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| 12/1/1986 12:00:00 AM

UN AÑO DE SILENCIO

El país político parece decidido a que se olvide lo ocurrido el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

UN AÑO DE SILENCIO UN AÑO DE SILENCIO
Al cumplirse un año de la tragedia del Palacio de Justicia, sin duda el acontecimiento más grave y terrible de la historia reciente de Colombia, las cosas siguen estando tan confusas como el primer día, o todavía más. Ni siquiera hay acuerdo sobre el número de víctimas. Ciento quince, según informó al Congreso el entonces ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe. Noventa y cuatro, de acuerdo con el informe del Instituto de Medicina Legal. Noventa y cinco, de atenerse al acta de acusación presentada a la Cámara por el procurador Carlos Jiménez Gómez. Ochenta y nueve, ciñéndose a las cuentas hechas por los magistrados Carlos Upegui Zapata y Jaime Serrano Rueda, del Tribunal Especial designado por el gobierno de Belisario Betancur para investigar el caso.
Tampoco coinciden, en las distintas fuentes, las cifras sobre las personas rescatadas con vida. Doscientas quince, según el informe de la XIII Brigada del Ejército, que tuvo a su cargo la operación de censarlas en la Casa del Florero. Doscientas cuarenta y cuatro, según el Tribunal Especial. Ni se ajustan los números de guerrilleros del M-19 muertos en la acción. En una entrevista para su boletín Oiga Hermano, el entonces comandante del grupo guerrillero Alvaro Fayad afirmó que en ella habían participado treinta y cinco de sus hombres. Pero la XIII Brigada da una lista de cuarenta y ocho: siete con nombres y apellidos, y cuarenta y uno más con sus respectivos alias.
Pero la confusión más trágica se refiere sin duda a los desaparecidos del Palacio. No hay ninguno, aseguran las Fuerzas Militares que reconocen haber "retenido a seis sujetos" pero dicen haberlos dejado luego en libertad. Los magistrados Serrano y Upegui afirman en cambio que dos guerrilleras fueron detenidas y llevadas a la Casa del Florero, y desaparecieron luego. El procurador Jiménez Gómez afirma por su parte que los desaparecidos son por lo menos cinco, que no caben dentro de los treinta y siete cadáveres no identificados enterrados en fosa común. Y los familiares de los empleados de la cafetería del Palacio de Justicia -nueve, a quienes los magistrados especiales presumen muertos en el incendio del cuarto piso basándose en que se hallaron restos de pasteles en las escaleras- aseguran que entre los restos sin identificar no estaban los de sus parientes, puesto que sus dentaduras no coincidían.
Nada está claro, pues. Cuando entregó su informe, después de adelantar una invesligación que colmó Veintiún mil folios, el Tribunal Especial advirtió que seria necesario que la Justicia ordinaria siguiera investigando. Otro tanto dijo Jiménez Gómez tras dar por concluida, a los cuatro mil folios, la investigación de la Procuraduría. El actual presidente de la Corte Suprema, doctor Uribe Restrepo, también sostiene que es necesario todavía esclarecer varios puntos (ver entrevista en este mismo número). Y, de hecho, el voluminoso expediente pasó a manos de la juez 14 Superior, doctora Marta Patricia Carrizosa, para que la investigación siguiera su curso. Pero ella traspasó a la justicia militar todo lo referido a las actuaciones de las Fuerzas Armadas durante la toma y contra-toma del Palacio (en particular las "conductas irregulares" de que habla el informe del Tribunal Especial), y de sus investigaciones o conclusiones, si las hay, no se tiene noticia. En cuanto al resto, la doctora Carrizosa dice a SEMANA: "No tengo el tiempo que este negocio requiere" porque, fuera de él, "hay a mi cargo dos mil negocios más".
Así las cosas, todo indica que el juicio sobre los terribles sucesos del seis y el siete de noviembre de 1985 va a quedarse para siempre, tal como lo recomendó la Subcomisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, "en el silencio de los pensamientos".
Esto ha ocurrido, es cierto, con casi todos los asuntos graves de nuestra historia. La investigación sobre el asesinato de Gaitán, por ejemplo, quedó enterrada en el olvido cuando habia cubierto ya cientos de miles de folios y varias décadas. Pero no parecía probable, en un principio, que fuera a suceder lo mismo esta vez. En su discurso televisado del siete de noviembre, pocas horas después de concluido el trágico episodio, el presidente Belisario Betancur asumió toda la responsabilidad de lo sucedido, y con seguridad ni él mismo presumía que sería tan unánime la decisión de no reclamársela por parte del país político. En esos primeros días, en efecto, se habló mucho de establecer un juicio de responsabilidades. El entonces candidato liberal y hoy presidente Virgilio Barco escribió (17 de noviembre) uno de los más claros y enérgicos pronunciamientos de su campaña, diciendo: "Tenemos el derecho y la obligación de exigir que den razón de sus actos quienes en algún momento alegaron tener mejores títulos que los demás para gobernarnos. Sin embargo, en Colombia se está aceptando la doctrina perniciosa de que a quienes orientan y administran la nación ni siquiera se les pueden pedir aclaraciones así las ofrezcan. En nombre de la paz, de la convivencia o de la salud nacional, se quiere crear y adoptar la peor de las formas de gobierno posibles: la de los gobiernos que no rinden cuentas de su gestión".
Y el representante César Gaviria (hoy ministro de Hacienda) planteó en la Cámara un debate al gobierno, que se veia venir duro y difícil. Pero no paró en nada. El debate de responsabilidades se diluyó ante un discurso vago, pero enérgico, del ministro de Defensa Vega Uribe. El candidato Barco no volvió a insistir. La tragedia de Armero, con sus veinte mil muertos, había relegado los acontecimientos del Palacio a un pasado al parecer tan remoto que el propio M-19, que en la acción había perdido algunos de sus más connotados dirigentes (Luis Otero, Alfonso Jacquin, Andrés Almarales) declaró una tregua unilateral a causa del volcán. Las explicaciones ofrecidas por el presidente Betancur nunca le fueron reclamadas.

LOS VACIOS
El gobierno designó un Tribunal Especial, integrado por los magistrados Serrano y Upegui, para que investigara la tragedia. Al cabo de muchos meses, y después de largas disputas sobre si, la investigación quedaba protegida por la reserva de sumario y en consecuencia no debía ser publicada, el Tribunal dio a conocer su informe. Largo, pero vago, y en el cual no se establecieron responsabilidades ni políticas, ni militares, ni mucho menos penales. Más que resolver las dudas sobre lo sucedido, el Tribunal enumeraba las que quedaban (y quedan) en pie: las conductas irregulares de miembros de la fuerza pública en relación con los desaparecidos, las razones por las que no había vigilancia en el Palacio, etc.

LAS CONTRADICCIONES
También el procurador Jiménez Gómez, tras adelantar su propia investigación, presentó ante la Camara una acusación formal contra el presidente Betancur y su ministro de Defensa como "comandantes en campaña" que ignoraron los principios del derecho de gentes al despreciar olímpicamente las vidas de los civiles cogidos entre dos fuegos en una acción de guerra. Y lentamente, como con cuentagotas, empezaron a filtrarse nuevas informaciones para gran indignación del gobierno. Se filtraron las actas de los consejos de ministros de los dos días terribles, las cuales, aunque reconstruidas a posteriori por los participantes dejaban ver incoherencias con otras declaraciones oficiales, como la ignorancia del gobierno civil sobre lo que ocurría a dos cuadras de distancia, informado solamente por las emisoras de radio. Ignorancia que sería subrayada más tarde por el minislro de Justicia Enrique Parejo, quien acusó al comandante de la Policía, general Delgado Mallarino, de haber dado al gobierno informaciones falsas o insuficientes. Las actas dejaban ver asimismo que la principal preocupación de los ministros, expresada por el ministro de gobierno Jaime Castro, había sido la de no ir a contradecirse mutuamente en sus declaraciones posteriores.
Por otra parte, se publicaron también fragmentos de las grabaciones de las comunicaciones militares durante las veintiocho horas que duró el combate. Y con ellos se dejó la clara impresión, contraria a todas las afirmaciones del gobierno, de que salvaguardar la vida de los rehenes no había sido en ningún momento una preocupación seria de los militares. "Que haya acción, que haya ruido", pedía por radio "Paladín Seis" (el general Rafael Samudio, hoy ministro de Defensa). Decía a sus hombres que "no nos pongamos a pararnos por gastos de municiones o destrozos que haya que ocasionar". Y, cuando el enviado de la Cruz Roja intentaba pasar con un mensaje del gobierno para los guerrilleros, cortaba con energía: "Creo que quedaron perfectamente claras las instrucciones que yo le di sobre la Cruz Roja". Ante estas revelaciones el general Vega Uribe se limitó a protestar diciendo que era ilegal publicar conversaciones grabadas de las FF.AA.

EL OLVIDO
Pero nada de eso tuvo efectos sobre la decisión ya tomada por el país político, que consistía en hacer olvidar el enojoso asunto. Desde su discurso del siete de noviembre el presidente Betancur se había cubierto políticamente las espaldas dejando en claro que no había tomado ninguna decisión sin consultarla previamente con los ex presidentes y los tres candidatos a la Presidencia. No habría, pues, recriminaciones ni exigencias. Las mayorías liberales de la Cámara lo entendieron así cuando se abstuvieron de designar la comisión investigadora del Parlamento que se había anunciado en un principio. Y eso lo vino a refrendar la Subcomisión de Acusaciones en su apresurado fallo cobre la denuncia del procurador Jiménez Gómez, dictado en las últimas horas hábiles de la legislatura. "No hay lugar" para juzgar al presidente Betancur, concluyó la subcomisión. Ni en lo político, ni en lo jurídico. Lo juzgará la historia, a su debido tiempo. Y entre tanto es mejor no hablar más de cosas desagradables.
La prensa, en general, estuvo de acuerdo con esta política de "perdón y olvido" o de "borrón y cuenta nueva". Así lo demuestra el voluminoso dossier de opiniones periodísticas publicado por el procurador Jiménez Gómez para acompañar el texto de su acusación ante la Cámara. Con excepción de un puñado de columnistas, los periódicos atacaban unánimemente al procurador por su insistencia en seguir agitando el espinoso tema, y coincidían con la interpretación de la Subcomisión de Acusaciones en el sentido de que ni siquiera era posible hablar de "acto de guerra" con referencia a lo ocurrido en el Palacio puesto que el país no se encuentra oficialmente en guerra. Los periódistas coreaban la intervención del Minhacienda Hugo Palacios registrada en las actas del seis y el siete: "Los únicos culpables son los hampones" ("lo demás es ópera", agregaba El Tiempo). Y hacían suya la afirmación del general Samudio en Chile, a pocos días de la tragedia: "Lo del Palacio fue un ejemplo para el mundo"

LA CONFUCION
Entre tanto, y desde el primer día, la confusión en torno a lo realmente ocurrido no había hecho más que acentuarse. El propio presidente Betancur había dictado la línea confusionista al hablar de la injerencia de los narcotraficantes en la toma guerrillera del Palacio, y su insinuación fue ampliada luego por su ministro de Justicia y por los editorialistas de la prensa. A la "conexión narco, se sumó pronto la conexión sandinista", sugerida en primer lugar por el secretario de Estado norteamericano George Shultz y desarrollada con entusiasmo por los corresponsales militares de los grandes diarios aunque negada por el alto gobierno según ella, las armas del M-19 para la toma del Palacio provenían del gobierno de Nicaragua. Las dos versiones (narcos y sandinistas) fueron desvirtuadas inclusive por el Tribunal Especial, pero todavía siguen sobreaguando periódicamente en los editoriales de prensa. Otros elementos agravaron la confusión, como el apresuramiento de los militares en dejar limpio y barrido el Palacio incendiado, cosa que dificultó luego considerablemente en las investigaciones, o el hecho inexplicado de que sólo permitieron que el Instituto de Medicina Legal hiciera estudios balísticos sobre algunas, no todas, las armas guerrilleras recuperadas después de la batalla.
Y entre tanto hubo además numerosos acontecimientos que distrajeron la atención general: la catástrofe de! Armero, las elecciones parlamentarias, las elecciones presidenciales, la visita papal a Colombia...

LAS INCOGNITAS
Con todo lo cual los misterios del Palacio y sus implicaciones legales y políticas quedaron olvidados y sin respuesta.
Nunca quedó claro quién había tomado las decisiones, si el gobierno civil, o los militares de manera autónoma. Nunca se supo quién, ni por qué, había ordenado que se levantara la vigilancia policial en torno al Palacio la víspera del asalto de los guerrilleros, pese a que días antes el plan de la toma habia sido publicado por la prensa. Nunca se supo nada de los desaparecidos, ni nadie insistió en que diera cuentas al respecto el teniente coronel Edilberto Sánchez, jefe del B-2 de la XIII Brigada, quien tuvo a su cargo el puesto de tránsito e identificacion del Palacio al Florero. Nunca se aclaró por qué fueron interceptados durante horas el enviado de la Cruz Roja -en el sentido Palacio de Nariño-Palacio de Justicia- y el magistrado Reinaldo Arciniegas en sentido contrario, cuando intentaban transmitir mensajes. Nunca se estableció, por insuficiencia de las pruebas balísticas, quién mató a los magistrados. Nunca se supo quién inicio los incendios del Palacio, que fueron varios y simultáneos. Y así, la más grande tragedia política e institucional de los ultimos años quedó reducida a una peripecia sin importancia, perdida entre otros hechos de sangre como los asaltos guerrilleros a puestos de Policía o los atracos a sucursales perdidas de la Caja Agraria. Un simple episodio más en esa guerra que de todos modos, y según la Subcomisión de Acusaciones de la Cámara, no existe en Colombia.

EL ANIVERSARIO
Pero si el país político quedó conforme con el tratamiento de silencio que se le dio a todo el drama, y participó activamente en que se le diera un entierro de pobre, todavía se levantan voces discrepantes. La del procurador Jiménez Gómez fue una de ellas, al señalar en su acusación que "en el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los conflictos armados". Cuatro o cinco columnistas de la prensa escrita siguen planteando a veces, tercamente, la urgencia de que se resuelvan los misterios dejados por el terrible episodio. Para el siete de noviembre, primer aniversario de la tragedia, artistas y poetas han convocado una "marcha por la vida" en la Plaza de Bolívar de Bogotá, frente al cascarón chamuscado del Palacio. Y en Cali, para la misma fecha, un grupo de "mujeres rompiendo el silencio" convocan otra manifestación "porque el silencio es cómplice de la violencia". También (ver facsimil) un grupo de ciudadanos ha montado una "Fundación por el esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia". Y por último están, naturalmente, los familiares de los desaparecidos, que exigen que se les dé noticia cierta sobre sus parientes.
¿Y el M-19? El general Rafael Samudio, ministro de Defensa, ha advertido que las Fuerzas Armadas tomarán toda clase de precauciones en la fecha del aniversario.
LA LEY DEL SILENCIO
Uno de los factores que más han contribuido al silencio es la confusión jurídica que surge de las normas aplicables en estos casos. La expresión "derecho de gentes", alrededor de la cual acabó girando el caso del Palacio de Justicia después de que el ex procurador Carlos Jiménez Gómez la enunciara en su informe del 20 de junio, es de por sí demasiado ambigua. Tan abstracta y amplia como la de los "derechos humanos". Lo que existe, más o menos aceptado y con algunas adiciones concretas, es el derecho internacional, conformado por convenios que se han firmado en Ginebra y de los cuales, para el caso del Palacio, se aplicaría el cuarto. Este tiene que ver con la protección de personas civiles en tiempos de guerra, señalando que las que no participen directamente en las hostilidades serán tratadas con humanidad.
Sin embargo, a pesar de que el ex procurador en su informe señaló concretamente algunos de los delitos cometidos, impone una cortapisa a la forma en que deben ser analizados los hechos. En su denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, pide que "se defina si en la ejecución de dicha decisión fueron observadas y adoptadas todas las medidas de carácter positivo y negativo a que, según el derecho de gentes y los pactos de Derecho Internacional Humanitario aprobados por el país, el gobierno nacional estaba obligado para preservar la vida de las personas civiles" y, acto seguido, se limita a transcribir únicamente las citas de los tratados firmados por Colombia. Lo que parece no haber tenido en cuenta el ex procurador, según la "Fundación por el esclarecimiento de los hechos del Palacio de Justicia", es que no sólo tienen vigencia los tratados firmados y ratificados por el Congreso, sino la totalidad de los artículos del derecho de gentes, ya que su obligatoriedad nace por el mismo artículo 121 de la Constitución. Estos incluyen los protocolos adicionales de 1977 que son una especie de decretos reglamentarios de los convenios de 1949, pero que Colombia aún no ha firmado. Esto supone que las actuaciones del gobierno en lo que hace relación con el derecho de gentes deben ser analizadas a la luz de las obligaciones constitucionales y no del derecho internacional.
Lo anterior, puede ser apenas el comienzo del debate jurídico alrededor del derecho de gentes y del artículo 121 de la Constitución. Sin embargo, la posibilidad de violaciones constitucionales, de acuerdo con algunos especialistas, serían entre otras:

-El artículo 16, habla de que "las autoridades están constituidas para preservar la vida...". No sólo el número de muertos, sino la inexistencia de un plan de rescate, déjarían dudas sobre la responsabilidad de algunos funcionarios.
-El artículo 55 de la Constitución, habla de la "actuación armónica de los poderes", y el Ejecutivo no habría actuado armónicamente al negarse a hablar con el doctor Reyes Echandía (representante del Poder Judicial) y al no aceptar la intervención del presidente del Senado (cabeza del Legislativo).
-El artículo 120 dice: "Corresponde al Presidente..." (numeral 6), "disponer de la fuerza publica..." (numeral 8); "dirigir, cuando lo estime conveniente, las operaciones de la guerra". El análisis de este artículo y la hipotesis del minigolpe militar, pondría en entredicho el cumplimiento de la norma constitucional.
-El artículo 20 afirma que "los funcionarios públicos son responsables por extralimitación o por omisión... ". Este podría contradecir la tesis de la necesidad de intención dolosa para que haya infracción. El 130 habla de las mismas funciones pero especificamente para el Presidente de la República. Este artículo desbarataría el argumento de la Subcomisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes según el cual los actos de gobierno no son juzgables.
-El artículo 21 señala que "respecto a las acciones militares, la responsabilidad únicamente recaerá en el superior que dé la orden". Como el Presidente asumió la responsabilidad de las órdenes dadas, necesariamente sería él a quien se debería enjuiciar.
Pero si las violaciones a la Constitución no son pocas, las que habría en materia penal son innurnerables. En los actos del Palacio de Justicia, según el abogado Eduardo Umaña Mendoza, se puede encontrar desde el homicidio, daño en cosa ajena, prevaricato por omisión, hasta abuso de autoridad y empleo ilegal de la fuerza pública.

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