Investigan posibles irregularidades en contrato de antiguo centro de custodia animal de Bogotá

Una auditoria fue llevada a cabo por la Contraloría Distrital de Bogotá a solicitud de la actual directora del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Clara Lucía Sandoval. 

Las posibles irregularidades que se presentaban en el contrato 171 de 2017, suscrito entre ese instituto y la asociación Arkambiental para el servicio de custodia y manutención de los animales objeto del convenio, es decir, los perros y gatos en situación de abandono y recuperados por el sistema de urgencias del Distrito, motivaron la decisión de la funcionaria. 

La Contraloría indicó que la asociación Arkambiental, que había sido evaluada por una anterior administración del Instituto de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) en los procesos precontractuales y de contratación, no evidenciaba la experiencia, esto es, la idoneidad requerida para la ejecución del contrato como tal. 

La entidad afirmó también que la experticia que soportó para la adjudicación del contrato, estaba relacionada con “realizar jornadas de esterilización y procedimientos quirúrgicos” y no con manutención y custodia de animales.

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Adicionalmente, advirtió que no encontraba congruencia entre los soportes presentados por el contratista y el supervisor sobre la cantidad de actividades realizadas por el contratista para la solicitud de una adición (prórroga). 

"Concluimos que no había necesidad de una prórroga", aseguró la Contraloría, que aclaró que las prórrogas se justifican cuando luego de firmado el contrato surgen situaciones o circunstancias que hagan imperioso modificar el mismo, basados en estudios técnicos. 

"Revisadas por esta auditoría las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad tomadas por Arkambiental para ajustar los valores de conformidad con la adición, se evidencia que fueron expedidas por la compañía de seguros de forma extemporánea y allegadas al instituto de igual manera y luego de vencido el plazo del contrato", mencionó la Contraloría.

Para el ente de control, todos estos hechos se presentan por la debilidad de los estudios previos y la falta de la debida planeación en contravía de varias normas. 

Así las cosas, la Contraloría hizo el traslado a la Personería de Bogotá del hallazgo disciplinario. 

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"Cuando yo llegué a la administración del instituto supe que había habido un contrato por tres meses con un centro de custodia administrado por la empresa Arkambiental, que ya se había acabado cuando yo ingresé hace tres meses. Decidí entonces solicitarle a la Contraloría una auditoría para que se investigara dicho contrato", explica la actual directora, Clara Sandoval. 

Señaló que adicionalmente fue creado un comité interistitucional al interior de ese organismo de control para hacerle seguimiento a ese contrato específico. 

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"Requerí al supervisor informes varias veces, que resultaron muy mediocres, razón por la cual le pedí a la parte disciplinaria iniciar las investigaciones a las que hubiese lugar y le informé a los entes de control (Contraloría y Personería) para que se iniciaran las acciones pertinentes", expresó la funcionaria, quien recalcó que el exsupervisor del contrato había renunciado el pasado 15 de agosto al instituto. 

Sin embargo, Sandoval afirmó que la investigación disciplinaria continuaba y que todavía el Distrito no le había pagado el valor del contrato a Arkambiental, hasta tanto el proceso no establezca si se le podía cancelar o no el monto del mismo, que asciende a 206 millones de pesos. 

"Hoy en día no existe ninguna empresa que administre centros de protección en Bogotá. Solo tenemos una unidad de cuidado y la administramos nosotros mismos", dijo.