Huallaga, fueron impotentes ante la llegada a la región, desde 1983, del grupo guerrillero Sendero Luminoso que encontró en una alianza con los narcotraficantes, la mejor manera de sacar adelante sus menguadas finanzas. Los senderistas no sólo brindaban protección y cobraban "vacunas", sino que se dedicaron al lucrativo negocio del cultivo. El puntillazo para el gobierno, vino cuando se descubrió que un elevado número de miembros de las fuerzas militares fueron seducidos por los narcodólares. Por esta causa, el gobierno de García debió destituir a más de 2 mil militares en un plazo de 2 años.
El Perú, un país de 20 millones de habitantes, de los cuales el 75% está desempleado o subempleado, enfrenta ahora el problema del consumo. Ya no se trata del tradicional mambeo sino de una mezcla de tabaco y pasta de coca, similar al basuco, que se conoce como "pastillo". Se calcula que en Lima hay 80 mil adictos y que unas 600 mil personas han probado algún tipo de droga, por lo menos una vez en su vida. Y si lo anterior fuera poco, se sabe que la mitad de los trabajadores peruanos deriva su sustento de la llamada "economía informal", que está basada en los cocadólares. La economía subterránea se vio alimentada por una suma que osciló entre los 600 y los mil millones de dólares en 1986, cifra aterradora si se tiene en cuenta que al año siguiente, el Perú vio descender sus reservas internacionales en mil millones de dólares. En la actualidad, el gobierno se ha empeñado en la desírucción de laboratorios y cultivos y hasta el momento ha bombardeado más de 150 narcopistas y desmantelado más de 40 laboratorios. Pero la alianza guerrilla-narcotráfico parece imposible de derrotar y, para lograrlo se necesita mucho más que buenas intenciones y manifestaciones de apoyo por parte de la comunidad internacional.

EL CASO BOLIVIANO
Y si por Perú llueve, por Bolivia no escampa. Posiblemente sea el país que en mayor escala ha sufrido los estragos del narcotráfico, al menos en lo referente a la producción. Debido a que ancestralmente los bolivianos consumen la coca en varias formas, el cultivo, más no la producción de derivados de la hoja, es permitido por la legislación boliviana. Este era un recurso normal hasta que la demanda del mercado internacional hizo que grandes masas de población emigraran hacia las despobladas áreas rurales para dedicarse al cultivo de la coca, llegando a desplazar a otros cultivos menos rentables. Una mata de coca madura en 18 meses, tiene una vida productiva de entre 20 y 30 años y una sola hectárea produce una tonelada y media de hojas en cada una de las tres o cuatro cosechas que da al año. Según la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado norteamericano, en 1986 se produjeron 49 mil toneladas de coca, provenientes de 35 mil hectáreas sembradas. De esas, 10 mil toneladas se dejaron para el consumo interno y las 39 mil restantes se convirtieron en 195 toneladas de pasta de coca para la exportación. Se trata de uno de los mayores abastecedores del mercado internacional y se calcula que 500 mil bolivianos están involucrados, directa o indirectamente, en el negocio.
Al igual que en los casos de Bolivia y Colombia, el narcotráfico ha traída consigo violencia y corrupción. No es descabellado afirmar que, durante la década de los 70 y los comienzos de la de los 80, capos de la droga y altos funcionarios oficiales trabajaron hombro a hombro. A mediados de los 70, las élites rurales de Santa Cruz y Bení organizaron los mayores centros de procesamiento, con la connivencia y complicidad de las autoridades militares. Pero el punto más alto en cuanto a corrupción, se alcanzó cuando los zares del narcotráfico, empeñados en convertir al país en el mayor exportador de coca en el mundo, encontraron en el general Luis García Meza, presidente de la República, a su mejor socio. La "narcocracia" comandada por García Meza, tuvo carta blanca para actuar hasta que el general fue derrocado en 1981 y sustituido por dos juntas militares, que finalmente dieron paso a la elección de Hernán Siles Suazo como presidente constitucional.
Durante los tres años del gobierno de Siles Suazo, el procesamiento de la coca quedó en manos de los campesinos, que se agruparon en cooperativas y se opusieron a las medidas antidroga decretadas por el gobierno, llegando a realizar paros, bloqueos de vías y a enfrentarse con la fuerza pública. Por eso, al ascender a la presidencia, Víctor Paz Estenssoro decidió cambiar de estrategia. Por un lado, implantó una fuerte política económica, de corte liberal, que redujo la inflación (que pasó del 10.000% a menos del 50% en 1986), estabilizó precios, reabrió líneas de crédito, aumentó el recaudo de impuestos e hizo que el dinero (incluidos los narcodólares) regresara al sistema bancario. Pero, al lado de esas bondades las medidas económicas incrementaron el desempleo y redujeron las ventas, pintando un gris panorama que se acabó de oscurecer con la caída en los precios internacionales del estaño y el gas natural, los únicos productos legales que le dejan divisas a la nación. Por otra parte, en una controvertida decisión, el gobierno de Paz Estenssoro invocó la ayuda de fuerzas norteamericanas en 1986, con el fin de acabar con los laboratorios de Santa Cruz y Bení. Este hecho hizo que la demanda de hoja de coca disminuyera por algún tiempo pero, ante la falta de un buen proyecto de diversificación y ante la no implantación de sanciones económicas que desestimularan el negocio, los frutos de la operación fueron pocos.
Lo cierto es que Bolivia, el país más pobre de Suramérica, que ha visto caer estruendosamente los precios de sus productos de exportación legales, sólo ha podido salvarse de la bancarrota total gracias a los dineros del narcotráfico. Los ingresos por narcotráfico son el 300% más altos que los de todos los demás productos de exportación sumados. En la actualidad, el gobierno consiguió una ayuda por 300 millones de dólares para incentivar la diversificación de cultivos. Como ha quedado claro en los últimos meses, 300 millones no ayudan mucho en la solución del problema especialmente cuando se tiene calculado que para lograr el cometido es necesario invertir un minimo de 600 millones de dólares anuales, durante muchos años, aparte del alto costo en vidas humanas que habría que enfrentar.