Bandas criminales, la preocupación del proceso de paz

El oscuro fantasma del paramilitarismo preocupa a las Farc desde hace más de 30 años, casi desde que nació en los años ochenta de la mano del narcotráfico y de miembros de las Fuerzas Armadas para enfrentar, por fuera de la legalidad, a la subversión. Esa perversa alianza, en la que también participaron hacendados, ganaderos, comerciantes y políticos, no solo jugó un papel fundamental en el exterminio de la Unión Patriótica (UP), sino en el retroceso militar de las Farc en algunas regiones el país. Les angustia tanto que la semana pasada Pablo Catatumbo, al terminar una de las jornadas de la décima conferencia realizada en los llanos del Yarí, dijo que “entre los guerrilleros delegados se repite mucho la preocupación del fenómeno del paramilitarismo”.

Ese temor, compartido por el gobierno nacional y por la mayoría de los colombianos, se basa en la posibilidad de que las bandas criminales (bacrim) asuman el control de los territorios que van a dejar las Farc al desmovilizarse, o que lideren o participen en una campaña de exterminio contra los futuros desmovilizados de esa organización.

“Los grupos armados organizados (GAO), como llama ahora el Ministerio de Defensa a las bacrim, junto al ELN y el EPL, que se nutren de actividades ilícitas como los cultivos ilícitos, la minería ilegal, el tráfico de drogas o la extorsión, son la gran amenaza para el futuro del proceso”, admite el politólogo Alejo Vargas.

Y ya hay una muestra de lo que puede pasar. En los últimos meses en varias zonas del oriente del país, principalmente Meta y Vichada, la Defensoría del Pueblo, entre otras entidades y organizaciones, ha alertado sobre la presencia de numerosos grupos del llamado Clan del Golfo, anteriormente llamados Urabeños. Una situación similar se ha reportado en Tumaco, Buenaventura, y en varias poblaciones del Chocó. Lo mismo en veredas y municipios de la región del Catatumbo (Norte de Santander). Panfletos, amenazas a los pobladores y asesinatos se han registrado en estos lugares, que, en su mayoría, tuvieron durante años una fuerte presencia de las Farc.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, en la actualidad hay presencia de bacrim en 27 de los 32 departamentos. En 20 de ellos actúa el Clan del Golfo, liderado por Darío Úsuga, alias Otoniel. En los otros siete hay fuerzas de los llamados Rastrojos y Águilas Negras. Si bien se trata de una amplia presencia territorial, la realidad es que la mayoría de las acciones de estos grupos se concentran en el 15 por ciento de los 1.096 municipios del país.

Según información de la Policía Nacional, el Clan Úsuga opera en 250 municipios; los Rastrojos, en 200, el Erpac, en 55, y las Águilas Negras, en 62. Además están identificadas otras 27 bandas locales que operan como grupos mercenarios en unos 157 municipios del país.

Estos grupos funcionan, según la Fundación Paz y Reconciliación, como una red criminal, a pesar de que los más grandes, como el Clan del Golfo, tienen una organización jerarquizada, con mandos militares y políticos. En algunos sitios, especialmente en las zonas urbanas, se apoyan para operar en grupos criminales locales, usan la violencia selectiva como mecanismos de represión y han entendido que al Estado no se le puede ganar una guerra, por lo que es mejor tomarse el poder local para obtener millonarios recursos públicos a través de la corrupción.

Esta amenaza, unida al rumor según el cual algunos ganaderos, hacendados y comerciantes están rearmando grupos en algunas regiones, ha llevado al gobierno a actuar. En enero de 2015 la Policía lanzó la Operación Agamenón contra el Clan del Golfo. En 18 meses, las autoridades han arrestado a más de 3.500 hombres y decomisado más de 20 toneladas de drogas. A pesar de esa cifra, las bacrim se caracterizan por una alta capacidad para reclutar y reemplazar a los integrantes arrestados o muertos. Esto debido a que cooptan combos o banda locales que terminan ‘trabajando’ para ellos. Controlar este fenómeno e impedir que siga creciendo es el gran desafío.

Uno de los problemas de las bacrim es su capacidad para adaptarse a diferentes regiones o realidades, así como para reorganizarse. En los últimos años, según cifras oficiales, las autoridades han capturado a casi 20.000 miembros de dichas bandas, pero estas logran reincorporar rápidamente nuevos miembros, lo que les ha permitido no solo seguir controlando actividades ilegales como minería criminal y contrabando, sino también, en algunas ciudades, la extorsión, el microtráfico y el sicariato.

La Fundación Paz y Reconciliación identificó dos formas en las que estas bandas operan y obtienen importantes recursos. “La primera tiene que ver con la prestación de servicios orientados a la actividad minera, el contrabando, tráfico de armas y control de rutas del narcotráfico. La segunda, con una oferta criminal más descentralizada, relacionada con sicariato, microtráfico y narcomenudeo, y en especial, con la intimidación a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Es decir, estas organizaciones criminales pueden vender servicios de seguridad a todo el que esté en capacidad de pagarlos”.

De estas actividades, los cultivos ilícitos y la minería ilegal producen serias preocupaciones, en especial por los billonarios recursos que generan, por las regiones en las que se concentran, por las miles de personas involucradas y porque son la gasolina más fácil que cualquier bacrim o grupo neoparamilitar puede usar para financiarse. Incluso, son una fuerte tentación para algunos mandos medios y parte de la guerrillerada, que han visto de cerca el poder de estas economías ilegales.

Y la verdad es que no se sabe cuál de los dos problemas preocupa más. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, el país registró un exagerado crecimiento de los cultivos de coca. Mientras que en 2013 se calcularon 48.000 hectáreas sembradas de coca, subieron a 69.000 en 2014 y a 96.000 el año pasado, es decir, la cifra más alta de los últimos ocho años. El 81 por ciento de estos cultivos ilícitos se concentra en los departamentos de Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Caquetá, zonas en las que las Farc han tenido una fuerte presencia.

Por su parte, la Oficina Nacional para el Control de las Drogas (ONDCP), dependencia de la Casa Blanca, advierte que los cultivos de coca en Colombia llegaron a los 159.000 en 2015, una cifra que ellos no observaban desde 2007.

Si bien el capítulo cuarto de los acuerdos de paz está dedicado a la solución del problema de las drogas ilícitas, hay serias dudas en torno a si la política de sustitución y erradicación esta vez sí va a funcionar, no solo por el monto de los recursos a destinar, sino porque requiere una arquitectura que el Estado no tiene. “Hoy no se sabe ni se ve quién dentro del gobierno puede liderar este plan, esto sin contar con que las alcaldías y departamentos, que tendrán que jugar un papel importante, no tienen capacidad para poner a andar lo acordado”, dice un experto en políticas antidrogas.

A esto se suma que no está claro el papel que tendrán las Farc en este proceso ni qué tanto apoyarán el programa de erradicación que adelanta el gobierno en Nariño y Cauca. Lo cierto es que los cultivos ilegales, especialmente en zonas que no son históricas de esta guerrilla, son una peligrosa amenaza para las Farc y para la paz.

La otra es la minería ilegal. El Sistema de Monitoreo Antinarcóticos de la Policía (Sima) calcula que en el territorio nacional hay más de 6.300 puntos en los que se extrae oro de aluvión. Eso significa que casi 200.000 hectáreas están destruidas o en proceso de estarlo por la extracción sin control. Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Cauca y Valle son los departamentos más afectados. Se estima que la minería ilegal mueve más de 7 billones de pesos al año y que una parte importante pasa o queda en manos de las bacrim y de los grupos subversivos, entre ellos, hasta ahora, las Farc.

Estas y otras economías ilegales, junto con el crecimiento de las bacrim, hacen temer a los miembros de las Farc por sus vidas. Ante esto, en el punto del fin del conflicto se contempla una unidad especial de investigación, adscrita a la Fiscalía General, cuyo principal objetivo será desmantelar esas organizaciones delictivas. Y un observatorio que haga seguimiento y estudio a la evolución de este fenómeno, un cuerpo integral de la Policía dedicado a combatir estos grupos y la búsqueda de herramientas para ofrecer a estas bandas criminales un sometimiento a la justicia como salida, aclarando que no sería una negociación política sino judicial.

Queda claro que así como el gobierno y las Farc tardaron años en buscar en el papel la solución de estos problemas, su implementación tomará años y en el camino enfrentarán grandes adversidades.