¡A congresazos!

"POR LA CONDENA". La frase, como la cuchilla de una guillotina, resonó el viernes pasado 39 veces en el Senado de Paraguay. La suerte del presidente Fernando Lugo estaba echada. Su sentencia no tardó en caer: "Declaramos culpable al jefe de Estado y, por lo tanto, queda separado de su cargo". Una frase corta, casi tanto como el sumarísimo juicio político que enfrentó Lugo a manos de un Parlamento dominado totalmente por la oposición.

El presidente estaba en la cuerda floja desde la semana pasada, después de que un enfrentamiento entre la Policía y campesinos sin tierra se saldó con la muerte de seis agentes y 11 civiles. Sus adversarios políticos no dejaron escapar la ocasión y le montaron un proceso exprés, que en menos de 24 horas concluyó con la destitución presidencial.

A las afueras del Congreso, miles de personas esperaban con ansias el resultado. Con pancartas que rechazaban "el robo a la democracia" parecían dispuestos a todo. Los vigilaban 60 pelotones antimotines y francotiradores. A Asunción también habían llegado cancilleres de Unasur a respaldar a Lugo. Ya se hablaba abiertamente de "un golpe de Estado parlamentario". Todos los elementos estaban para que Paraguay estallara.

Pero, en un gesto que sorprendió, Lugo aceptó la sentencia. En un discurso pronunciado con tranquilidad pasmosa y hasta una sonrisa en los labios, dejó claro que "la democracia paraguaya ha sido herida profundamente", y que se sometía a la decisión. Añadió que "hago un llamado a que cualquier manifestación sea pacífica" Y "esta noche, salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón de mis compatriotas". Minutos después, el Ejército garantizó el respeto al "ordenamiento constitucional y democrático vigente" y el vicepresidente Federico Franco juró como nuevo mandatario, cargo que ocupará hasta las elecciones de 2013.

El proceso, en el que no tuvo más de dos horas para defenderse, no deja de ser para muchos un ataque a las instituciones y a la constitucionalidad. Según esa posición, el primer presidente de izquierda de Paraguay fue víctima de los sectores conservadores, los políticos tradicionales y los terratenientes, encabezados por el viejo Partido Colorado, que ha monopolizado el poder desde el siglo XIX.

Eso daba para pensar que la situación iba a ser similar a la que se presentó en 2009 en Honduras, cuando el presidente Manuel Zelaya rechazó por meses su destitución y la comunidad internacional aisló al país. Pero la actitud de Lugo les quitó piso a los presidentes que, como Rafael Correa y Dilma Rousseff, ya anunciaban sanciones contra Paraguay. Como le dijo a SEMANA Fabián Calle, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, "Ecuador y Brasil dijeron que no iban a reconocer al nuevo presidente, pero no tiene sentido hablar de golpe de Estado si votaron por la destitución 39 de los 43 senadores electos democráticamente. Y sería raro que los vecinos resultaran más papistas que el perjudicado".

Así concluyó la peor semana de la vida de Fernando Lugo, que empezó el viernes 15 en un paraje selvático cerca de la pequeña ciudad de Curuguaty. Ahí, 100 familias de campesinos sin tierra ocupaban desde un mes antes una hacienda de Blas N. Riquelme, exsenador colorado y terrateniente. El conflicto se complicó hasta que ese día varios escuadrones de la Policía se internaron en el descampado. "De aquí solo salimos muertos", les advirtieron. Y así fue.

Aunque lo que pasó es aún confuso, en un video se oyó que los uniformados fueron atacados con fusiles automáticos. En medio del caos, los policías desenfundaron sus armas y los tiros retumbaron en la pampa. En los pastizales yacían 17 muertos -11 campesinos y seis agentes- y 80 heridos.

¿Qué pasó en Curuguaty? Hay versiones según las cuales entre los campesinos había guerrilleros del pequeño Ejército del Pueblo Paraguayo. Para otros, como la dirigente Lidia Ruiz, del movimiento Vía Campesina, "estos muertos de la clase trabajadora son consecuencia del modelo de despojo". Lo cierto es que la masacre rápidamente mutó en una crisis política que primero cobró la cabeza del ministro del Interior, el liberal Carlos Filizzola, y el comandante de la Policía Paulino Rojas.

Y ahí ya todo se salió de las manos de Lugo. Y es que su poder era frágil desde que fue elegido en 2008. Llegó a la Presidencia de la mano de una coalición de izquierda con pocos congresistas. La clave de su victoria fue el apoyo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) que sí tenía maquinaria, votos y parlamentarios. A cambio, Lugo les dio ministerios y la Vicepresidencia a Federico Franco. Pero la relación nunca funcionó y Franco se volvió una voz de la oposición en el gobierno.

De ese modo, al caer el ministro liberal, Lugo se quedó sin apoyo alguno y el Parlamento aprovechó la tragedia para tramitar el juicio político contra Lugo. Un artículo de la Constitución permite que el Senado destituya al presidente "por mal desempeño de sus funciones, delitos cometidos en el ejercicio de su cargos o delitos comunes". La Carta de 1992 le da enormes poderes al Congreso, pues fue redactada bajo la sombra de la recién caída dictadura de Alfredo Stroessner. En ese entonces una de las principales preocupaciones era controlar el Ejecutivo y atajar cualquier tentación autoritaria.

La otra cara del destino de Lugo es el viejo problema de la tierra en Paraguay. Según el Censo Agropecuario, el 1 por ciento de los propietarios tienen 77 por ciento de la tierra y el 40 por ciento de campesinos más pobres solo poseen el 1 por ciento. Bajo el régimen de Stroessner, las tierras fueron repartidas entre los amigotes y apoyos políticos de la dictadura. Según la Comisión de Verdad y Justicia, entregó 19 por ciento del territorio nacional y el 64 por ciento de estos regalos ya tenían dueño. Con la llegada de la democracia, el conflicto se volvió inevitable. Y el aumento de los precios de los productos agrícolas en los últimos años terminó de estimular la codicia.

La masacre reveló la posición ambivalente de Lugo. Mientras proclamaba luchar por los desposeídos, los movimientos campesinos, que hacían parte de su base, lo acusaron de represor, de favorecer a los terratenientes y de no cumplir sus promesas de reforma agraria. La oposición y los grandes propietarios dijeron que fue laxo con las ocupaciones de tierras, dejó que el problema profundizara y las tensiones se agravaran.

Por eso, como dijo Calle, "a Lugo le quedaban diez meses de gobierno, no tenía reelección, le encontraron varios hijos, no tenía mucho sentido que se aferrara al poder. Lo mejor que le puede pasar es irse como una víctima de la derecha y un ícono del progresismo". n