Ecuador expulsa a diplomático de EEUU

El gobierno del presidente Rafael Correa le dio 48 horas de plazo a Mark Sullivan, primer secretario de la embajada de Estados Unidos para que abandone Ecuador, después de acusarlo el miércoles de cometer una "intromisión inaceptable" en asuntos internos del país.

El canciller Fander Falconí informó en rueda de prensa que "el gobierno nacional ha decidido... expulsar del país (a Sullivan)... por considerar que existe una intromisión inaceptable con los asuntos internos del Ecuador".

La intromisión se produjo mediante supuestos "cuestionamientos, condicionamientos que ha hecho (el diplomático) a la policía nacional" de Ecuador, a través de "comentarios" realizados la primera semana de febrero en una reunión que Sullivan mantuvo con el alto mando policial, indicó el canciller.

En la cita Sullivan habría cuestionado el traslado del director de una unidad especial de la policía a otra función.

Sullivan es el segundo diplomático estadounidense expulsado por el gobierno de Ecuador este mes. Correa expulsó el 7 de febrero al agregado Armando Astorga, a quien también señaló de entrometerse en otro asunto policial, aunque la embajada estadounidense indicó que el diplomático había concluido su misión en Quito en enero.

"Estamos declarando al señor Mark Sullivan persona non grata, es el primer secretario de la embajada, y le estamos otorgando un plazo de 48 horas para que el funcionario abandone el país", dijo Falconí e indicó que la decisión ya fue comunicada formalmente a la delegación diplomática.

Añadió que conversó telefónicamente con la embajadora Heather Hogdes quien dijo estar "muy preocupada" por esta situación.

El anuncio se realizó públicamente luego de una reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidida por Correa, a la que acudieron las más altas autoridades civiles, policiales y militares del país.

La agregada de Prensa de la embajada de Estados Unidos, Marta Youth, en declaraciones a la AP, manifestó que "vamos comunicar la decisión del gobierno ecuatoriano a Washington" y declinó hacer más comentarios.

En la misma rueda de prensa, el ministro de Gobierno Gustavo Jalk explicó que Sullivan cuestionó la decisión del comandante general de la policía, general Jaime Hurtado, de cambiar al director de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) para trasladarlo a otra función.

Por ese traslado, Sullivan "ha condicionado continuar ciertos niveles de cooperación logístico, económico a esa unidad vulnerando la competencia y la atribución de las autoridades para tomar esas decisiones", afirmó Jalk.

"No es dable que un funcionario de otro país condicione esas competencias nacionales a sus visiones particulares", agregó.

El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, denunció la existencia de "convenios informales y prácticas informales" con Estados Unidos y cuestionó que a nombre de ese tipo de acuerdos "se proceda de una manera que es inaceptable para un país digno y soberano".

"Es inaceptable que a nombre de esos convenios (informales) exista la capacidad de un país extranjero de participar en la selección o en la designación de funcionarios de la policía nacional", agregó.

La UIES se dedica a investigar casos de alto impacto, entre los que figuran algunos de narcotráfico. Los funcionarios no pudieron precisar cuanta cooperación estadounidense recibe esa unidad policial.

En el caso de Astorga supuestamente hubo una carta fechada el 8 de enero en la que el diplomático comunicó el retiro de 340.000 dólares de colaboración para las operaciones anticontrabando por considerar que no se coordinó con la embajada ciertos nombramientos de personal, según denunció Correa.

El caso ocurrió en otro departamento de la policía conocido como COAC (Centro de Operaciones Anticontrabando).

Con información de AP