En el foro se analizó la evaluación realizada por la Universidad de Harvard a la Unidad para las Víctimas y su papel en la implementación de las medidas de reparación integral. | Foto: Guillermo Torres

CONCLUSIONES

Acelerador a la reparación

Colombia es ejemplo mundial en reparación de víctimas, pero tiene el gran desafío de poner en marcha estrategias para la construcción de procesos aún más efectivos para cumplir sus objetivos.

3 de diciembre de 2016

Representantes del gobierno y de las víctimas, expertos, académicos y organismos multilaterales analizaron los retos de la política de reparación en Colombia en el foro ‘La reparación transforma vidas y construye paz’, organizado por Foros Semana, la Unidad para las Víctimas, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Durante el encuentro, realizado el 10 de noviembre en Bogotá, se reconoció la labor de la Unidad para las Víctimas, pero también los desafíos que enfrenta, relacionados principalmente con la sinergia con otras instituciones estatales, la operación y la capacidad presupuestal.

Según la evaluación hecha por la Universidad de Harvard sobre la Unidad y su papel en la puesta en marcha de las medidas de reparación integral, este es el programa de reparación más amplio y completo del mundo con respecto a tipos de daños, criterios de selección y de reparación. Sin embargo, reconoce que es difícil lograr la meta de indemnizar a todas las víctimas registradas antes de 2021. Por esta razón, recomienda prorrogar el plazo y acelerar el ritmo del pago de las indemnizaciones.

Antes del foro se realizaron tres mesas de expertos en Medellín, Pasto y Bogotá, en las que organismos internacionales y representantes de las víctimas también debatieron los resultados de la evaluación de Harvard (ver recuadros).

Ana María Rivera, subdirectora del Programa de Evaluación y Análisis para el Aprendizaje (Eval) de Usaid, presentó los resultados y dijo que hay que revisar la capacidad de la Unidad para las Víctimas, pues –a su juicio– “tiene muchas responsabilidades”. Para Guillermo Rivera, viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior, la entidad sufre “la mirada sectorial de la ejecución política y el centralismo administrativo” que se vive en la política nacional y afecta el funcionamiento. Adicionalmente, manifestó que es necesario equilibrar las medidas de la implementación de la ley debido a que se ha dado prevalencia a la reparación individual.

Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, reconoció que queda camino por recorrer y que la política de víctimas implica un gran esfuerzo, incluido el aspecto fiscal. Por eso es fundamental el apoyo de la academia, la cooperación internacional, los medios de comunicación y la sociedad civil en general. También resaltó que en muchos casos las víctimas se han convertido en protagonistas de procesos en el país. “Los mecanismos de participación las han empoderado de tal manera que hay altos índices de intervención en algunos planes de desarrollo municipal”, afirmó.

Reflexionar sobre el papel de la Unidad para las Víctimas y la Reparación es crucial en momentos en que se dan pasos contundentes por construir la paz en el país. Peter Natiello, director de Usaid en Colombia, dijo que en esta labor es importante el papel de las entidades públicas a la cabeza de los programas, ya que ha dejado en las regiones un gran capital técnico, social y fiscal. Sobre esto, Nemesio Roys Garzón, subdirector de Prosperidad Social, indicó que “es importante aclarar las competencias en cada una de las entidades del Estado”.

Los participantes en el foro reconocieron la necesidad de mayores recursos económicos para la reparación, pero también pidieron revisar la eficiencia de los entes estatales que trabajan con víctimas. “Debemos ver si el problema es falta de presupuesto o de la optimización de procesos”, planteó Lina María García, coordinadora del Grupo de Proyectos Especiales del Departamento Nacional de Planeación.

En el encuentro también se presentaron los resultados de una encuesta realizada a 4.300 víctimas. Daniel Castellanos García, subgerente técnico de Cifras y Conceptos, explicó que el estudio muestra que muchos encuestados están más dispuestos a convivir con desmovilizados de guerrilla y grupos paramilitares que con personas que consuman drogas y alcohol.

Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, invitó a no revictimizar y pidió más espacio para la participación igualitaria. “Hay víctimas mejor formadas y empoderadas”, afirmó. A este punto, Paula Gaviria, consejera presidencial para los Derechos Humanos, añadió que el desafío es incluir e involucrar a más de ellas.