Indemnización administrativa y judicial quedaron garantizadas por ley de víctimas

La aprobación del proyecto de ley de víctimas avanza en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Aunque aún quedan 25 artículos, este martes se avanzó en uno de los más controversiales aspectos: la indemnización administrativa no excluye la indemnización por la vía judicial.
 
Este había sido uno de los puntos determinantes para que en el pasado Congreso este proyecto se hundiera. En ese entonces, sectores afectos al gobierno habían insistido que el Estado estaría obligado a pagar indemnización sólo si resultaba condenado por una sentencia judicial.
 
Sin embargo, en esta oportunidad los partidos políticos llegaron a un consenso, y el proyecto establece que cualquier víctima puede recibir indemnización por la vía administrativa (establecida en 40 salarios mínimos legales vigentes), y esta reclamación no le impide que busque reparación por la vía judicial.
 
Cualquier víctima, conforme a sus posibilidades, podría demandar al Estado sin importar el antecedente de haber sido reparada por el mismo.
 
La única salvedad que contempla el proyecto es que si por una sentencia judicial el Estado resulta condenado y por consiguiente obligado a indemnizar como reparación de daños y perjuicios causados por un agente estatal, al monto de la indemnización que ordene un estrado judicial, se le descontará la suma de la indemnización administrativa.
 
El avance fue resaltado por congresistas como Guillermo Rivera (Partido Liberal) y Roosevelt Rodríguez (la U), quienes señalaron que ese había sido uno de los principales argumentos que llevaron al hundimiento de esta iniciativa en el Congreso.
 
Sin embargo, no fue la única controversia. Durante el debate, el capítulo de garantías de no repetición generó la más intensa discusión, que sólo llevó a que se dilatara la aprobación de este proyecto.
 
El representante Miguel Gómez (la U) consideró que la ponencia del texto era exigente y dura con los agentes del Estado, y no afectaba a la guerrilla, a quien calificó como el principal actor generador de violencia en el país.
 
Guillermo Rivera controvirtió esta postura, al afirmar que este proyecto endurece acciones contra los victimarios de organizaciones ilegales, incluso obliga a quienes han sido beneficiados de indultos, amnistías o desmovilizaciones a pedir perdón a las víctimas, y endurece medidas contra los victimarios, como la persecución de sus bienes ocultos, o que las penas pecuniarias vayan al fondo de reparación.
 
Más allá de esta controversia, este jueves se espera la aprobación de los 25 artículos que aún quedan por discutirse. Son igual de polémicos porque se tratan de la definición de víctima y los criterios de financiación de la ley.