especial minería sostenible

La hoja de ruta del sector extractivo para generar bienestar

Con el objetivo de mitigar el impacto de los proyectos mineros en las zonas de injerencia, las empresas del sector deben contar con iniciativas de transformación social. Educación, salud o seguridad alimentaria, algunos de los rubros destacados.


El impacto de los proyectos mineros en las comunidades y los territorios tiene que ser una de las prioridades del sector, si quiere consolidar empresas más sostenibles. El Plan de Gestión Social (PGS), precisamente, ha sido el instrumento con el que la Agencia Nacional de Minería (ANM) previene, mitiga y atiende los riesgos sociales generados por un proyecto minero, y con el que, además, busca incrementar las oportunidades y los beneficios generados por el mismo.

Así, las empresas mineras tienen la oportunidad de desarrollar proyectos con impacto social enmarcados en diferentes líneas estratégicas diseñadas por la ANM; entre estas están el fortalecimiento del sector productivo y la generación de empleo, educación, cultura, recreación, deporte, seguridad alimentaria e igualdad de género, entre otros.

Hay, además, otro tema clave en la ejecución de estos proyectos y es su relevancia para los grupos de interés. Según la ANM, si bien los titulares mineros son libres de desarrollar los proyectos, es necesario que cuenten con participación de las comunidades de las áreas de influencia y la articulación con otros actores presentes en esos territorios. Esto ocurre, en primera instancia, cuando las propuestas mineras son evaluadas en audiencias públicas, y después en la elaboración del PGS del proyecto.

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La Agencia Nacional de Minería ha aprobado 122 planes de Gestión Social en 17 departamentos, de los cuales la mayoría se ejecutará en: Valle (21), Santander (19), Norte de Santander (18), Tolima (13), Boyacá (12) *Con corte a mayo de 2022 - Foto: Getty Images

El objetivo es que estas iniciativas y la actividad minera, en general, tengan un impacto positivo en los territorios. La Asociación Colombiana de Minería (ACM) cita datos del Dane que brindan un panorama ilustrativo: en la actualidad, en los municipios mineros el 30 por ciento de familias carece de empleo, servicios, educación o vivienda, según el indicador Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), pero el porcentaje era el doble en 1993, antes del comienzo de la actividad minera.

En cifras

De 2016 a 2020, la inversión social de las empresas mineras pasó de $61.533 millones anuales a $160.452 millones, aproximadamente.

88 % de las empresas acuerdan sus proyectos con las comunidades y autoridades locales.

*Fuente: Asociación Colombiana de Minería

Además del Plan de Gestión Social, las empresas mineras tienen obligaciones contractuales de inversión social, que en 2020 ascendieron a $18.500 millones, tres veces más que en 2016.

*Fuente: Agencia Nacional Minera

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