Extensa y manipulada defensa de Fujimori

Con la paciencia de quien reconoce que su actuación en este proceso es histórica, el juez supremo César San Martín le recuerda al defensor del ex presidente Alberto Fujimori, Cesar Nakasaki, que ya ha utilizado ocho sesiones desde el pasado 16 de febrero, un número mayor que las intervenciones de las partes y le pide ser conciso en sus exposiciones.

Cuatro sesiones más, que tomarían otras dos semanas más, calcula el abogado Nakasaki que necesita para concluir su “defensa eficaz” que pide la absolución de su patrocinado, el ex presidente del Perú, Alberto Fujimori. Esto provocó la indignación del Fiscal de este caso, Avelino Guillén, quien considera que Nakasaki “está abusando de la generosidad y tiempo que le ha concedido el Tribunal”.

Con un discurso grandilocuente y hábil, el jurista que también defiende a otros acusados en casos de violación a los derechos humanos, se ha concentrado en desarrollar temas generales y tergiversar las acusaciones para darle largas a un proceso que ya lleva 15 meses.

Qué dice la defensa

“Aquí lo que se está juzgando es la política antisubversiva del presidente Fujimori y no los hechos aislados”, alega Nakasaki. El juicio reúne los casos relativos a derechos humanos que fueron los autorizados por la Corte Suprema de Chile al conceder la extradición del ex presidente al Perú, y no puede juzgarlo por otros hechos. Son las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos y los secuestros de un periodista y un empresario en los sótanos del Servicio de inteligencia del Ejército.

Continúa cuestionando cómo se le puede acusar de haber conducido una política de guerra sucia a partir de esos hechos, ocurridos en noviembre de 1991 y julio de 1992, en los que reconoce que sí hubo asesinatos pero “fueron casos aislados que no prueban la existencia de una política deliberada”.

El grupo Colina, considerado responsable de esos crímenes, fue un destacamento creado en aparato de inteligencia, que realizó al menos una operación de eliminación de personas por mes. El fiscal Avelino Guillén encuentra insostenible que se hubiera tratado de un grupo independiente o de excesos como sostiene Nakasaki, y reitera que Colina, “dependió funcionalmente del Servicio de Inteligencia Nacional donde Fujimori trabajaba, despachaba y vivía al igual que Montesinos”.

Pero Nakasaki revierte categóricamente la responsabilidad a las Fuerzas Armadas que eran quienes tenían el dominio de las operaciones militares. “En noviembre de 1991 el Consejo de Ministros decidía la política antisubversiva, el Ministerio de Defensa formulaba, ejecutaba y supervisaba la política de defensa en el campo militar. En ese contexto, fueron los “órganos estatales los que desarrollan una guerra sucia”.

En otra sesión, el abogado calificó de abusos de autoridad los casos por detención ilegal, realizadas la noche del autogolpe de estado del 5 de abril de 1992, con el argumento de que se requieren pruebas de trato cruel para tipificarse como secuestro agravado. Sostuvo que la detención arbitraria del periodista Gustavo Gorriti fue además responsabilidad de Montesinos, quien “se excedió en su cargo de tomar medidas” de orden público para inmovilizar a los opositores, luego del establecimiento del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Gorriti, quien rindió testimonio en este juicio, relató como fue asaltada su residencia por gente encapuchada que no le comunicó a donde era trasladado, fue uno de los primeros en denunciar, meses antes, la participación del ejército en la matanza de Barrios Altos.

Sentencia inminente
A tono con el abogado, la congresista Keiko Fujimori, hija del ex presidente, ha denunciado repetidamente “el sesgo de algunos medios de comunicación”, por titulares “que ponen a mi padre como autor de asesinatos”. Es un juicio mediático que trabaja sin pruebas, “a partir del remplazo de la prueba por el parecer del periodista, de la verdad por el rating”, ha afirmado Nakasaki.

Una encuesta reciente revela que un 70 por ciento de los limeños cree que el ex presidente Alberto Fujimori será hallado culpable, y un número similar de personas considera que el tribunal que lo juzga ha actuado con imparcialidad.

La expectativa sigue creciendo frente a una decisión que pone los ojos del mundo en el Perú. Los familiares de las víctimas, junto con amplios sectores de la sociedad civil, convocaron en días pasados a una gran manifestación de apoyo al pedido de la Fiscalía de treinta años de reclusión, y para exigir una condena ejemplar para Fujimori.

En la entrada de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional donde se lleva el proceso, pequeños grupos de fujimoristas identificados con el color naranja de ese partido, hacen presencia pidiendo libertad para Fujimori, y alentando al procesado con lemas como: “Chino, valiente, aquí está tu gente”.

Si el ex presidente de 70 años resultara condenado, el fujimorismo tiene una última carta en la manga para salvar a su líder de cumplir largos años de cárcel. Keiko Fujimori, la congresista con la más alta votación en el 2006, podría crear la sorpresa en las elecciones presidenciales de 2011. En los últimos sondeos obtuvo 19 por ciento de favorabilidad de voto que, la sitúan en la cabecera de los candidatos con el alcalde de Lima. Y en ese caso, repite con total convicción, que no dudará en indultar a su padre porque lo considera inocente.

Las partes en el proceso aprobaron de común acuerdo un documento que establece las reglas de lectura del fallo del tribunal, que no será leído en su totalidad debido a su extensión que se calcula en unas mil páginas. Luego de la lectura de las partes más relevantes y de la resolución, la sentencia será dada a conocer a la opinión pública a través de Internet.

La situación del acusado podría complicarse en vísperas de conocerse la sentencia. La Corte Suprema debe revisar la sentencia de 35 años a los que fue condenado en abril de 2008 el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional por el crimen de La Cantuta. Con el regreso de este caso a los tribunales, se podría revelar toda la verdad sobre la responsabilidad de Fujimori y Montesinos en las matanzas del grupo Colina. Así lo anunció el abogado del General Julio Salazar Monroe.