La curul piadosa

Durante diez años Fernando Augusto Ramírez fue el asesor jurídico de Luis Enrique Salas, congresista que comenzó en partidos cristianos pero hoy es del Partido de la U. Conocía al detalle todas sus actividades, y las consideraba irregulares. Pero, como dijo a esta revista, “cuando uno es empleado y está pendiente de una pensión, debe guardar silencio”. No obstante, cuando terminó su vida laboral, no dejó pasar mucho tiempo para demandar la pérdida de investidura de su antiguo jefe. Según él, Salas abusó de su capacidad como nominador de su equipo legislativo, para destinar a sus empleados del Congreso a actividades privadas relacionadas sobre todo con la congregación cristiana de la que su esposa es la principal pastora.
 
En su demanda ante el Consejo de Estado, Ramírez relaciona a 28 personas que, según él, durante este tiempo trabajaban exclusivamente para la iglesia o, como él, manejaban obligatoriamente asuntos de la congregación que nada tenían que ver con el apoyo legislativo. También asegura que en algunos casos Salas exigía dinero a ciertos funcionarios, como una suerte de diezmo, que según la creencia de su grupo es parte de sus compromisos con Dios.
 
El demandante relaciona en su escrito actividades que resultan muy llamativas. Dice, por ejemplo, que a uno de ellos, además de dedicarlo a hacer diligencias personales todo el día, le tocaba actuar de ujier en los servicios nocturnos y dominicales de la congregación. Que otro se encargaba de hacer arreglos locativos, otro era el celador, otra la contadora y hasta una de las funcionarias, en vez de estar estudiando y tramitando leyes en el Congreso, habría permanecido durante varias semanas en misión pastoral de la ciudad de Miami. El magistrado a quien le correspondió el caso valora esas acusaciones.
 
El representante Luis Enrique Salas, por su parte, asegura que todo es un montaje del “corazón perverso” de su antiguo funcionario de confianza. Para él, todo comienza porque no accedió a nombrar a la esposa de Ramírez en su equipo. Este último reconoce que hubo unas diferencias porque en efecto su mujer siempre le colaboraba con su trabajo y nunca le pagaron por ese apoyo. Salas también sostiene que Ramírez quiere vengarse de él porque no lo quiso respaldar en sus aspiraciones políticas. Por eso, aduce, “está aliado con las personas que me siguen en la lista al Congreso, quienes serían favorecidos si me logran sacar”. Salas dice además que no se puede confundir con trabajo obligatorio el servicio voluntario que varias personas de su equipo, “en el ejercicio de la libertad de cultos”, practican en la congregación que pastorea su esposa.
 
Esta denuncia vuelve a poner sobre el tapete las particulares relaciones que algunos congresistas establecen con sus equipos de apoyo. Se trata de una práctica más común de lo que se denuncia, porque los funcionarios aceptan cualquier condición con tal de no perder el trabajo. Así sean pocos, flaco favor le hace a la maltrecha imagen del Congreso que este tipo de situaciones se esté presentando, con el agravante que en lo disciplinario el Consejo de Estado y en lo penal la Corte Suprema no actúan con la celeridad suficiente, al menos dentro del periodo del congresista cuestionado.