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Chuzadas del DAS
(2008)

Ideas Que Lideran / Periodismo

Las interceptaciones telefónicas —popularmente llamadas ‘chuzadas’— realizadas de manera ilegal por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de la oposición, periodistas (incluido el director de este medio), líderes sociales, miembros de ONG, generales de la república, fiscales y entidades internacionales de derechos humanos fueron el cimiento de un intrincado plan de espionaje sin precedentes en el país.

La situación se conoció en febrero de 2009, cuando SEMANA denunció, en un revelador informe, cómo se efectuaban las ‘chuzadas’, dónde, desde hacía cuánto, por qué y quiénes eran los blancos de ese asiduo seguimiento, ejecutado por agentes del que fuera el más importante organismo de inteligencia del Estado, con la anuencia de sus directivos.

La revista había comenzado esta investigación seis meses atrás, al percatarse de una serie de irregularidades en esta agencia adscrita a la Presidencia y que, tradicionalmente, solo recibía órdenes directas del primer mandatario, pero, con este episodio, también de su círculo más cercano de colaboradores. La publicación se hizo días después de que se ordenara la destrucción de todo el material recolectado hasta la fecha, pero para entonces la revista ya tenía en su poder documentos, audios e informes secretos que evidenciaban las graves anomalías, y más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos.

Como si fuera poco, la información recopilada también daba cuenta de que una facción del DAS estaba al servicio de paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes y otras organizaciones criminales mediante la venta de expedientes, borrado de antecedentes judiciales, revelación de operaciones y eventuales capturas u ofrecimiento de interceptación de llamadas.

Las ‘chuzadas’ comenzaron poco después del escándalo de la parapolítica, que dejó al descubierto los nexos entre políticos y grupos paramilitares en distintas regiones del país, y que rápidamente sometió a la justicia a decenas de senadores y representantes, muchos de los cuales hacían parte de la coalición del gobierno del presidente Álvaro Uribe en el Congreso.

La grabación de las conversaciones se efectuaba, especialmente, a los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes tenían a su cargo los procesos de los parlamentarios vinculados a la parapolítica. Solo al jefe de esta investigación, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, le interceptaron, en tres meses, 1.900 llamadas.

Sin embargo, ese era solo uno de los mecanismos que utilizaron los detectives del DAS, entre septiembre de 2007 y finales del 2008, para estar al tanto de los avances de las investigaciones sobre la parapolítica, entre otros asuntos de gran interés para el alto gobierno como qué sabían los medios o sobre qué hablaba la oposición.

La información obtenida por SEMANA también revelaba el seguimiento y registro de los movimientos de los togados, la indagación de sus antecedentes, el acoso a sus familiares y la orquestación de situaciones para desprestigiarlos públicamente y tratar de amilanarlos en sus decisiones judiciales.

Es el caso, por ejemplo, de Tasmania, un paramilitar al que el magistrado Velásquez le habría ofrecido dádivas si declaraba en contra del presidente Álvaro Uribe. Aunque el mandatario denunció esa situación y la calificó como un complot del alto tribunal, la Fiscalía investigó y determinó que había sido, por el contrario, un “burdo montaje” contra la corte. Algo semejante ocurrió con la visita clandestina del paramilitar Job a la Casa Nariño para entregar un video y varios audios en los que supuestamente se evidenciaba cómo el máximo tribunal de justicia aceptaba un soborno a través de un tercero.

Inicialmente, las revelaciones de SEMANA causaron escepticismo en muchos sectores. Durante meses, el trabajo de la revista fue solitario, pero decidido en demostrar que la interceptación de llamadas o la infiltración de correos electrónicos, hechos sin previa orden judicial, eran mecanismos empleados por el DAS para mantener informado al gobierno, que persistió en descalificar todas las pruebas.

SEMANA continuó sus pesquisas y a lo largo de tres años publicó 22 portadas y 152 artículos. Durante todo este tiempo el periodista a la cabeza de este caso recibió constantes amenazas de muerte, sufragios, coronas fúnebres, dos intentos de allanamiento a su vivienda y centenares de llamadas amenazantes para él y su familia.

Las graves actividades protagonizadas por el DAS conminaron al gobierno a ordenar en septiembre de 2009 su liquidación, la cual se concretó en diciembre de 2011. Ante la inminencia del cierre del organismo rector de la inteligencia y contrainteligencia del Estado —con 60 años de historia— y al margen de las ‘chuzadas’, la revista también descubrió que documentos claves de seguridad nacional que comprometían operaciones estratégicas y la vida de agentes encubiertos se habían vendido a guerrilleros, narcotraficantes y gobiernos extranjeros.

Por el escándalo de las ‘chuzadas’ fueron investigadas 70 personas, 22 de las cuales aceptaron cargos y fueron condenadas. Las investigaciones involucraron a seis de los principales funcionarios de la Casa de Nariño, entre ellos, el secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno, que cumple una condena de ocho años, y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, sentenciada a 14 años de prisión.



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