Hay decisiones que conmueven antes de que uno alcance a pensarlas. El aumento del salario mínimo en un 23 por ciento es una de ellas. Colombia entera sintió algo parecido a un suspiro colectivo. Por fin, un alivio para millones de trabajadores que llevan años sobreviviendo con lo justo. ¿Cómo no emocionarse? ¿Cómo no alegrarse por las familias que, al menos por unos meses, sentirán que la vida pesa un poco menos?
Después de la emoción llega la responsabilidad. Y es ahí donde este debate exige cabeza fría, no solo aplausos.
España vivió algo similar cuando llevó su salario mínimo a 1.000 euros. Logró reducir desigualdades, mejorar condiciones y dignificar el trabajo. Aun así, dejó una lección que no se puede ignorar. Los aumentos salariales funcionan cuando la productividad los respalda. En las regiones con economías fuertes, el empleo se sostuvo. En las que no, se perdió. Esa experiencia debería importarnos, porque el mercado laboral colombiano no es el europeo.
Aquí, cerca de la mitad de los trabajadores está en la informalidad. Miles de micro y pequeñas empresas sobreviven día a día. Nuestro aparato productivo no siempre puede seguir el ritmo de las decisiones políticas. Para muchos negocios, un aumento del salario mínimo del 23 por ciento no es un ajuste, es un ultimátum. Y ahí es donde el corazón se aprieta. La misma mamá que hoy celebra el aumento podría quedarse sin trabajo mañana si su empresa no logra sostener ese salto.
Hay otro punto que incomoda aún más. El Estado también es empleador.
Cuando sube el salario mínimo, sube casi todo lo que está indexado a él. Nóminas públicas, pensiones, transferencias, contratos y subsidios. El efecto fiscal es inmediato y acumulativo, como una bola de nieve cuesta abajo.
Ahí aparece una contradicción que muchos prefieren evitar. ¿Cómo declarar una emergencia económica por falta de recursos y, al mismo tiempo, aumentar el gasto estructural del Estado en un 23 por ciento? ¿Cómo pedir austeridad mientras se aprueba una medida que expande el déficit de forma automática y permanente?
Esa inconsistencia no es ideológica. Es matemática.
El efecto de este aumento no se sentirá hoy, cuando abundan los aplausos. Llegará en tres frases. Primero, el alivio emocional y un impulso al consumo. Luego, la presión inflacionaria y los ajustes empresariales. Finalmente, la verdad incómoda: ¿cuántos empleos y cuántas finanzas públicas resistirán un choque de esta magnitud?
No escribo esto para desanimar a nadie. Escribo porque la conversación merece ser completa. La dignidad del trabajo no debería quedarse en un titular, sino convertirse en una política sostenible. El país necesita entender que el salario mínimo no puede seguir siendo el único instrumento para corregir desigualdades que exigen reformas profundas.
Ojalá este aumento hiciera parte de una estrategia integral. Productividad, capacitación laboral, alivios tributarios para pequeñas empresas, formalización real, fortalecimiento fiscal. Apostarlo todo a una sola medida emociona, aunque sin respaldo puede fracturar.
Porque el salario digno no se decreta. Se construye.
Y un país digno también.
Natalia Badillo es gerente de Inversiones y Seguros Abril LTDA
