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Parapolítica
(2006)

Ideas Que Lideran / Periodismo

Los pactos entre políticos y paramilitares, para que los primeros ganaran las elecciones parlamentarias de 2002 y 2006 y los segundos ampliaran su control regional y alcanzaran protagonismo en las altas esferas de la política nacional, fue lo que se denominó el fenómeno de la parapolítica. Esta nefasta coalición se originó en 1999, pero solo se conoció durante el segundo semestre de 2006, cuando SEMANA empezó a publicar una serie de documentos y reveladoras pruebas que evidenciaron lo que se sospechaba desde hacía unos años, especialmente por dos hechos puntuales: un comunicado de prensa expedido por el líder paramilitar Salvatore Mancuso un día después de las elecciones legislativas de marzo de 2002, en el que expresó que tras los resultados de los comicios podía afirmar que la meta original del 35 por ciento había sido largamente superada y constituía un hito en la historia de las AUC; y la posterior reiteración de su colega y máximo dirigente Vicente Castaño, quien en junio de 2005 aseguró en una entrevista exclusiva para SEMANA que tenía más del 35 por ciento de amigos en el Congreso, y esperaba aumentar ese porcentaje en las próximas elecciones.

La historia de esta investigación se remonta al inicio de la negociación, en Santa Fe de Ralito, entre el gobierno del presidente Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia —la organización sombrilla de los grupos paramilitares— , en aras de su desmovilización y reincorporación a la vida civil. SEMANA se dedicó a seguir meticulosamente cada paso y avance del proceso, durante el cual denunció que estos grupos no solo incumplieron su promesa de cese al fuego, sino que robaron tierras, ahondaron sus vínculos con el narcotráfico, continuaron amenazando a la población y forzaron su desplazamiento, entre otros delitos.

La estocada más contundente vino con la publicación, en septiembre de 2006, de información contenida en dos computadores, memorias USB, discos compactos y varios papeles escritos a mano, pertenecientes a una de las cabezas más importantes de esta organización de ultraderecha: Rodrigo Tovar Pupo, conocido como Jorge 40, líder del bloque Norte de las AUC.

Gracias a estas piezas, incautadas por las autoridades seis meses atrás y a las cuales SEMANA tuvo acceso, no solo se conocieron las entrañas de una organización paramilitar (nómina, personal, relación de armas, vehículos y propiedades, colaboradores del bloque, contratos, movimientos y actividades ilegales), sino la espeluznante descripción de más de 50 asesinatos, principalmente de líderes sociales, sindicales y dirigentes locales, acusados de ser colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, en la costa Caribe.

Se comprobó, además, el grado de confabulación que miembros de entidades del Estado como el DAS, la Policía y el Ejército entablaron con estos grupos armados irregulares para cometer múltiples crímenes en distintas zonas de Colombia. Y tan explosivos como estos hallazgos fueron los centenares de nombres de políticos y comerciantes de varios departamentos del país mencionados en ese dosier.

Con ese gran volumen de datos, la revista conformó un equipo de reporteros y editores dedicados exclusivamente a seguir las pistas que arrojaron estos archivos secretos y atar cabos con información adicional. Así, en cuatro meses, desde septiembre hasta diciembre, se publicaron más de 45 artículos a través de los cuales se relató y demostró cómo se consolidó el poder paramilitar en todo el territorio, con quiénes tuvieron nexos en las regiones, cómo se tomaron empresas e ingresaron a la contratación pública, cómo intimidaron a la población para lograr que sus aliados políticos ganaran las elecciones, cómo continuaron con el negocio del narcotráfico y hasta dónde llegaron sus tentáculos en los estamentos oficiales.

Las investigaciones de SEMANA se extendieron varios años más y, junto a las que desarrollaron entidades como la Corporación Nuevo Arco Iris (cuyo estudio se basó en la evaluación de la expansión del ejército paramilitar en el país y la consolidación electoral de movimientos políticos desconocidos), fueron determinantes para constatar que al tiempo que se urdía esta trama macabra entre paramilitarismo y política, por el camino iban quedando miles de víctimas. Uno de los casos más emblemáticos es el del senador de Sucre Álvaro García Romero, quien estuvo casi tres décadas como congresista. La Justicia lo sentenció a 40 años de cárcel tras comprobar sus profundos nexos con las AUC y su responsabilidad en la masacre de 15 campesinos en Macayepo.

A finales de 2008, el 33 por ciento del Senado y el 15 por ciento de la Cámara habían sido judicializados por presuntos nexos narcoparamilitares, además de otros 300 servidores públicos —entre candidatos electos, funcionarios y miembros de la fuerza pública— que también estaban bajo el escrutinio de las autoridades.

Los procesos judiciales continuaron y en total 102 representantes a la Cámara y 97 senadores terminaron siendo investigados, de los cuales 42 parlamentarios resultaron condenados, al margen de alcaldes, gobernadores y otros funcionarios que perdieron sus investiduras y cargos, y fueron declarados culpables por conductas como homicidio, amenaza, constreñimiento electoral, financiación ilegal de campañas políticas y otros.



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