Absoluto Chávez

Una vez más el presidente Hugo Chávez se salió con la suya. Con los poderes especiales, o la denominada ‘ley habilitante’, que le otorgó la Asamblea Nacional para gobernar con decretos por un año, su afán para imponer el referéndum sindical el 3 de diciembre y su ‘dedazo’ para designar a los miembros parlamentarios del Comité de Postulaciones, y por extensión a los que dirigirán el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, se cierra el ciclo del poder absoluto que tendrá el mandatario para dominar el país bajo una fachada democrática.

Con la votación mayoritaria de su partido, el MVR, y el MAS en el Parlamento, el presidente obtuvo la semana pasada un cheque en blanco para dictar 38 leyes en las seis áreas más importantes: financiera y monetaria, económica y social, infraestructura, transporte y servicios, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, organización y funcionamiento del Estado venezolano.

Pero el interrogante es qué rumbo tomará el país con el desconocido paquete de leyes que promulgará el mandatario. La inquietud nace de sus expresiones: a los empresarios les ha dicho “oligarcas temblad” y “les llegó la hora” en referencia a la expropiación de tierras. Y a los sindicatos los ha tratado de “bandidos” para imponer el referéndum sindical y crear una central obrera única gubernamental. Sus seguidores, como los diputados Alejandro Armas, del MVR, y Carlos Tablante, del MAS, creen que Chávez “no va a excederse” con los poderes especiales y “comenzará a gobernar para sacar al país de la crisis”.

Para la oposición minoritaria, que se abstuvo de habilitar a Chávez, significa “constituir un monarca, un nuevo tiranuelo. No se justifica la existencia de este Parlamento, ¿por qué no lo cerramos?”, dice el diputado Ezequiel Vivas Terán, de Proyecto Venezuela. Alejandro Arzola, de Convergencia, añade: “Le aprobaron el poder absoluto porque todo lo decide Chávez”. Leopoldo Martínez, de Primero Justicia, lamenta que no haya habido debate por lo menos para saber el contenido de las leyes y Liliana Hernández, de Bravo Pueblo, dice que es “un paquete llave en mano”.

Pero el temor de los economistas adversarios es que el paquete de leyes sea una vuelta al pasado, como el populismo y la intervención estatal en los asuntos económicos y sociales que tanto daño hicieron al país, dijo a SEMANA el especialista Orlando Ochoa, para quien vienen “controles cambiarios, regulación de precios y tasas de interés y subvenciones agrícolas”. Por su lado Emeterio Gómez pronostica un nuevo fracaso de Chávez: “Dentro de seis meses o un año el presidente se dará cuenta de que no puede continuar con su populismo retórico y tendrá que abrirse a una economía de mercado, que es la única que genera empleo y prosperidad”.

No contento aún con el mandato obtenido para legislar por decreto sin ningún control Chávez intenta echar mano al sector sindical y al resto de las instituciones públicas para que su poder sobre el país sea total y absoluto. Todo ello se encierra en su expresión “necesito 10 años para poner linda a Venezuela”.

Pese a las denuncias de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Regional Interamericana del Trabajo de que el gobierno viola la libertad sindical, el derecho privado, las convenciones internacionales y la Constitución con la convocatoria del referéndum sindical del 3 diciembre el mandatario pasa de largo las advertencias e incluso decide las preguntas que tendrá la consulta popular.

“Su objetivo es eliminar la Confederación de Trabajadores de Venezuela y sustituirla por una central obrera única oficialista sumisa para que los sindicatos no protesten ni le hagan huelgas”, dijo a SEMANA Federico Ramírez León, presidente de la CTV.

En las próximas semanas también serán designados los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo y Chávez, igual, está metiendo sus manos en el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional para que los nombrados sean incondicionales con su régimen. “Es que todavía estamos en transición”, dice el mandatario para justificar su intervención.

“Es su mentalidad totalitaria”, sostiene el diputado Alejandro Arzola al señalar que el presidente no respeta el diálogo ni acepta disidencias, “siempre tiene la última palabra. Ha dividido a la sociedad y como ya no tiene poder de convocatoria entonces se impone con su poder absoluto para que nadie se atreva a contradecirlo”.

Otros analistas observan que su objetivo de controlar también las instituciones públicas ciudadanas es para que las denuncias sobre corrupción no entorpezcan su proyecto y pueda mandar cómodamente sin mayores problemas durante los próximos 12 años.