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Carrusel de la Contratación
(2010)

Ideas Que Lideran / Periodismo

Pocas frases dichas por un presidente de la república han resultado tan célebres como la de Julio César Turbay, quien se inmortalizó con “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones” . La historia ha demostrado, para desgracia de la sociedad colombiana, que este resbalón verbal es una sentencia que ensombrece la contratación pública y que, contrario a lo que vergonzosamente estipula, hizo metástasis.

Así lo confirma el mayor escándalo de corrupción que ha azotado a la capital colombiana y cuyos protagonistas hacen ver este delito como una práctica universal y rutinaria: el llamado carrusel de la contratación, una feria de coimas y dádivas entre los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas junto con funcionarios cercanos, los primos Miguel, Manuel y Guido Nule y personas afines, en el marco del desarrollo de importantes obras viales para Bogotá.

Todo comenzó en marzo de 2010, cuando en la esfera política circularon versiones sobre la existencia de esos sobornos y peticiones especiales en la concesión de contratos de la administración del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y la enorme injerencia sobre estos de su hermano Iván, para la época, senador. En ese momento, los concejales Carlos Galán, Felipe Ríos y Carlos Vicente de Roux aseguraron que 76 contratos habían sido otorgados por la Alcaldía a individuos cercanos a Iván Moreno, una clara muestra, según ellos, de clientelismo y corrupción.

Los rumores comenzaron a quedar en evidencia en junio, cuando Caracol Radio reveló una conversación entre el empresario Miguel Nule, uno de los mayores contratistas del Distrito, y el representante a la Cámara Germán Olano, sobre la supuesta molestia del contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, al no haber recibido una suma de dinero que le correspondía.

De Moreno a oscuro, Portada Revista Semana

A partir de ese momento, empezó a conocerse cómo se adjudicaban algunos de los más cruciales contratos de infraestructura; a cambio de qué; quiénes eran los intermediarios y beneficiarios en ese festival de comisiones; a dónde fue a parar la plata; cuáles eran los servidores públicos involucrados; y qué obras estaban comprometidas, entre otros asuntos sorprendentes del nivel de corrupción en Bogotá. En ese entonces había más de 200 frentes de obra abiertos en la capital, para los cuales se habían puesto cerca de 3,6 billones de pesos en manos de privados.

SEMANA publicó detalles desconocidos de los vinculados a este caso y accedió a información privilegiada en poder de las autoridades. En el extenso dosier se incluye la declaración que rindió Miguel Nule ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Según él, el valor de las ‘mordidas’ era tal, que el anticipo que daba el Distrito a los contratistas (10 por ciento del valor total del contrato) corría el riesgo de gastarse solo en coimas. Nule explicó que para ganarse el contrato de una parte de la troncal de TransMilenio de la calle 26, conocido como la fase 3, le habían exigido una comisión del 6 por ciento para los Moreno y el 2 por ciento para Moralesrussi.

La fase 3 de TransMilenio era uno de los proyectos más ambiciosos de Bogotá, tasado inicialmente en 1,15 billones de pesos y cuya ejecución fue dividida en 5 etapas. Los Nule lograron la adjudicación del tramo mayor, un proyecto valorado en 315.000 millones de pesos. El otro proponente había sido rechazado, y para evitar que el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dirigido por Liliana Pardo, declarara desierta la licitación, los Nule, que tampoco cumplían todos los requisitos, apelaron a la intermediación del representante Olano y de Julio Gómez, un avezado contratista del Distrito cercano a Pardo, quien gracias los oficios de Iván Moreno fue ratificada en el cargo por su hermano Samuel.

Aunque el contrato fue otorgado el 28 de diciembre de 2007 –tres días antes de que culminara la alcaldía de Luis Eduardo Garzón–, la negociación de las coimas y peticiones se hizo con los Moreno y sus alfiles porque la administración entrante prometía nuevos y jugosos contratos, incluidos 2 para el mantenimiento de la malla vial por 187.400 millones de pesos. Estos efectivamente fueron adjudicados en 2008 al Grupo Nule en consorcio con empresas de Julio Gómez, tras firmar una suerte de pagaré en el que se comprometían a cancelar comisiones adicionales. Y para colmo de males, la interventoría de este proyecto quedó en sus manos.

Miguel Nule le aseguró a la Justicia, además, que terminó concediéndole a Iván Moreno dos terrenos estratégicos sobre la vía Bogotá-Girardot (obra que también lideraba), pues el senador se lo exigió para que su esposa pudiera montar dos estaciones de gasolina, negocio en el que ella se movía.

Los hermanos Nule –Miguel y Manuel– son sucreños e hijos del exgobernador Miguel Nule Amín (condenado por la masacre de Macayepo), mientras que su primo Guido es barranquillero e hijo del ex ministro de Minas y Energía Guido Nule Amín. Los tres conformaron el Grupo Nule, que a finales de los años noventa y principios del dos mil brillaba en los negocios de infraestructura en Colombia. El conglomerado tenía un amplio portafolio empresarial y hacía parte de siete consorcios y uniones temporales, con contratos en departamentos como Atlántico, Magdalena, Norte de Santander, Tolima, Cundinamarca y Risaralda.

Sin embargo, su imperio empezó a resquebrajarse cuando en 2009 se quedaron por fuera del megaproyecto la Ruta del Sol, un codiciado negocio público que les daría un anticipo crucial para su sostenimiento. Una vez desatado el escándalo, SEMANA descubrió que el grupo tenía graves problemas de liquidez, cesación de pagos y elevado endeudamiento, debido a malos manejos de dinero en medio de un montaje financiero oscuro. Conforme a las pruebas halladas, había millonarios movimientos en efectivo sin sustento contractual y contabilidad paralela. De ahí que en 2010, la Superintendencia de Sociedades inició el proceso de liquidación de varias compañías del holding.

Desde hacía un año atrás, el contralor distrital de Bogotá los había comenzado a tildar de ‘pirámide empresarial’. Para unos, era un mecanismo de presión del funcionario por no haber recibido la tajada que él, presuntamente, había pedido para no delatar las irregularidades en el otorgamiento y ejecución del contrato de la fase 3. La obra tenía grandes retrasos, y sobre los Nule ya existía la imagen de ser unos desfalcadores del Estado.

Así ‘engrasaron’ a los concejales. Edición 02 de marzo 2013.

Esto conminó al alcalde Moreno a quitarles el contrato de la fase 3 para cedérselo a un tercero. Pero la transferencia terminó mal. El alcalde direccionó el proceso a favor de Vías de Bogotá –cuyo principal accionista es Conalvías–, pese a que incumplía los requisitos jurídicos y financieros. Una vez el IDU otorgó el contrato, modificó sus condiciones y aumentó su valor en 152.000 millones de pesos. Y conforme aseguraron los Nule a las autoridades, Samuel Moreno les pidió 5.000 millones de pesos para exonerarlos o rebajarles el monto de una multa por 69.000 millones de pesos que debían pagar por la cesión. Finalmente, la sanción fue asumida por la aseguradora Segurexpo.

Tanto empleados públicos como personas naturales eran cómplices en este carrusel. Entre los más sonados están Álvaro Dávila, un abogado que fungía como uno de los enlaces entre los Moreno y los Nule y estaba encargado de hacer los contratos para garantizar el pago de las comisiones y de recoger la plata. También está Julio Gómez, un arquitecto que en pocos años pasó del barro de las obras a ser uno de los ‘cacaos’ de la contratación en Bogotá a través de la creación de distintas empresas en las que a veces figuraba y a veces no –conforme lo reveló SEMANA–. Su experiencia y contactos con el Distrito les sirvieron a los Nule –que lo conocieron gracias al congresista Germán Olano– para ganar contratos en la capital.

Y el otro personaje que salió a la palestra en este caso fue Emilio Tapia, un empresario cordobés, muy cercano a la casa Moreno y hombre de confianza de Iván y Samuel, cuya tarea era concretar a los contratistas y recaudar el dinero de las comisiones para sacarlo del país. La revista divulgó apartes de sus inauditas revelaciones a la Fiscalía, en las cuales señaló que lo que se sabía hasta la fecha (mediados de 2012) era solo el 0,1 por ciento de lo que ocurría en la contratación pública del Distrito. Según él, en el carrusel se feriaban contratos y prebendas para muchos, y explicó, incluso, que los concejales amigos de la administración Moreno estaban divididos, los vip o prémium y los otros: los primeros eran acreedores de los contratos más apetecidos en la Secretaría de Salud, el Fondo de Vigilancia, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano y el IDU; los segundos eran destinatarios de los contratos del Acueducto y la Uaesp.

'Carrusel de la contratación' en Bogotá: se destapó Emilio Tapia

Uno de los casos que Tapia mencionó y que tuvo mayor resonancia fue el del servicio de ambulancias en Bogotá, que firmó en 2009 el secretario de Salud, Héctor Zambrano, por 67.000 millones de pesos. Según él, desde la etapa preliminar, cuando se diseñaron los pliegos, se orquestó para que el favorecido fuera el que había determinado el concejal Hipólito Moreno. Fue así como el consorcio ganador resultó conformado por dos compañías de construcción –que tenían el 70 por ciento del contrato– y una tercera –con el 30 por ciento– que prestó su nombre para cumplir la experiencia financiera.

Justamente este caso fue el primero que condenó a Samuel Moreno a 24 años de cárcel por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía demostró que el burgomaestre recibió 6.000 millones de pesos de soborno para ordenar la estructuración de este negocio. El mandatario, inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, permanece tras las rejas desde septiembre de 2011, y hoy está a la espera de que se resuelvan otros dos procesos en su contra, ambos relacionados con la fase 3 de TransMilenio y por los cuales se le imputan los cargos de concierto para delinquir, peculado en favor de terceros y concusión. Por este mismo delito, además del de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, fue sentenciado su hermano Iván —a quien muchos califican como el cerebro de este carrusel—, en octubre de 2014 a 14 años de prisión. Ambos están recluidos en La Picota.

Entre tanto, los Nule purgan desde abril de 2011 una condena de 19 años y medio por peculado por apropiación, además de una segunda, proferida en enero de 2015, de ocho años y medio, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, concierto para delinquir y cohecho.

En todo este entramado de corrupción, también fueron condenados Emilio Tapia, Julio Gómez, Germán Olano, Hipólito Moreno, Héctor Zambrano, Inocencio Meléndez (exdirector jurídico del IDU). Por su parte, Álvaro Dávila, quien permanece tras las rejas desde diciembre de 2012, está en espera de que se defina su juicio; en la misma situación pero en libertad está Miguel Ángel Moralesrussi, mientras que Liliana Pardo no ha sido sentenciada, pero permanece prófuga de la justicia.



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