Piden en Argentina investigar crímenes del franquismo

Grupos de derechos humanos argentinos pidieron el miércoles a la justicia la investigación de crímenes perpetrados durante la Guerra Civil española por tropas del general Francisco Franco y en la dictadura posterior que encabezó, ante las trabas con las que se ha topado el juez Baltasar Garzón para hacerlo en España.

Los querellantes pidieron a la justicia federal que abra juicio por cuatro casos concretos de asesinatos cometidos durante la guerra en España (1936-1939), con la esperanza de que éstos sean el puntapié para que muchos más se sumen en los próximos meses.

En la querella se invoca el principio de justicia universal, por el cual los delitos de genocidio y de lesa humanidad no prescriben y son perseguidos por tribunales de cualquier país, explicaron abogados a la AP.

Los casos puntuales que se presentaron son los fusilamientos durante la guerra de los españoles Severino Rivas, Elías García Holgado y Luis García Holgado, y del argentino Vicente García Holgado, nacido en Buenos Aires y radicado en España a temprana edad.

Los querellantes, residentes en Argentina, son Darío Rivas, hijo de la primera víctima, e Inés García Holgado, sobrina nieta de Luis y Elías García Holgado y sobrina de Vicente García Holgado.

En la presentación judicial se pidió, además, la investigación de los miles de asesinatos y desapariciones ocurridos en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936, un día antes del alzamiento militar encabezado por el Franco contra el entonces gobierno republicano, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas del periodo de transición, que comenzó con la muerte del dictador en 1975.

Los organismos de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Liga Argentina por los Derechos de Hombre y el Centro de Estudios Legales y Sociales son algunos de los organismos de derechos humanos que se presentaron como parte querellante, brindando así su apoyo a Garzón.

El magistrado investigó violaciones a los derechos humanos ocurridos en la última dictadura militar argentina (1976-1983) y procesó a varios implicados en la represión, lo que le ganó la admiración de los familiares de las víctimas.

También se unió a la presentación judicial la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Máximo Castex, uno de los abogados de la causa, dijo a la AP que al alegar que dichos delitos son ejemplos de genocidio o, en el menor de los casos, de crímenes de lesa humanidad, es muy probable que "comiencen a sumarse automáticamente" otras querellas de argentinos con familiares asesinados en España y de españoles que viajarán desde su país para reclamar justicia.

El pedido de los querellantes recayó en el Juzgado Federal número 1 de Buenos Aires a cargo de la magistrada María Servini de Cubría, que deberá pedir el pronunciamiento de un fiscal sobre el asunto, para después tomar una decisión sobre si la querella es admisible o no.

En caso de considerarla viable, sería la primera vez que un juez federal argentino decide aplicar el principio de jurisdicción internacional para delitos cometidos en el exterior.

La Constitución argentina recoge el principio de justicia universal, alegan los abogados de los querellantes.

Piluca Hernandez, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, opinó que Argentina "va a encontrar un obstáculo díficil de superar" si el país europeo justifica que todavía hay investigaciones abiertas en territorio español sobre los crímenes del franquismo.

Garzón será juzgado en España por excederse presuntamente en sus competencias al abrir la investigación sobre esos hechos. La Fiscalía asegura que los delitos mencionados por el juez prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía de 1977.

El juez, quien ha recibido el apoyo de organizaciones de izquierda, tuvo que dejar la investigación en manos de tribunales regionales, que, según Castex, "en los hechos" no han avanzado en el asunto, lo que habilita a la justicia argentina a tomar la iniciativa.

Mientras que Garzón limitó el alcance de su investigación a crímenes contra la humanidad cometidos entre 1936 y 1952, la querella argentina alega que la dictadura de Franco también cometió genocidio ya que buscaba la total destrucción de grupos sociales opositores en un plan sistemático que se desarrolló a lo largo de todo el régimen.
 
AP.