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| 2016-09-22

Lo que no veremos con el fin de la guerra

  • Semana
    Campo de batalla: El bombardeo al caserío Santo Domingo, el 13 de diciembre de 1998, y su posterior encubrimiento por parte de la Fuerza Aérea dejaron amargas lecciones para esta institución: sanciones internacionales, pérdida de credibilidad y condenas. Esto, después de que el Ejército montó una gran operación contra combatientes de las FARC, en los alrededores de ese sitio en Tame (Arauca).
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    Niños de la guerra: Aún sin entender la guerra, miles de niños colombianos siguieron por décadas sus pasos. Aunque fueron víctimas de casi todas las modalidades de violencia, este oscuro capítulo parece haber llegado a su fin. Foto: León Darío Peláez / SEMANA.
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    Un pueblo encarcelado: Quinchía (Risaralda) no volvió a ser el mismo después de la operación ‘Libertad’. El 28 de septiembre del 2003, alrededor de 800 uniformados de la Policía, 200 unidades de la Fiscalía, en helicópteros, camiones y buses se tomaron el pueblo y se llevaron 90 habitantes señalados de rebelión. El alcalde, su sucesor electo, su competidor y el presidente del Concejo cayeron en el operativo. Foto: http://eldiario.
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    Caminos minados: El uso de minas antipersona se convirtió en la táctica de guerra preferida por las FARC para frenar el avance de las tropas militares hacia los campamentos, proteger los cultivos ilícitos y, en muchos casos, evadir la persecución. Según el Registro Único de Víctimas, al menos 10.924 personas, entre militares y civiles, sufrieron daños por esta arma mortal. Foto: (AP / Fernando Vergara).
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    Cerco de guerra: En el mismo lugar donde se escribió uno de los pasajes más dolorosos del conflicto, las FARC reconocieron por primera vez su cuota de responsabilidad por una masacre: Bojayá. El 2 de mayo del 2002 un cilindro de gas lanzado por esa guerrilla durante un enfrentamiento con paramilitares convirtió a la iglesia de este remoto pueblo chocoano en todo un infierno. Foto: Natalia Botero.
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    Aro sin salida: Primero fue el horror de las casas incendiadas, los muertos y la huida. Después la desesperanza de los pobladores de no poder recuperar lo que algún día había sido suyo. En octubre de 1997, 300 personas del corregimiento de El Aro (Ituango, Antioquia) tuvieron que salir por el miedo propagado por los paramilitares del Bloque Mineros y del Bloque Norte que terminaron destrozando el lugar. Aún no hay certeza sobre lo que pasó.
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    Estrategia de guerra: El flagelo del secuestro se fue quedando en el camino una vez el Gobierno y las FARC le abrieron las puertas a una negociación de paz. El 26 de febrero del 2016 esa guerrilla anunció que no realizaría más secuestros extorsivos. Fue uno de los primeros grandes anuncios que mostraron un giro radical en este grupo ilegal. Foto: Fabio Posada, José Luis Guzmán / El País.
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    Enredos generales: Los ‘falsos positivos’ se convirtieron desde hace varios años en el mayor dolor de cabeza de las Fuerzas Militares. Numerosos miembros del Ejército han tenido que comparecer ante la justicia por presentar como guerrilleros caídos en combate ciudadanos que nada tenían que ver con grupos subversivos. Entre el 2002 y el 2008, miembros de esa institución ejecutaron a más de 3.000 civiles. Foto: Paola Castaño / SEMANA.
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    Seguridad en fuego: La Chinita, en Apartadó (Antioquia), fue la primera masacre cometida por las FARC. En este municipio de Antioquia, la guerrilla arremetió el 23 de enero de 1994 contra un barrio de invasión donde se reorganizaron excombatientes del EPL que habían dejado las armas tres años atrás. Gran parte de los asesinados eran simpatizantes del Movimiento Político Esperanza, Paz y Libertad. Foto: Alfonso Benavides, El Espectador.
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    Genocidio político: En el marco de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur floreció la Unión Patriótica. Desde 1986 sus miembros empezaron a participar en las elecciones. Sin embargo, el país vio cómo sus militantes fueron víctimas de amenazas, desapariciones y homicidios. La persecución afectó unas 4.000 personas, entre ellas dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Foto: El Espectador.
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    Batalla perdida: La lucha contra los cultivos ilícitos es uno de los componentes más complejos de la política de seguridad que Colombia viene desplegado de la mano de Estados Unidos. El mundo lleva más de 40 años librando una guerra que ha costado vidas, miles de millones de dólares y sigue sin arrojar resultados. Los cultivos ilícitos se mantienen como el principal eje de financiamiento de los grupos armados. Foto: Brigada 23 del Ejército Nacional.
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    Pesadilla ambiental: Miles de campesinos han visto fumigar sus parcelas con glifosato por el simple hecho de estar cerca de siembras de coca. Según relatos de decenas de víctimas, la lluvia química no solo destruye los cultivos, sino que también ocasiona daños a su salud. Aunque el país se prepara para decirle adiós a la conocida práctica, una puja entre los órganos de control tiene en vilo el uso o no del agente para menguar la proliferación de los cultivos ilícitos.
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    Estrategia de guerra: Durante muchos años, el secuestro político se extendió en Colombia como arma de guerra de los grupos al margen de la ley. Según el Centro de Memoria Histórica y Cifras & Conceptos, entre 1970 y el 2010, 39.058 personas fueron secuestradas, al menos una vez. Estas fotografías hacen parte de las pruebas de vida de los militares grabados aparentemente antes del 12 de abril fecha de la última manipulación hecha a la USB.
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    Sin dejar rastro: La incursión del Ejército y la Policía en octubre del 2002 a la Comuna 13 fue una de las acciones institucionales que también dejaron heridas en esta guerra. Durante cuatro días las autoridades desterraron a las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que operaban en esta zona de Medellín. Pero también el operativo dejó muertos inocentes y desaparecidos. Foto: Jesús Abad Colorado.
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    Un negocio: Por muchos años un buen número de extorsiones y vacunas bastó para sostener el aparato militar de las FARC. Se trató de un cobro mensual que miembros de esa guerrilla hacían a los pobladores, comerciantes y empresarios de las diferentes regiones en las que operaron. Este es un documento incautado a un comité de finanzas de un frente. Foto: Juan Carlos Sierra.
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    Peligro latente: Los antecedentes no han sido suficientes para menguar los ataques a líderes políticos y sociales. Durante el 2016 han sido asesinados al menos a 12 civiles cercanos a la Marcha Patriótica, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y organizaciones campesinas. Las alarmas se mantienen, pero nadie da razón sobre quiénes pueden ser los responsables. Este es un panfleto intimidatorio divulgado en Puerto Boyacá. Foto: Daniel Reina Romero / SEMANA.
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    Fantasma urbano: El 7 de febrero del 2003 un artefacto estalló en el club El Nogal, en el norte de Bogotá. Esa noche murieron 36 personas y quedaron gravemente heridas más de 200. Muchos de los sobrevivientes tienen enormes secuelas físicas y morales. La justicia colombiana culpó a las FARC por lo que pasó, pero esa guerrilla aún no lo ha reconocido.
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    Botín de guerra: Los cuerpos de las mujeres y niñas fueron el botín de los actores del conflicto armado. Sirvieron para sembrar el terror en las comunidades, como métodos de tortura y control sobre la población. En Montes de María, por ejemplo, hubo "un sistema de violencia sexual sistemático para castigar a aquellas que eran consideradas transgresoras de los códigos de conducta".
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    Toribío bajo fuego: Desde 1983, cuando los habitantes de Toribío (Cauca) vivieron la primera incursión guerrillera, han tenido contados los días de calma. Si las cuentas no fallan, sus pobladores han sufrido poco más de 600 ataques y hostigamientos. Uno de los más sonados fueron los cuatro días que permaneció la comunidad Nasa bajo el fuego cruzado de la guerrilla y el Ejército.
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