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Tolemaida Resort
(2011)

Ideas Que Lideran / Periodismo

Es bien sabido que la justicia penal militar tiene unas condiciones particulares de aplicación, en aras de permitir que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan juicios justos y ecuánimes sobre sus actos de servicio. De ahí que este fuero otorgue seguridad jurídica a quienes constitucionalmente detentan el poder de las armas y constituya un marco legal especial en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Portada Revista Semana Nº 1599

Pero lo que ocurrió durante años en la cárcel insignia de las Fuerzas Armadas de Colombia, el Centro de Reclusión Militar de Tolemaida, desbordó con creces cualquier asomo de legalidad y justicia. En abril de 2011, SEMANA publicó un artículo de lo que descubrió luego de meses de investigación: los militares que allí purgaban condenas por graves violaciones a los derechos humanos gozaban de extravagantes privilegios, por lo que lejos de ser una prisión de alta seguridad este en realidad era un sitio de alojamiento con comodidades de resort.

SEMANA halló que muchos de los 269 internos en ese momento —de los cuales, 261 estaban condenados por homicidios, masacres, torturas y secuestros, con penas de hasta 40 años— salían y entraban del penal a su antojo y durante el tiempo que quisieran, tenían negocios al interior del complejo militar donde se encontraba la cárcel y vivían no en celdas, sino en cabañas dotadas con televisión satelital y acceso a internet, entre otras facilidades.

Y como si fuera poco, de los oficiales, suboficiales y soldados condenados —muchos en segunda instancia— 179 no solo no fueron retirados del servicio, sino que seguían recibiendo parte del salario que normalmente devengaban, además de seguir cotizando para su pensión. De hecho, algunos ya estaban pensionados y otros, incluso, habían ascendido de rango dentro del penal.

Todos los reclusos portaban celulares, podían salir de fiesta o de shopping por la región, tomar vacaciones en ciudades como Cartagena o San Andrés, vivir durante días o semanas en sus casas particulares y manejar los negocios que quisieran. Algunos tenían restaurantes dentro de la base; otros, negocios de compraventa de productos fuera de ella y muchos eran dueños de taxis, microbuses o mototaxis que prestaban el servicio de movilizar a la gente por el extenso fuerte militar, en el que habitaban cerca de 3.000 personas. Por trabajar como ‘transportadores’ los detenidos recibían los beneficios de descuento de pena.

Además de recorrer la base y su zona de influencia en varias oportunidades para comprobar los hechos, SEMANA tuvo acceso a más de 1.100 documentos e informes internos tanto del penal como de la base, que daban cuenta de las anomalías de este centro penitenciario. Algunos reos entrevistados dijeron que los privilegios de los que gozaban tenían la anuencia y, hasta el auspicio, de altos mandos militares como mecanismo para comprar su silencio sobre cómo ha sido, en realidad, la historia de la guerra en este país. Todas las pruebas recolectadas demostraban que había un sistema indignante de exenciones y ventajas exclusivas que operaba para los militares condenados por delitos atroces.

Cuando estalló el escándalo, el Ejército negó las irregularidades. Un mes después, una comisión del Ministerio de Defensa las corroboró y formuló medidas para evitar que siguieran ocurriendo. Algunas se adoptaron; sin embargo, pasado el alboroto, las cosas volvieron a seguir igual. Dos años más tarde, SEMANA volvió a ingresar al penal militar. Ciertas anomalías se corrigieron, pero el panorama continuaba igual de condescendiente y ventajoso para los detenidos; seguían disfrutando de enormes privilegios que estaban muy lejos de cumplir las normas básicas de cualquier prisión.

Hasta que, dadas las reiteradas denuncias de SEMANA y las consecuentes investigaciones judiciales llevadas a cabo, el gobierno nacional a través de su cartera de Defensa tomó la decisión de cerrar este centro de reclusión militar. En octubre de 2014 comenzó el traslado de los detenidos a otras prisiones, y en enero de 2015 se desplazó el último contingente de militares cautivos —de 385 en total— y se clausuró definitivamente esta cárcel. Adicionalmente, cinco coroneles fueron destituidos y están siendo procesados por la Fiscalía y la Procuraduría.

Después de la publicación del primer artículo, al que le siguieron varios más hasta 2014, el jefe de investigaciones de SEMANA fue víctima de un atentado —su automóvil recibió siete impactos de bala—, y desde entonces debe desarrollar su labor periodística bajo un esquema de protección.



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