Fujimori también paga por corrupción

El expresidente Alberto Fujimori recibió este miércoles su cuarta condena, con la que cierra los juicios que enfrentó por los casos consentidos en la resolución de extradición de Chile en septiembre de 2007. Los delitos por los que fue hallado culpable, esta vez, son: peculado doloso, corrupción de funcionarios, cohecho activo, violación del secreto de las comunicaciones e interceptación telefónica.
 
El tribunal consideró que el ex presidente es culpable como autor de esos delitos con los que pretendió tener el control de la actividad política del país. La sentencia, sin embargo, consideró consideró el hecho de que el ex presidente aceptó los cargos. En abril pasado,ya había sido condenado a 25 años de cárcel, en otro juicio, por su responsabilidad intelectual en los asesinatos de 25 personas en dos matanzas cometidas por un escuadrón de aniquilamiento en su gobierno entre 1991 y 1992.
 
Al declararse conforme con los cargos en la primera y única audiencia del último juicio en su contra, Fujimori admitió en su totalidad los términos de la acusación fiscal que formulara por José Peláez Bardales. Cerca del 70 por ciento de los 150 testigos convocados por la Fiscalía habían sido antiguos funcionarios del régimen, ex agentes de inteligencia o militares retirados, cuyo testimonio habría refrescado la memoria de los peruanos sobre los montajes ordenados y dirigidos desde el Palacio de Gobierno. Por esta conclusión anticipada que impidió revelar la magnitud de los hechos, la parte civil no se sintió conforme con la sentencia dictada. 
 
Escuche las declaraciones del ex congresista Javier Diez-Canseco, agraviado por interceptaciones  telefónicas

Los casos juzgados por el tribunal son apenas una pequeña muestra de un régimen que quedará consignado como el más corrupto de la historia republicana del Perú. El informe de la Comisión investigadora del Congreso de los Delitos Económicos y Financieros que se cometieron durante el gobierno Fujimori señala que los decretos de urgencia que dictó durante su mandato, le permitieron desviar cerca de mil millones de dólares. 
 
Escuche las declaraciones Javier Diez-Canseco, quien presidió esta comisión

La parte civil pidió ser escuchada para intervenir sobre la reparación civil solicitada en fondo y en forma, pero el tribunal consideró que esto significaría volver atrás sobre una etapa del proceso ya clausurada. La sentencia recogió la petición de la Procuraduría de aumentar las reparaciones civiles por los daños causados al Estado.

De esta manera, al monto 8 millones de dólares de reparación que ordenó el tribunal hoy a favor del Estado y del millón de dólares a favor de los agraviados por las interceptaciones ilegales, se suma el millón 200 mil dólares que debe pagar el ex presidente por las tres sentencias anteriores.

"El pueblo lo liberará", pasó a ser el leitmotiv de los seguidores del ex presidente que con una nueva estrategia arguyen que en ese tribunal era imposible lograr un juicio imparcial. Confían en que la imagen de Keiko, candidata presidencial e hija de Fujimori, logre preservarse con miras a las contiendas electorales en las que se elegirán congresistas y presidente, en 2010 y 2011 respectivamente.

Si bien este cálculo político puede resultar acertado y conducir a la única propuesta en la plataforma electoral de “Perú 2011”, conceder el indulto a Alberto Fujimori, el pasado de abusos de corrupción del régimen fujimorista podría jugarle una mala pasada.

Con nuevos documentos, acaba de ser reabierta una investigación sobre la financiación de los estudios de Keiko y sus tres hermanos en universidades norteamericanas, por la Primera Fiscalía Anticorrupción. Entre los documentos está la declaración judicial de 2001, de Vladimiro Montesinos, ex jefe de inteligencia del gobierno de Fujimori y  ex asesor presidencial detenido en prisión por tráfico de armas. En ésta declaracion certificó haber enviado de 1992 a 2000, mensualmente y en efectivo, sumas superiores a los 200 mil dólares al Palacio de Gobierno. Declaró también que los gastos por los estudios de los hijos del presidente provenían de esos fondos.

“Hemos cumplido con nuestro deber, la audiencia ha terminado”, clausuró el presidente de la Sala, Cesar San Martín, refiriéndose a las actividades que desarrolló la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia.