EL GRAN VIGILANTE

POCAS VECES LA ELECCION DE UN PROcurador General de la Nación se había enfrentado a tantas críticas. Y sobre todo a tantas críticas sin pruebas. Porque el hecho de que algunos sectores dijeran que Orlando Vásquez Velásquez no debía ser la cabeza del Ministerio Público, ya que se trata de un hombre salido de las entrañas del Congreso, no constituía razón suficiente para descartarlo. Eso era situar el debate en el terreno puramente político, donde las discusiones son subjetivas, y no en el jurídico, donde los argumentos comprobables resultan contundentes. Quizás por eso Vásquez ganó la elección en el Senado, el martes de la semana pasada, por 80 votos contra cinco por el hoy ex ministro Andrés González y dos por la abogada Marcela Monroy.

Pero así como hubo reparos en torno de Vásquez por su origen parlamentario, también hay que decir que como político no le ha ido mal. Este abogado de la Pontificia Universidad Bolivariana, nacido en Medellín en 1947, no sólo fue ministro de Gobierno de Virgilio Barco en plena guerra contra los carteles de la droga, sino que ha ocupado varias veces, con éxito, escaños en el Capitolio Nacional. En 1986, el libro ¿Por quién votar?, escrito por cinco periodistas dirigidos por Daniel Samper Pizano, lo calificó como "uno de los más sobresalientes representantes del cuatrienio anterior. Serio, estudioso, jurista estructurado, fueron muy importantes sus aportes al tema de la elección popular de alcaldes (...) Se preocupa por dejar documentación para la historia sobre los proyectos importantes que cursan en el Capitolio. Estrella de la corporación". Además, en 1993 El Tiempo lo catalogó, al lado del desaparecido Darío Londoño Cardona, como uno de los mejores parlamentarios del año.

De cualquier manera, estos antecedentes, sumados a las críticas de que ha sido objeto, harán que desde el primero de septiembre Orlando Vásquez Velásquez tenga que superar con creces varios desafíos. Deberá, por ejemplo, seguir con la tarea de su antecesor, quien envió investigaciones contra 12 congresistas, en 14 meses, al Consejo de Estado. Pero tendrá asimismo que adecuar o impedir que se convierta en ley un proyecto que cursa en el Parlamento, según el cual ya no serán los funcionarios, sino el Estado, el que pruebe que hubo enriquecimiento ilícito en este tipo de procesos. Este, no hay duda, parece ser su máximo reto.