El tumba decretos

EL ANUNCIO DE QUE LA CORTE CONSTItucional había tumbado el articulado central del Concordato más parecía el epílogo de la crónica de una muerte anunciada que una noticia. Lo cierto es que desde que se desató la polémica, muchos colombianos sabían que la ley 20 de 1974, mediante la cual se aprobó Concordato entre Colombia y la Santa Sede, no tenía opción de salvarse.
La conclusión de este episodio se conocía prácticamente desde que el procurador Carlos Gustavo Arrieta emitió su concepto. Sin embargo, para muchos sigue siendo un misterio el autor del lío que desató la ira santa. Se trata de Víctor Velásquez Reyes. Nacido en Villavicencio hace 45 años, segundo de 12 hijos, abogado de la Gran Colombia, y especializado en derecho agrario y recursos naturales, campo al que poco se dedica. Velásquez es de esas personas que vive por y para su profesión. Y su obsesión por estar al día en lo que a decretos y leyes se refiere, le desvela.
Esos estudios y su condición de miembro activo de la Iglesia evangelista, llevaron a este llanero a declararle, en 1987, la guerra a este tratado. En ese entonces perdió la primera batalla, porque la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia inhibitoria. No contento con el resultado, Velásquez se apoyó en la Constitución de 1991 y volvió a demandar el Concordato. Los demandantes, su Iglesia y su partido, se anotaron un éxito. El Concordato se cayó y con él los privilegios de la Iglesia católica en el país.
A primera vista la actitud de Velásquez podría parecer una cruzada religiosa. Pero en el fondo se trata también de una lucha partidista contra el establecimiento. Y de cierto afán de protagonismo. Porque Velásquez no ha sido ajeno a la política. Luego de ocupar varios cargos públicos fue secretario general del Partido Conservador, hasta que le corrieron la butaca y se independizó.
Desde entonces ha tenido en sus manos más que simples pleitos entre particulares. En 1984 llevó a la Corte el decreto que expidieron el alcalde Augusto Ramírez Ocampo y el jefe de Planeación, Antonio Alvarez, con respecto a las sanciones para quienes edificaran en Bogotá sin el debido permiso. En 1988 demandó el Acuerdo de la Casa de Nariño entre Virgilio Barco y Misael Pastrana para modificar la Constitución a través de un plebiscito. Ese mismo año demandó la credencial del alcalde Andrés Pastrana, alegando que en calidad de codueño del noticiero "TV Hoy" estaba inhabilitado para ocupar un cargo público, por tener vigente un contrato con el Estado.
Y al parecer todavía no ha librado la última batalla. Próximamente demandará el decreto mediante el cual Proexpo se transformó en el Ministerio de Comercio Exterior, donde, según él, se ejercieron facultades extemporáneas. -