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El dossier paramilitar
(1989)

Ideas Que Lideran / Periodismo

El 11 de abril de 1989 Semana publicó una de sus ediciones más reveladoras: aquella en la que informó al país sobre cómo son, quiénes los conforman, cómo actúan y quiénes financian a los grupos paramilitares en Colombia. La información estaba basada en documentos secretos en manos del gobierno de Virgilio Barco, y Semana logró el acceso exclusivo a ellos.

Hasta entonces, el fenómeno del paramilitarismo era un verdadero misterio, al igual que sus alcances y dimensión, pero esta extensa publicación dio a conocer detalles sorprendentes de los orígenes, el desarrollo y la estructura de la que algunos llaman la subversión de derecha. El dossier que conoció Semana fue el resultado de años de investigación de distintos despachos oficiales y de seguridad que, a partir de labores de inteligencia, interceptación de documentos y llamadas telefónicas, así como de testimonios de desertores, lograron armar el rompecabezas del paramilitarismo.

La génesis de este movimiento se remonta a mediados de 1983, en Puerto Boyacá y sus alrededores. En ese entonces, grupos de civiles, en ocasiones armados, empezaron a recorrer la región haciendo brigadas de salud para los pobladores, y eso se convirtió en una excelente oportunidad para conocer sus inquietudes y afinidades políticas y sociales, particularmente para saber quiénes estaban asociados con las FARC y quiénes, por el contrario, se mostraban hastiados de sus constantes boleteos, extorsiones y secuestros.

Las brigadas habían sido ideadas por la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, y al cabo de unos meses, se habían extendido a varias zonas del país que sufrían el flagelo de los rebeldes de izquierda, por lo que hacendados, comerciantes y mineros de regiones como Urabá, Meta y el nororiente antioqueño sumaron su apoyo a la iniciativa. Inicialmente, parecía una actividad inofensiva pero, por esa misma época, comenzaron a aparecer los cadáveres, a veces mutilados o torturados, de personas a quienes se les atribuía algún nexo con la guerrilla. Y eso sucedía justo después de las brigadas de salud.

Las investigaciones de esos delitos empezaron a configurar el modus operandis de esos grupos de autodefensa, cuyo primer contingente fue fundado, según la información recogida, por Pablo Guarín, Carlos Loaiza, Luis Suárez y Gonzalo Pérez. Ellos recolectaban los aportes de los hacendados de la zona y reclutaban a jóvenes campesinos para formarlos en escuelas especiales para su causa.

Su centro de operaciones siempre fue Puerto Boyacá, y desde allí se emitían las directrices hacia el resto del país, con la anuencia y el apoyo de miembros de miembros del Ejército. De hecho, en algunas ocasiones los patrullajes en esa zona del Magdalena Medio se realizaban en conjunto con efectivos del Batallón Bárbula.

Un episodio ocurrido a inicios de 1985 cambió para siempre la historia de la organización: un comando de autodefensa que había montado un retén en cercanías de Puerto Boyacá retuvo un campero con un cargamento de cocaína, propiedad de Jairo Correa y Pacho Barbosa, este último dueño de una finca en Puerto Nare, no muy lejos de allí. Ellos se contactaron con los líderes paramilitares en Puerto Boyacá, iniciaron conversaciones y llegaron al consenso de que tanto narcotraficantes como autodefensas rechazaban a la guerrilla y a los comunistas. La droga y el carro fueron devueltos a sus dueños, quienes en contraprestación donaron otro vehículo para su labor de vigilancia y control del territorio.

Ese fue el principio de un romance que terminaría en matrimonio: narcotraficantes y paramilitares se entendieron fácilmente y, más pronto que tarde, se ayudarían mutuamente para honrar sus intereses. Los primeros, con capos como Pablo Escobar, Jorge Luis Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gacha, aportarían cuantiosos recursos para financiar la operación de los segundos, que además de proteger a la comunidad de la guerrilla, se comprometieron a preparar y entrenar a los escoltas de los cabellizas del cartel de Medellín así como al personal necesario para la producción de coca en los laboratorios, y atentar contra militantes de la Unión Patriótica u otras agrupaciones de izquierda o sindicales, además de representantes del gobierno, de partidos políticos o sectores de la sociedad que se opusieran al tráfico de droga.

Esa alianza permitió no solo extender el accionar paramilitar a todo el país, sino refinar su capacidad táctica y estratégica con sistemas de comunicaciones, armamento sofisticado, infraestructura de transporte, más personal con mejores sueldos y nuevas escuelas de formación que incluyeron, la contratación de cinco instructores israelís y11 británicos para dar cursos de entrenamiento a comandos élites.

Hacia 1987, el paramilitarismo ya había alcanzado una estructura y un poderío apabullantes gracias, en buena medida, a las figuras del narcotráfico, que primero patrocinaron su movimiento pero terminaron asumiendo su control.



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