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Acuerdo de paz
(2016)

Ideas Que Lideran / Periodismo

“Esto no es el final, ni siquiera el principio del fin, pero, quizá, es el final del principio”, advirtió en 1942 Winston Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial, luego de que las fuerzas aliadas ganaran la batalla de El Alamein, que conminó a las tropas alemanas al repliegue de Egipto. Fue un punto de inflexión en el curso de esta guerra.

Firma del acuerdo de paz en Cartagena. 26 de septiembre de 2016

En la Colombia de hoy, bien vale tener presente esta célebre sentencia del ex primer ministro británico, no para hablar de la guerra, sino de la paz. Lo que vivió el país en 2016 fue el final del principio: el final de un proceso de negociación con la guerrilla activa más antigua y numerosa del planeta en aras de que dejara las armas y se reincorporara a la vida civil, y el principio de un camino quizá más difícil pero que empieza, nuevamente, a asirse: la paz. Fue un paso magnánimo.

Así lo estableció el acuerdo firmado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es un crucial punto de inflexión de la violencia en nuestro territorio, pues no solo se logró el desarme de este grupo insurgente, cuyo fuego y barbarie asolaron al país durante 52 años, sino la confirmación de dos ideas fundamentales para el desarrollo de los pueblos: la fuerza y la intimidación no deben ser usados como recurso político, y las diferencias no deben resolverse a punta de bala.

SEMANA abordó el cubrimiento de esta negociación no como cualquier historia, sino la historia que puede cambiar –para bien– el rumbo de esta nación. De ahí que la revista se comprometiera, por principio, a favorecer, siempre, la finalidad y la discreción de este arduo proceso que tomó cuatro años.

Proceso de paz: Así comenzó todo - Foto: Archivo particular.

Todo comenzó el 23 de febrero de 2012 en la Casa de Piedra, en La Habana, cuando representantes de las Farc y del gobierno entablaron conversaciones confidenciales, tras un largo periodo de intercambio de mensajes a través del empresario valluno Henry Acosta; el 26 de agosto de ese mismo año se firmó el documento marco del inicio del proceso de paz; el 4 de septiembre el presidente Santos y Timochenko –jefe máximo de la organización rebelde– lo anunciaron de manera oficial por televisión; y el 19 de noviembre se instaló formalmente la mesa de negociación en La Habana.

De entrada, ambos acordaron que el objetivo del diálogo sería el fin del conflicto entre las partes, pero de ahí en adelante las posiciones fueron totalmente distantes. Las Farc llegaron con la intención de retomar la agenda del Caguán, en la que se abordaban temas tan amplios como el modelo económico o el sistema democrático, pero finalmente se definió una hoja de ruta centrada en seis puntos: reforma rural integral, participación en política, cese al fuego y reincorporación a la civilidad, drogas ilícitas, víctimas y justicia, y verificación y refrendación.

Por supuesto, la disparidad de ideologías y los sucesos políticos y militares acaecidos a lo largo de los años tensionaron y prolongaron múltiples veces las discusiones. Muchos fueron los cuellos de botella y los nudos por destrabar. La primera crisis vino con la entrega de las armas, algo que la guerrilla no aceptaba bajo ninguna circunstancia; gracias a la mediación de Cuba y Noruega –como países garantes–, además del presidente Hugo Chávez, las Farc y el gobierno hallaron una fórmula intermedia: la dejación y depósito en contenedores custodiados por la ONU.

Después de este escollo, vinieron otros. Buena parte de la negociación se dio en medio de la confrontación armada entre las partes, lo cual generó una dosis adicional de presión, escepticismo e indignación, por decir lo menos. Aunque hubo distintos periodos de cese unilateral al fuego, los momentos más álgidos se vivieron luego de que en noviembre de 2014 las Farc secuestraran a un general del Ejército –el oficial de más alto rango plagiado por la guerrilla–, en abril de 2015 perpetraran un ataque en el que murieron 11 militares, y un mes más tarde las Fuerzas Armadas asestaran un golpe que dejó 26 rebeldes muertos tras un bombardeo.

Un ingrediente adicional disparó la desconfianza y el belicismo: el espionaje de las conversaciones de algunos negociadores. En febrero de 2014, Semana.com denunció cómo una facción de la inteligencia militar llevaba meses ‘chuzando’ los teléfonos y correos de Humberto de la Calle –jefe del equipo negociador del gobierno–, Sergio Jaramillo –alto comisionado para la paz– y Alejandro Éder –alto consejero presidencial para la reintegración–, entre otras personas cercanas al proceso.

Se trató del sonado escándalo Andrómeda, nombre con el que un grupo de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec) bautizó el lugar y la operación de estas interceptaciones ilegales, hechas a espaldas del gobierno. La fachada donde operaban era un restaurante y centro público de cómputo en el barrio Galerías, de Bogotá, donde trabajaban militares activos y hackers civiles contratados para misiones particulares; entre ellos, algunos que según la Fiscalía estarían vinculados a Andrés Sepúlveda, un hacker que ofrecía sus servicios a particulares y que decía tener acceso a información confidencial de muy alto nivel.

Por este caso no solo hubo despidos, sanciones y relevos que afectaron a más de 30 integrantes de la fuerza pública, sino que se atizó la polarización del país entre los seguidores del presidente Santos y los de su antecesor y férreo opositor, Álvaro Uribe. La disputa se tornó virulenta durante la contienda electoral de 2014 hacia la Presidencia, que, por supuesto, se centró en los diálogos de paz. En su momento, Sepúlveda declaró haber sido contratado por la campaña del candidato del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, con el fin de lograr la terminación o desprestigio del proceso de paz a partir de la información secreta o privilegiada que obtuviera.

Sus revelaciones a la Justicia terminaron por condenarlo a diez años de prisión por concierto para delinquir, acceso abusivo informático, violación de datos personales agravada, espionaje y uso de software malicioso. La Fiscalía exoneró al propio candidato de este caso por considerar que él no estuvo involucrado en dicha contratación, pero continúa la investigación contra su hijo David Zuluaga –gerente de su campaña– y su amigo Luis Fernando Hoyos –asesor espiritual–.

Esta pugnacidad política fue uno de los grandes problemas que enfrentaron los diálogos y puede ser uno de los peores obstáculos para la puesta en marcha de lo convenido. Uno de los puntos que más ha polarizado a la opinión pública es la justicia transicional, quizá el nudo más difícil de desatar durante la negociación.

El proceso en La Habana se desarrolló siendo Colombia uno de los países adscritos al Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal mundial que facilita el juzgamiento y castigo a quienes cometan genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. El tratado, que entró en vigencia en 2002, contempla y promueve unos estándares de justicia que los Estados miembro deben acoger para garantizar que los delitos contra la humanidad no queden impunes, es decir, que los responsables paguen por sus acciones y reparen a las víctimas.

De ahí que la negociación no contara con instrumentos –como la amnistía general e incondicional, el perdón y el olvido– que fueron útiles en la desmovilización de otros grupos ilegales como el M-19, el Quintín Lame, el EPL o la Corriente de Renovación Socialista, en los años noventa. Además, desde antes de sentarse a la mesa de negociación y fuera de ella, los voceros de las Farc insistieron en que no estaban dispuestos a terminar en una prisión.

Esa postura, contraria a lo que había reiterado Santos, instó a los negociadores a buscar una solución. Con la asesoría de juristas y expertos externos –incluidos los exmagistrados de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao–, los equipos negociadores encabezados por Humberto de la Calle e Iván Márquez diseñaron un complejo sistema de justicia transicional que excluye la cárcel con barrotes, pero impone restricciones a la libertad y obligaciones de contribuir con la verdad y la reparación.

“Nosotros creamos lo que hemos llamado un balígrafo, que es una bala convertida en un estilógrafo, para decir que es la transición de las balas a la educación, al futuro”.

La elaboración de este esquema se nutrió de las víctimas, que por primera vez participaron en una negociación. Varias delegaciones viajaron a La Habana, se enfrentaron cara a cara con sus victimarios y les expresaron sus visiones sobre lo que se requiere para alcanzar la paz. Las víctimas priorizaron su derecho a saber la verdad (por lo cual se pactó la creación, en junio de 2015, de la Comisión de la Verdad, órgano temporal y extrajudicial) y la obtención de garantías para la justicia, la reparación y la no repetición. La verdad es la columna vertebral de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el marco jurídico creado con elementos de la justicia restaurativa y retributiva para satisfacer integralmente los derechos de las víctimas y cerrar el ciclo de violencia sin impunidad. Este esquema obtuvo el visto bueno de la CPI, que aseguró que cumple los estándares internacionales para que haya justicia en un contexto de transición de la guerra a la paz.

Otro punto de gran discordia fue el mecanismo de refrendación e implementación del acuerdo. La guerrilla –al igual que la oposición liderada por Uribe– exigía desarrollar una asamblea constituyente, un escenario donde lo pactado corría el inmenso riesgo de desvanecerse, pues implicaba volver a barajar las cartas, con lo cual no solo se frustraría el trabajo de la negociación, sino se dilataría y complicaría el proceso.

Se adoptó en definitiva un plebiscito, cuyo veredicto resultó devastador para quienes apoyaban el pacto sellado en La Habana. La victoria del No en los comicios del 2 de octubre de 2016 conminó a hacer un replanteamiento; el presidente convocó a los voceros políticos de la oposición y se logró renegociar el acuerdo, el cual, según reconoció el primer mandatario, es mejor que el planteado originalmente.

Al margen de informar, documentar y analizar –tanto en la revista impresa como en el portal web– cada paso dado por las partes a lo largo de cuatro años de negociación, se desarrollaron tres documentos centrales que contribuyen a la construcción de la memoria colectiva y al entendimiento de lo logrado en La Habana. El primero fue una edición especial titulada ‘100 periodistas cuentan los desafíos de la paz’, en la que comunicadores de los 32 departamentos del país hacen un diagnóstico de las implicaciones que tendrá lo pactado entre el gobierno y las Farc en las regiones.

Edición especial - Revista Semana

Hasta la fecha, la aproximación al tema provenía, en su gran mayoría, de previsiones hechas por los medios principales de las grandes ciudades. Pero con esta publicación se le dio protagonismo a los periodistas regionales, aquellos que han vivido en carne propia los horrores de la guerra en sus territorios y la dramática realidad que la sustenta.

Para esta edición, SEMANA convocó a más de 100 periodistas –entre independientes, regionales, nacionales y corresponsales internacionales–, y de ellos seleccionó los 100 temas y autores que componen esta edición, que salió a la luz el 9 de julio de 2016.

El segundo documento fue una cartilla de 32 páginas en la que el equipo editorial de SEMANA se puso en la tarea de sintetizar y explicar en qué consiste cada uno de los 6 puntos del acuerdo de paz, que resultó siendo un texto denso de 297 páginas, lleno de filigrana legal y tecnicismos que hacen difícil su comprensión. Su circulación fue el 28 de agosto de 2016 junto con la revista SEMANA, y tras su éxito se hizo una reimpresión de 600.000 ejemplares que se distribuyeron gratuitamente en 20 ciudades principales. Esta cartilla, que también tuvo una versión digital, fue una herramienta importante para ayudar a los lectores a discernir y ponderar lo convenido y tomar, así, su decisión de aprobar o desaprobar el acuerdo en el plebiscito del 2 de octubre.

Edición especial - Revista Semana Nº 1795

Y el tercer documento realizado por esta casa fue una edición extraordinaria titulada ‘Cesó la horrible noche’, que circuló el 27 de septiembre de 2016, a través de la cual se abordó, desde todas las aristas, el significado de la firma de este acuerdo. En esta revista de 170 páginas se explicó qué cubre lo pactado, cuáles son sus repercusiones, quiénes fueron los protagonistas, qué es lo que se deja atrás y cuáles son los retos que vienen. A través de crónicas, reportajes, análisis y perfiles, periodistas nacionales e internacionales, académicos, artistas y premios nobel de paz expresaron sus visiones sobre este hito en la historia de Colombia.

sacudió a los colombianos de la inercia de la guerra, pero no es el final de la violencia ni mucho menos la llegada de la paz. Al fin y al cabo, Colombia es un país de muchas guerras, y la de las Farc era la principal, pero no la única. Aún falta la adecuación a la realidad de lo pactado y, más complejo, la transformación profunda de cada colombiano como sujeto social.

El desarme de este grupo insurgente y su compromiso de cesar el fuego ofrece nuevos bríos para pensar en construir la paz. Aquí se cierra un capítulo en la trayectoria sangrienta que ha tenido este país, y se abren, si se quiere, las primeras páginas de un nuevo libro cuyo contenido está por escribir.



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